Las casas encuestadoras se han convertido en una autoridad electoral de facto. Los reportes anticipados respecto a la intención de voto de la población han terminado por convertirse en veredictos categóricos. Desde luego carecen de cualquier validez formal, pero en la práctica operan como profecías autocumplidas, pues revelan a la población la manera en que va a decidir. La divulgación de lo que piensa una muestra, convertida luego en propaganda, sin duda influye en la determinación final de muchos otros votantes.

Bajo cierta lógica, si una o varias encuestas profesionales son capaces de “auscultar” con relativa exactitud las preferencias políticas de los ciudadanos, en teoría eso nos ahorraría la enorme tarea de organizar comicios exhaustivos y onerosos. Suena extraño, pero ese es el método que sigue Morena para elegir a sus candidatos. No es el voto de los militantes o la decisión de los representantes de los militantes, sino el reporte de las encuestadoras a partir de una muestra. Considerando que Morena es el partido favorito en muchas regiones, gobernadores y alcaldes de bastantes lugares habrán salido del dictamen de empresas particulares dedicadas a la tarea de escoger a los pocos miles de ciudadanos que nos representarían a todos. En el caso de la elección de la candidata presidencial, fueron las empresas Buendía, Demotecnia, Mercaei y Heliga.

En ese sentido, las encuestadoras operan como una especie de notario público que da fe de la manera en que piensa un determinado universo. “La muestra que yo tomo y la información que recabo de cada persona elegida refleja puntualmente el parecer de toda la población”; de la misma manera que hay que asumir que una copia certificada por un notario tiene la misma validez que el original porque así lo asegura el señor notario. El problema es que nadie está certificando a las encuestadoras.

Hoy la mayoría de ellas otorga una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, pero una afirma que se encuentran en un virtual empate técnico e incluso existe otra que asegura que la candidata de la oposición ya va adelante. Encuestas según las cuales la brecha se va cerrando y encuestas convencidas de que la brecha se sigue ampliando. Uno y otro candidato enarbolan los resultados como si fueran una fotografía fidedigna de la realidad. Hablan de ellas como si se tratase de la autoridad electoral, pruebas legítimas de la manera en que habrán de concluir las elecciones.

No es extraño que se hayan convertido en un espléndido negocio. En un momento dado el presupuesto orientado a estas empresas es asumido como un gasto más de campaña. El propósito no es saber cómo van (para eso les bastaría con consultar la de los diarios que lo publican gratis), sino encontrar la empresa que les garantice un resultado que les convenga para convertirlo en propaganda política. Las encuestadoras operan además conscientes de su absoluta impunidad. No habrá sanciones ni quejas en la Profeco y dan de suyo que el recuerdo de los ciudadanos sobre sus yerros se extinguirá antes de la siguiente elección. A los candidatos no les interesa mencionar marcas cuando enarbolan los datos que les convienen, simplemente lo atribuyen a un genérico “las encuestas me favorecen”, así sea la de una empresa que se equivocó ostensiblemente respecto a la elección anterior. Las encuestas políticas han terminado por convertirse en un ramo más de la propaganda política y una fuente de negocio para proveedores que, como los fabricantes de camisetas y banderines o los dueños de espectaculares, hacen su verano en cada elección.

Cabría preguntarse si deberíamos tomar la lección y hacer algo al respecto para próximos comicios o dejarlo correr como un ruido más de las muchas incongruencias de las campañas electorales. El INE está autorizado a hacer muy poco. Simplemente exige la información de la metodología y datos de patrocinadores y los publica en un reporte abierto en línea.

Una posibilidad es que el Inegi realice una encuesta organizada de manera transparente bajo la supervisión de expertos, que sirva como referente para el resto de las empresas. Aquella que se separase demasiado tendría que ser vista con suspicacia. El problema es que, pese al carácter autónomo de este organismo, sus resultados podrían politizarse inevitablemente.

Otra opción es que el INE, la autoridad electoral, hiciera una valoración de la actuación de las encuestadoras respecto a los resultados de la elección. A manera de las estrellas con que se califica a hoteles o restaurantes, las empresas serían clasificadas de acuerdo con sus resultados “profesionales”. Eso permitiría, al menos, que en la siguiente campaña medios y candidatos tuvieran que abordar la legitimidad de cada empresa al dar a conocer sus resultados. Hoy los candidatos simplemente descalifican las encuestas que los desfavorecen con un vago adjetivo: “están vendidas”. Así lo hizo Marcelo Ebrard y ahora Xóchitl con respecto a la mayoría de ellas, que les han sido adversas. Por su parte, el cuarto de guerra de Sheinbaum afirma que las presumidas por Xóchitl son “patito” o de plano panistas. Si al menos fueran calificadas por el INE en categorías como confiables, aceptables y dudosas, la opinión pública sabría a qué atenerse. La calificación misma sería un freno a la subjetividad, mala leche o desparpajo con el que hoy operan algunas empresas.

Las encuestas son un útil instrumento en una sociedad democrática, entre otras razones, porque al divulgar las preferencias de la población inhiben la tentación de los poderosos para inventarse resultados arbitrarios o, al menos, hacen evidente el fraude. Pero como la dinamita, las redes sociales o un simple tenedor, mal utilizadas resultan perjudiciales. Primero, porque al presumir una tendencia que no existe, las encuestas por encargo le sirven a un candidato como argumento para conseguir financiamientos y apoyos que permitan convertir en realidad lo que ha sido un invento. Segundo, porque generan una expectativa falsa que, al no cumplirse, arroja dudas sobre la legitimidad misma de los comicios de un país.

Hoy veo, con preocupación, que existen analistas y opinadores que prefieren tomar como buena la encuesta de Massive Caller, realizada por un robot que produce llamadas telefónicas, con tal de generar la esperanza de un triunfo de Xóchitl, a pesar de que difiera por 30 puntos de las encuestas levantadas y publicadas en sus propios diarios, a los que nadie acusaría de tener un sesgo lopezobradorista. La irresponsabilidad está a la vista: si convencen a sus auditorios y lectores, y luego resulta que Sheinbaum gana por más de 20 puntos, como señala la mayoría de las encuestadoras, habrá votantes confundidos y convencidos de que hubo un fraude.

En suma, el tema de las encuestas es cosa seria, va más allá de un efecto colateral o secundario. De su desempeño también depende la credibilidad de una sociedad en los procesos electorales. Habrá que hacer un corte de caja al final de estas elecciones y reflexionar sobre el futuro de las encuestas y los comicios, y evitarnos el riesgo de un desaguisado mayor.