El desafío a vencer, pensiones y jubilaciones acordes con la realidad social actual (I)





Profa. Martha Elva González/


Dia de publicación: 2019-05-13


Es innegable el derecho que cada trabajador tiene de poder gozar de la seguridad social durante su actividad laboral, de igual manera es importante que cubiertos los requisitos para solicitar su retiro, dicha seguridad se extienda hasta esta etapa de su vida, sobre todo por los años entregados a la prestación de servicios y su contribución al desarrollo de la empresa pública o privada en que laboró y a la productividad de la nación. 

En este contexto, la Mtra. Elma del Carmen Trejo García, Investigadora Parlamentaria (Marzo, 2007), realizó un Estudio Jurídico Internacional y de Derecho Comparado sobre las Pensiones, en el que expone una radiografía completa sobre esta y otras situaciones que ocurren en el Mundo en torno a prestaciones de seguridad social en las que México no es la excepción a la regla.

Su valioso estudio confirma las terribles condiciones laborales que prevalecían a principios del siglo XX y la incertidumbre económica a que se enfrentaban los trabajadores una vez que dejaban de serlo, por ello, era común que trabajaran hasta que sus fuerzas se lo permitieran, llegando, incluso a sobrepasar  los setenta años, de forma que solo descansaban y disfrutaban de su familia algunos años antes de morir, durante este escaso tiempo, su calidad de vida no era buena y los recursos para su manutención era un problema recurrente que se presentaba con la mayor parte de las personas que dejaban la labor.

Los diversos sistemas de seguridad social existentes en el mundo “comenzaron en Alemania hacia fines del siglo pasado y se han basado tradicionalmente en los principios de solidaridad y universalidad… 

Ello significa que la afiliación de los trabajadores no es voluntaria sino obligatoria y que el Estado asume un importante papel en la gestión de los mismos, ya que recaba las contribuciones y paga las pensiones y jubilaciones.”

El desarrollo de los sistemas nacionales sobre pensiones ha ido de la mano del desarrollo de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta organización, creada en 1919, con el objetivo de promover la paz declarando que ‘la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social’. En el seno de esta Organización se han celebrado los más importantes acuerdos en materia laboral y específicamente en los derechos de seguridad social que tienen los trabajadores y sus familiares. En 1933, la Conferencia de Estados miembros (órgano legislativo) aprobó el Convenio número 35 relativo al seguro obligatorio de vejez de los asalariados en las empresas industriales y comerciales, en las profesiones liberales, en el trabajo a domicilio y en el servicio doméstico, en el cual “se dispuso que la vejez del trabajador, una vez que quedara inhabilitado para el trabajo se compensación una pensión jubilatoria, estableciéndose desde entonces el derecho a la jubilación”.

En el 1945, se aprobaron el Convenios 36 relativo al seguro obligatorio para los trabajadores agrícolas y el Convenio 48 sobre la conservación de los derechos de pensión de los Migrantes. En 1946, nace el Convenio 71 sobre las pensiones de la gente del mar. Años más tarde se aprobaría el Convenio 102, el cual entró en Vigor en 1955, en el que se establecen las normas mínimas de la seguridad social, las cuales incluían las prestaciones por vejez. 

En 1962 el Convenio 118 sobre la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros en materia de seguridad social. Para 1967 entra en vigor el acuerdo 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, el cual es el instrumento más reciente de la OIT en materia de pensiones y jubilaciones y el Convenio 157 sobre la conservación de las prestaciones de seguridad social, en vigor desde 1986, acerca del establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social. 

México El sistema de pensiones mexicano tiene origen común con el proceso de industrialización que tuvo efectos en el desarrollo, político, económico y social del país. El antecedente más antiguo sobre seguridad social en México, es el “Reglamento general de la gran casa nacional de inválidos establecida en México por el Excmo. Señor General de División, D. Vicente Guerrero, en virtud de su decreto de 21 de septiembre de 1829.”

“En el ámbito legislativo, antes de la Revolución Mexicana, no son muchos los antecedentes que den cuenta de intentos formales y organizados de protección a los trabajadores.”

Los primeros antecedentes de prestaciones de seguridad social, son algunas legislaciones estatales, entre ellas las del Estado de México y Nuevo León (Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, expedida el 30 de abril de 1904 y la Ley sobre Accidentes de Trabajo, del Estado de Nuevo León, expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906) que incluían disposiciones referentes a los deberes de los patrones hacia sus trabajadores en caso de accidente o muerte. “Los programas de pensiones de retiro o sobrevivencia financiados mediante impuestos de nómina fueron propuestos por las administraciones de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles…”

Durante el gobierno de éste último se crea la Ley de Pensiones Civiles de Retiro y la Ley de Pensiones Militares en Retiro. En estas Leyes se contemplaban las pensiones por vejez e inhabilitación y las pensiones para los deudos del trabajador que a causa de sus labores perdía la vida; además se ofrecía la pensión de retiro a los 65 años de edad y después de 15 años de servicio. 

En 1925 se presentó una iniciativa de Ley sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En ella se disponía la creación de un Instituto Nacional de Seguros Sociales. En 1929 el Congreso de la Unión modificó la fracción XXIX del Artículo 123 constitucional para quedar como sigue: "se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos.” 

Posteriormente, en 1935 el Presidente Lázaro Cárdenas envió al poder legislativo un proyecto de Ley del Seguro Social, en el cual se encomendaba la prestación del servicio a un Instituto de Seguros Sociales, “con aportaciones y administración tripartitas, que incorporaría a todos los asalariados, tanto industriales como agrícolas.”

Sin embargo, se consideró que el proyecto requería aún estudios ulteriores. Por encargo del mismo Presidente Cárdenas, se elaboró un nuevo proyecto. “Su principal autor fue el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Licenciado Ignacio García Téllez, con él colaboraron varios especialistas en derecho, medicina y economía, basados en la legislación expedida en otros países hispanoamericanos”

En 1942 nace en México el Seguro Social, con el Presidente Ávila Camacho y con la aprobación del Congreso el 19 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial la Ley del Seguro Social y con ella la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿En qué consiste la seguridad social?

La seguridad social, constituye un “conjunto de normas jurídicas que regulan la protección de las denominadas contingencias sociales, como la salud, la vejez, la desocupación, entre otras”, que a su vez son regímenes  y normas adoptadas por el estado que tienen como objetivo mantener el nivel de vida de la población, asistiendo a los necesitados, mediante prestaciones de dinero y servicios, cuando son afectados por contingencias consideradas socialmente protegibles”.

En México la “seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.

Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

De acuerdo con este documento de la OIT (1952), la seguridad social comprende: • Asistencia médica • Prestaciones monetarias de enfermedad • Prestaciones de desempleo • Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional • Prestaciones familiares • Prestaciones de maternidad • Prestaciones de invalidez • Prestaciones de sobrevivientes • Prestaciones por vejez.

Ahora bien, con el propósito de comprender en su justa dimensión el pensión, se advierte que proviene del latín pensio – onis, que significa pago, específicamente se refiere a la cantidad de dinero que “recibe una persona periódicamente por cumplir con ciertos requisitos como jubilación, invalidez, orfandad, viudedad, o alimentación, entre otras,” generalmente se utiliza para indicar la forma en que se recibe la renta por la jubilación o el retiro de un trabajador. Las pensiones son pagos mensuales que provienen de un fondo de pensiones o de una partida especial del presupuesto público; los fondos de pensiones, a su vez, pueden ser públicos o privados, existiendo a veces alguna combinación entre ambas modalidades.”

En tanto, que la expresión jubilación procede de “júbilo o celebración y se refiere, en seguridad social, a retirar a una persona del trabajo por haber cumplido la edad estipulada por ley o por enfermedad, asignándole una pensión vitalicia.” 

Es importante mencionar, que ninguno de los conceptos antes referidos se encuentran la definición de su naturaleza jurídica en las leyes, sin embargo, ambos criterios son aceptados como el derecho que tienen los trabajadores a obtener una compensación económica lo largo de su vida, luego de finalizar su actividad laboral.

En este tenor, la  OIT la encargada de velar por los derechos de los trabajadores, ha inscrito en su marco los dos principales acuerdos vigentes, relativos al derecho de jubilación: 

Se destaca que dentro del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo se establecen normas mínimas a las que el Estado y particulares se obligan, entre ellas: 

• Asistencia médica 
• Prestaciones monetarias de enfermedad 
• Prestaciones de desempleo 
• Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional 
• Prestaciones familiares 
• Prestaciones de maternidad 
• Prestaciones de invalidez 
• Prestaciones de sobrevivientes 
• Prestaciones por vejez, cuyas disposiciones se encuentran contenidas en los artículos 25 al 30, haciendo especial énfasis en los artículos 28 y 29.


Artículo 28.- La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la forma siguiente: 

a) Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones del Artículo 65 o con las del Artículo 66.

b) Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del Artículo 67.


Artículo 29.- La prestación mencionada en el Artículo 28 deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos: 

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación que podrá consistir en treinta años de cotización o de empleo, o en veinte años de residencia; 

b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se hayan pagado, durante el período activo de su vida, cotizaciones cuyo promedio anual alcance una cifra prescrita.

Partes del Convenio 

Parte I. Disposiciones Generales 
Parte II Asistencia Médica 
Parte III Prestaciones Monetarias de Enfermedad 
Parte IV Prestaciones de Desempleo 
Parte V Prestaciones de Vejez 
Parte VI Prestaciones en Caso de Accidente del Trabajo y de Enfermedad Profesional 
Parte VII Prestaciones Familiares 
Parte VIII Prestaciones de Maternidad 
Parte IX Prestaciones de Invalidez 
Parte X Prestaciones de Sobrevivientes 
Parte XII Igualdad de Trato a Residentes no Nacionales Parte V Prestaciones de Vejez.

Convenio 128 de la Organización Internacional del Trabajo 

“Artículo 2.-  Todo Miembro para el cual esté en vigor este Convenio deberá aplicar: 

a) la parte I; 

b) por lo menos una de las partes II, III y IV; Centro de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Política Exterior.

c) las disposiciones correspondientes de las partes V y VI; y 

d) la parte VII. 

Todo Miembro deberá especificar en su ratificación cuáles son, de las partes II a IV, aquellas respecto de las cuales acepta las obligaciones del Convenio” 
Partes del Convenio: 

Parte II. Prestaciones de Invalidez Parte III. Prestaciones de Vejez Parte IV. Prestaciones de Sobrevivientes Parte V. Cálculo de los Pagos Periódicos Parte VI. Disposiciones Comunes Parte VII. Disposiciones Diversas.

Tratados Internacionales en Materia de Seguridad Social Ratificados por México 

•Convenio Internacional del Trabajo No. 102 relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social 
•Convenio Internacional del Trabajo No. 118 relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social 
•Convenio se Seguridad Social entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España 
•Convenio Complementario al Convenio de Seguridad Social entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España del 25 de Abril de 1994 
•Convenio Sobre Seguridad Social Entre los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.


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