La Mesa de Judicialización perdió impulso con la salida de Julio Scherer del gobierno en 2021, pero lo que quedó fue un mapa de colusión de funcionarios, tráfico de influencias y uso indebido de facultades.
Raymundo Riva Palacio El Financiero
Dia de publicación: 2024-04-16
Lo más delicado y grave de la investigación de la Suprema Corte de Justicia sobre el exministro Arturo Zaldívar, sus operadores políticos y el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, se encuentra en un breve párrafo en la página cinco del documento, que si la pesquisa llegara al fondo de lo que toca por encima, se podría configurar un caso extraordinario de corrupción institucional desde los más altos niveles del Estado mexicano. Contenido en las imputaciones contra Carlos Alpízar, brazo derecho de Zaldívar y ex secretario general del Consejo de la Judicatura, dice: “Organizaba reuniones entre juzgadores y autoridades del Ejecutivo (Sedena o Gobernación), especialmente en materia mercantil y penal, con el propósito de socavar la independencia de los juzgadores bajo el argumento de ‘sensibilizar’”.
A lo que se refiere es a la Mesa de Judicialización, un invento de Scherer, que atendía los casos de interés político del presidente Andrés Manuel López Obrador. El método empleado era la fabricación de casos con información cierta o falsa de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia, que se entregaba a la Fiscalía General de la República para abrir las carpetas de investigación. Luego, el papel de Zaldívar era el de instrumentar esos casos en el Poder Judicial para encontrar culpables. Zaldívar era el último brazo de López Obrador para atacar a sus enemigos y alcanzar sus objetivos.
La Mesa de Judicialización, coordinada por Scherer, se reunía en Palacio Nacional y la integraban representantes de los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública (en ese entonces Alfonso Durazo), del fiscal general, del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (que era Santiago Nieto) y del Centro Nacional de Inteligencia. Zaldívar estaba representado por Alpízar, que invitaba a jueces y magistrados a su rancho cerca de Toluca, donde organizaba reuniones y comidas con espectáculos para transmitirles instrucciones. Alpízar niega que esas fiestas sirvieran para tales propósitos.
Los temas en esa mesa, algunos de los cuales vienen referidos vagamente en la investigación de la Suprema Corte de Justicia sobre Zaldívar, fueron:
1.- Emilio Lozoya. Scherer primero y luego el fiscal Alejandro Gertz Manero negociaron con él para que, a cambio de su libertad, implicara a priistas y panistas en el caso de la corrupción de Odebrecht (que se ha venido cayendo a pedazos), la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, de Alonso Ancira, para obligarlo a venderla a un empresario muy cercano de Scherer, que había financiado campañas de López Obrador, que tampoco resultó como deseaban, y el caso Fertinal, que querían quitárselo a Ricardo Salinas, sin tener éxito tampoco.
2.- Ayotzinapa. En la mesa se acordó culpar a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y meter a la cárcel al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusándolo de encubrimiento de un crimen de Estado. Hasta hoy, que se encuentra bajo proceso en su casa, el gobierno no ha podido sostener su teoría ni tampoco sus investigaciones han avanzado más allá de donde las dejó Murillo Karam. La idea de meter a militares en la cárcel por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue un tema de la mesa, pero la investigación entró en una contradicción por la lucha entre civiles y militares, que aún prevalece.
3.- Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública fue utilizado por el Presidente como instrumento para golpear al expresidente Felipe Calderón. García Luna fue detenido en Dallas y encontrado culpable por un jurado en Nueva York de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, pero hasta su captura en Estados Unidos no había ninguna investigación en México. Las que se construyeron posteriormente a su detención se han ido cayendo.
4.- Luis Cárdenas Palomino. El coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, bajo el mando de García Luna, fue detenido por su probable responsabilidad en la tortura de varios miembros de una banda de secuestradores a la que perteneció la francesa Florence Cassez. Posteriormente fue acusado de estar implicado en la operación Rápido y Furioso. Un juez lo liberó por este caso, pero sigue en la cárcel por el de la tortura.
5.- Rosario Robles. Por razones personales más que políticas, López Obrador quiso que la encarcelaran, acusada por los delitos del ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de emisión en el caso llamado la estafa maestra, por lo que estuvo tres años en prisión a partir de un fallo de un juez vinculado a la parte instrumental de la Mesa de Judicialización, sobre la base de una prueba, una licencia de conducir apócrifa. Todavía enfrenta una acusación por delincuencia organizada.
6.- Caja Libertad. Este caso tiene que ver con Juan Collado, contra quien había un viejo agravio del Presidente –fue quien facilitó la difusión de los videoescándalos en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México–, y detenido por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y más adelante por posible fraude y defraudación fiscal. Collado denunció a Scherer de ofrecerle salir de la cárcel si vendía Caja Libertad, con la que no se pudo quedar el exconsejero jurídico.
7.- Infonavit. La Fiscalía General retomó el caso de un acuerdo reparatorio en el Infonavit por la celebración de contratos firmados por funcionarios del Infonavit y una empresa particular por presuntas conductas ilícitas. Durante el proceso se dieron denuncias de extorsiones para obligar a pagar sumas multimillonarias, y hasta hoy nadie de los implicados está en la cárcel.
La Mesa de Judicialización perdió impulso con la salida de Scherer del gobierno en 2021, pero lo que quedó fue un mapa de colusión de funcionarios, tráfico de influencias, uso indebido de facultades, violaciones al debido proceso y a los principios en ley que rigen. Fue un mecanismo de corrupción institucional que, si México fuera un país de leyes, varios secretarios de Estado y funcionarios de alto rango irían a la cárcel. La investigación de la Corte no parece que tocará el núcleo de esta maquinaria ilegal y, en todo caso, llegará sólo a jueces y magistrados, el hilo más delgado de esta madeja.
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