Hermosillo, Sonora (DP).- Durante la marcha del 5 de junio una protesta pasó desapercibida para la mayoría de los medios de comunicación y es que familiares de las 49 víctimas de la tragedia de la Guardería ABC, aún exigen justicia e implican a Abel Murrieta, Eduardo Bours y Felipe Calderón.

Desde hace 9 años, los otros ABC, por las iniciales como los familiares de los niños que perdieron la vida en el incendio de la estancia infantil los reconocen, no fueron señalados por las autoridades ministeriales tanto de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, la Procuraduría General de la República ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El exprocurador de Justicia y hoy diputado federal, el exgobernador de Sonora y el expresidente de México, así como los exdirectores del Instituto Mexicano del Seguros Social, son los exfuncionarios con más alto rango que son invocados en cada una de las marchas que realizan las familias de los 49 niñas y niños que fallecieron a consecuencia del trágico evento del 5 de junio del 2009.

Sobre la influencia presidencial de Calderón, refieren la cercanía de Margarita Zavala con las dueñas de la Guardería ABC, que incluso fueron exoneradas de todo cargo por los lamentables eventos de ese fatídico “Viernes Negro”.

El 5 de abril, DOSSIER POLÍTICO consignó que “el apellido Bours sigue doliendo y ofende todavía a casi 9 años de la tragedia de la Guardería ABC, por lo que la asignación de la suplencia en la fórmula al Senado de la República por Morena otorgada a Arturo Bours Grifitth, no contará con mi voto”, aseveró Julio César Márquez Ortiz.

Márquez Ortiz expresó a DOSSIER POLÍTICO que antes de la noticia de que el empresario Bours Grifitth, había reflexionado sobre el apoyo electoral a la familia de Morena Sonora; sin embargo, “hoy no tendrán mi voto”.

El padre del niño “Yeyé” apuntó además en sus redes sociales que “hasta ayer tenía muy claro por quién sí y no votaría en las Federales, ya no; es el único caso donde el apellido me importa”.

Recientemente, Morena anunció que Arturo Bours Grifitth será suplente del candidato al Senado de la República, Alfonso Durazo Montaño.

Si Andrés Manuel López Obrador logra la Presidencia de la República, Durazo Montaño será titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, por lo tanto Bours Griffith ocuparía este puesto en el Senado.

Trascendió que Bours Griffith forma parte de los Consejos Directivos de las empresas del Grupo Bours como  Megacable, Bachoco y Ford Autos y Accesorios.

Sobre este caso, Lilly Téllez aseguró que este empresario es un Bours bueno mientras que el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, es el Bours malo, luego de la tragedia de la Guardería ABC registrada el pasado 5 de junio del 2009, donde 49 niñas y niños perdieron la vida.

Los padres en duelo exponen que el día 17 de abril del 2013, los integrantes del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, “presentamos ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal en la que se aportaron nuevos elementos de prueba que apuntaban en el sentido de que el incendio en el que fallecieron nuestros hijos habría sido intencionalmente provocado”.

Lo anterior, refieren, con el propósito de destruir documentación que eventualmente demostraría malos manejos en la administración pública del Gobierno del Estado durante el mandato del ex gobernador Eduardo Bours Castelo.

Señalan que con el transcurso del tiempo esa hipótesis se ha venido corroborando y robusteciendo a través de diversas pruebas que ya están dentro de la indagatoria que al respecto inició la PGR y de las cuales se desprende de una manera fehaciente e indubitable que el incendio de la bodega que estaba al servicio de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado.

Más aún que “cuya propagación al área de la Guardería ABC produjo la muerte y lesiones de nuestros hijos, fue gestado y ordenado desde la oficina de la Secretaría Técnica del Ejecutivo, de la que era titular en aquel entonces el de nombre Juan Carlos Lam Félix, que la acción directa de prender fuego al archivo que estaba ya concentrado en dicha bodega fue encomendada y llevada a cabo por su escolta personal de nombre Carlos Andrés López Meza quien a su vez para realizar tal acción se apoyó en un grupo de personas que estaban a su servicio dentro de la dependencia antes mencionada”.

Además, “que alteraron la escena del crimen, substrajeron de manera totalmente ilegal documentos que no se alcanzaron a quemar por completo, desaparecieron indicios y vestigios y aunque también en un principio las autoridades estatales contaron con la complicidad de las autoridades de la PGR, de aquel entonces”.

Los padres en luto aseveran que ahora se cuenta con elementos de prueba para demostrar claramente que las actuaciones iniciales de mayor relevancia carecen de veracidad, toda vez que fueron distorsionadas con la evidente intención de esconder la realidad de los hechos.

Es decir, “encubrir que el incendio se fraguó desde las altas esferas del poder político del Gobierno del Estado de Sonora, siendo esta la razón por la que en forma reiterada hemos sostenido que la muerte de sus hijos fue un “crimen de Estado” aun y cuando los directamente involucrados lo llamen "daño colateral”.

Precisan que para ellos “la vida de nuestros hijos no fue colateral, sino esencial como la existencia misma y lo mismo creemos que Usted señor Presidente piensa respecto de la vida de sus propios hijos, por ello nuevamente le pedimos que se haga justicia y todos los involucrados sean puestos a disposición de la autoridad judicial para que sean juzgados por la gravedad de sus acciones, puesto que existió una asociación delictuosa entre todos los actores intelectuales, materiales y por omisión para tergiversar la verdad y obstruir la procuración de justicia”.

Y fundamentan lo anterior con el caso del ex director general del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien haciendo uso de tráfico de influencias ordenó al ex Delegado del IMSS en Sonora, Arturo César Leyva Lizárraga, que firmara un nuevo contrato de subrogación del servicio de Guardería a la Guardería ABC, S.C., a pesar de que esta empresa no había cumplido con los requerimientos que en materia de seguridad se le había formulado con anterioridad.