La Ley Pano a debate: tocar la punta del iceberg





Despacho Servicios Jurídicos Especializados/


Dia de publicación: 2017-11-13


Lo que en diversos medios periodísticos se ha dado en llamar “Ley Pano”, que en síntesis comprende una serie de reformas al Código Penal del Estado, para aumentar las penas en varios delitos en atención a una demanda ciudadana, molesta justificadamente por haber sido víctimas de hechos delictivos que han agraviado su seguridad y su patrimonio, más que una propuesta de tipo legislativo entraña una concepción sobre figuras como el delito, el delincuente, el sistema de procuración e impartición de justicia, el sistema carcelario y sobre el sistema mismo de seguridad pública.
 
Y esta concepción, con su tinte político que no puede negársele y el sentido de oportunidad que todo acto político entraña, tiene sus asegunes, es decir sus pro y sus contras, según se mire, todas legítimas y dignas de tomarse en cuenta y de procesarse. 

Es obvio que la Ley Pano, toca por su envergadura solamente la punta del iceberg de una compleja y profunda problemática que ahoga a la sociedad en el caos, la inseguridad y una violencia que parece no tener fin. 

De entrada es de celebrarse tal iniciativa, que aunque limitada ha abierto un enriquecedor debate sobre un tema impostergable y al cual se han sumado instituciones, organizaciones, profesionales del derecho y personas interesadas y conocedoras como es el caso de la Barra de Abogados, el posgrado de Derecho de la UNISON, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, jueces, académicos, periodistas, líderes partidistas y religiosos y representantes de organismos empresariales y de la sociedad civil. 

Cada quien desde su espacio, área de responsabilidad, tribuna y trinchera dichas voces han externado ideas y hasta discrepancias dignas de tomar en cuenta como las de Ariel Córdova, Juez de Oralidad Penal del Distrito 5 en el Primer Foro de Diálogo “Ley Pano”, la presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, lo colaboradores de este portal señores Roberto Fleischer Haro y Dr. Carlos G. Palafox Moyers, quienes tiempo manejando diverso tópicos del tema, Manuel Emilio Hoyos, director de Observatorio Sonora por la Seguridad y especialistas en sociología criminal como el maestro del Colson Antonio de Jesús Barragán Bórquez, investigador de campo sobre la materia, experto en sicariato juvenil sobre el cual publicó en 2015 el artículo “El sicariato juvenil: de la ausencia a la realidad” en la revista Iter Criminis del Inacipe de la PGR, autor del artículo “Sonora no es Tamaulipas”, sobre el impacto de la violencia criminal en esas entidades, el único sonorense citado en el informe de la CNDH sobre delincuencia adolescente y también uno de los contados mexicanos asistentes al Foro Diálogos de Saberes de este año de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) en Lima, Perú, en donde participó con “Inocencia pérdida: apropiación y reproducción cultural de los sicarios menores de edad” dentro del panel “Etnografías del narcotráfico y la violencia en México y Centroamérica”.

A principios de su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que los ciudadanos y sus familias iban a estar en el centro de las políticas de seguridad y según la organización civil Semáforo Delictivo a cómo va la tendencia el 2017 terminará con 24 mil homicidios, con se convertirá en el año más violento de su administración.  Por otro lado datos del INEGI arrojan que entre 2013 y 2016 se acumularon 87,778 defunciones por homicidio, lo cual por si solo resulta alarmante. 

El país legal y el país real

En “La era de la criminalidad”, Federico Campbell, anota algo muy sabido por los litigantes del derecho penal: “Nuestro verdadero derecho penal es el que se da al margen de la ley: por medio de sobornos o influencias. Es el más efectivo. Se trata de un derecho no escrito. Se trata en otras palabras, de nuestro derecho penal consuetudinario más positivo. Es el único que cuenta”
Esta visión, tiene que ver con la advertencia que desde la década de los 80´s del siglo pasado había hecho notar Antoine Jaemmaud, en su artículo “En torno al problema de la efectividad del derecho” (Revista Crítica Jurídica núm. 1, editada por la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Zacatecas) en donde sociedades altamente “juridizadas”, es decir con una presencia masiva de normas e instituciones de naturaleza jurídica, toda esa impresionante normatividad carece a menudo de efectividad, como parece ser el caso de la mexicana, en donde se da el desfasamiento entre la realidad y la norma creada para regularla. 

Límites al poder punitivo del Estado

El Estado como organización política de la sociedad, es en términos simples el ente aquel que Hans Kelsen, identificaba como sinónimo de Derecho, es decir como un conjunto de normas cuya función es regular la vida social.  Otros autores como el poeta Octavio Paz lo identificaba como el Ogro Filantrópico. Para Thomas Hobbes era el Leviatán.  Lenin, el líder de la revolución rusa, lo ubicaba como un aparato clasista de dominación.  Para el sociólogo francés Maurice Duverger, era el poder instituido de una sociedad. Definiciones sobran. 

Penalistas como el juez argentino integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni, autor del libro “Derecho Penal, Parte general”, para quien todo norma es un acto del poder político, han sugerido que el poder punitivo del Estado que se refleja en su capacidad de reprimir ciertas conductas dañinas para el cuerpo social depende para su eficacia de la capacidad de los operadores encargados de aplicarlas, como son los tribunales, fiscales y los órganos policíacos. 

El citado jurista sostiene sobre el poder que se otorga a los juzgadores que “El poder de que disponen los jueces es de contención y a veces de reducción. La función más obvia de los jueces penales y del derecho penal (como planteamiento de las decisiones de éstos), es la contención del poder punitivo. Sin la contención jurídica (judicial), el poder punitivo quedaría librado al puro impulso de las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería el estado de derecho y la república, misma”.

Lo anterior es pertinente señalarlo ante los resultados de la Consulta nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia realizada por la UNAM, Inacipe, CIDE y Conacyt ante la propuesta del exprocurador Raúl cervantes el 15 de febrero de este año ante el Senado y la Cámara de Diputados, en donde la impunidad, la corrupción, las deficiencias operativas, la ausencia de imparcialidad y las violaciones a los derechos humanos tienen a los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia sumidos en la degradación. 

Agenda política, no penal

En primer lugar, el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio, adversarial y oral, aprobado en 2008 y que entró en vigor en el año de 2018, según el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, no formaba parte de la agenda del Poder Judicial de aquel entonces, sino de la agenda de los partidos políticos y fue “vendido” como la panacea para combatir la inseguridad pública y la delincuencia; en segundo lugar, penalistas tan reputados como el doctor Juan Velázquez, han hablado de su fracaso, porque el nuevo sistema desechó el anterior, que aunque defectuoso, tenía sus bondades y había mostrado su funcionalidad, mientras el nuevo tenía como base la existencia de una policía eficiente, la cual según el jurista, no existe en nuestro país, en el que tenemos una de las policías más corruptas de América Latina y un nivel de impunidad del 95%, si no es que más. 

Alfonso Durazo, dirigente del partido Morena en la entidad sostiene que esta llega al 98% de los delitos, pues solo el 5.8% de os delitos denunciados son investigados y menos del 2% de los crímenes son esclarecidos por las autoridades, según datos que retoma publicados en el “Indice de desempeño de las Procuradurías y Fiscalías”, reporte elaborado por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Jurimetría, sobre la efectividad de la procuración de la justicia penal de las 32 entidades federativas. 

La violencia se aprende, ha escrito la socióloga Sara Sefchovich,  en su artículo “La cadena de la violencia” y añade: se puede ser niño o adulto, joven o viejo, hombre o mujer, blanco o negro y ser violento.  El hecho es que cuando alguien actúa de manera violenta y ve que no pasa nada repite las acciones violentas, escribió.  El problema es cómo frenar esa cadena cuando las personas no les dan importancia y no las denuncian y cuando las denuncian las autoridades no las atienden. 

Miguel Carbonell, en su libro “Los juicios orales en México”, dejó escrito un dato relevante: “Una de las críticas que se le han hecho a la reforma tiene que ver con la deficiencia o inexistencia del diagnóstico que la genera”; en tercer lugar el nuevo sistema de procesamiento penal, se han quejado muchos gobernantes desde alcaldes hasta gobernadores, se ha convertido en una puerta giratoria, en donde los delincuentes tardan más en ser atrapados que en salir libres, apegados al catálogo de delitos que según la reforma constitucional de 2008 requieren prisión preventiva, es decir aquella en la que el imputado sigue su proceso en prisión; en cuarto término, algunos especialistas han hecho notar una discordancia entre la reforma penal del 2008 y la reforma sobre derechos humanos del 2011, en la que se llevó a cabo una ampliación de derechos a favor de las personas y se reconocieron principios como la presunción de inocencia y el debido proceso y la aplicación en la materia de lo estipulado en las convenciones y los tratados internacionales; Quinta, el sistema penitenciario, presenta múltiples fallas y según criminólogos como el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, maestro  Martín Barrón, autor del libro “Violencia y seguridad en México en el umbral del siglo XXI”, en su participación en el Primer Foro de Criminología, organizado por la Universidad Vizcaya de las Américas en Guaymas, las prisiones mexicanas no rehabilitan a los delincuentes.  

El autogobierno y la sobrepoblación imperan en algunas prisiones y son un grave cuello de botella tal como se ha visto en centros de reinserción social como  los de Piedras Negras, Nuevo León y el Estado de México. Las dos fugas de Joaquín “Chapo” Guzmán, de los Ceferesos de Puente Grande y La Palma (antes conocida como de Almoloya, diseñada por el criminólogo Juan Pablo de Tavira, autor de “A un paso del infierno. En la prisión la realidad suele superar a la fantasía”), son un ejemplo de que ni las prisiones de máxima seguridad escapan a la crisis que ahoga al sistema penitenciario mexicano, el cual sistemáticamente viola el principio de humanidad al proporcionar condiciones de vida indigna, no garantizar la integridad física de los detenidos ni contribuyen a la reinserción social, afirma Alicia Azzolini Bincaz, en “El sistema penal constitucional. El laberinto de la política criminal del estado mexicano”.

En Sonora el costo anual de manutención de los reos sujetos a prisión preventiva asciende a $303,126,272.37.

El eslabón más débil

Lo cierto es que luego de pasado el término de ocho años desde la aprobación de la reforma al sistema procesal penal y su entrada en vigor en todo el país, la capacitación y depuración de los cuerpos policiacos fue una de las tareas que no se hizo y hoy se tiran la bolita entre las diversas instancias estatales. Lo anterior resulta importante habida cuenta que la policía es la institución de control formal, tal como lo detalla Octavio A. Orellana Wiarco, en su libro “Seguridad Pública. Profesionalización de los policías”. 

La delincuencia al menudeo es la más difícil de controlar porque no está conformada por bandas u organizaciones criminales y a veces se presta a que algunos policías ejerzan control sobre los delincuentes vía el pago de cuotas, amén de que las policías municipales son las más vulnerables ante la actividad criminal o mafiosa.  

Ante la percepción de que las policías se encuentran rebasadas por la delincuencia, la ciudadanía ha reaccionado formando grupos de autodefensa en algunos barrios y colonias, así como al linchamientos de “malandrines” y “pillos” que amenazan su seguridad y patrimonio y hasta han recurrido al ofrecimiento de recompensas a quien atrape o entregue a los delincuentes. 

Penalizar por penalizar no es el camino

La Ley Pano, se propuso imponer prisión preventiva a delitos como el robo en casa habitación y comercio, entre otros y aumentar las penas a la portación de armas prohibidas. 

Penalizar por penalizar cierto tipo de conductas con énfasis en delitos, de los llamados de los pobres, lo cual llama la atención, al margen de una política pública se seguridad,  que abarque infracciones y delitos, incluso por omisión de los funcionarios y de las agencias encargadas y responsables de brindar o prestar el servicio de seguridad, no es nada recomendable. Veamos: 

Respecto a la función intimidatoria de la pena, que muchos teóricos le achacan tiene sus asegunes y de ellos ha hablado el último juez en aplicar la pena de muerte en Sonora, Lic. Roberto Reynoso Dávila y un confeso abolicionista, en su libro “Penología”.  

“La amenaza de un castigo puede ser, gracias a esta función educadora del derecho penal, creadora de hábitos conforme a la ley”, resaltó José M. Rico, en “Las sanciones penales y la política criminológica contemporánea” e incluso afirma: “A veces una medida eficaz para solucionar un problema dado puede ser injusta”. 

Alvaro Obregón Tapia, gobernador del Estado cuando se aplicó por última vez en el país la pena capital el 17 de junio de 1957 a los violadores y homicidas José Rosario Don Juan Zamarripa y Francisco Ruiz Corrales, arguyó el argumento inhibitorio, además de acatar el clamor de la sociedad sonorense ante la persistencia de ese tipo de delitos en esos años. 

El ministro retirado Carlos Sampé Minvielle en “Inequidad de tipos penales”, expone su opinión sobre la situación de la política criminal en donde hace ver las inconsistencias y contracciones en el diseño normativo de las conductas punibles, por motivos de coyuntura política o de falta de planeación integral y estratégica en el combate a la delincuencia y que provoca un desfase con la realidad social y situaciones de inseguridad jurídica, lo cual ocasiona falta de efectividad de la medida de establecer mayores penas como inhibidor de las conductas criminales. “Muchas veces la penalización de  una conducta no es la solución”, anota. “Los legisladores argumentan que las penas elevadas tienen un carácter disuasivo, evitan que se cometa un delito. Si ello fuera verdad, en nuestro país no habría homicidios, ni narcotráfico”, escribió. 

Otros autores como Sergio Huacuja Betancourt, en su texto “La desaparición de la prisión preventiva”, dice que la prisión preventiva ha demostrado su ineficacia para combatir la delincuencia y rehabilitar al delincuente.  Por otra parte expertos como el doctor Eduardo Lozano Tovar en su libro “Seguridad Pública y Justicia. Una visión político criminológica integral”, hace notar la diferencia entre Política criminal y Política Criminológica, es decir entre las medidas puramente represivas y las puramente preventivas, no bastando la aplicación de las primeras si no van acompañadas con un programa eficaz de prevención del delito. 

En su colaboración “Ley machete” no hará que disminuya la violencia en Sonora, el Dr. Palafox, señala lo siguiente: “En la actualidad hay dos modelos de seguridad que buscan disminuir, eliminar  y hasta erradicar las violencias y la inseguridad en México. El primero es el modelo de seguridad basado en la sanción y cuyas características son el de ser un modelo reactivo (que actúa como respuesta a una actividad criminal y que corresponde a un estado totalitario) y punitivo, que tiene casi diez años implementado en  el país y no ha servido para disminuir la violencia; al contrario ha  multiplicado las violencias. El otro modelo de seguridad, planteado por las Naciones Unidas, señala que se deben de incluir todas las variables que generan violencia e inseguridad, tales como: Atención a jóvenes con escasas oportunidades, la violencia intrafamiliar, el programa de adicciones, la construcción de espacios comunitarios, los programas especiales sobre la violencia de niños, niñas, mujeres y adultos mayores, el fortalecimiento y cohesión social y comunitaria, las acciones para fomentar la cultura de la legalidad y la procuración de justicia. 

El planteamiento de esta organización internacional es el de un modelo preventivo (llamado también proactivo que es un verdadero agente de prevención del delito y que corresponde a un estado de derecho democrático)  más orientado a proteger a los ciudadanos que cuidar a las instituciones”. 

Antonio de Jesús Barragán, sociólogo de la UNISON, en su tesis de licenciatura “La conducta Antisocial a partir de la Teoría General del Crimen: estudio de la secundaria Alfredo E. Uruchurtu de Hermosillo, Sonora” dirigida por la doctora en Criminología Luz María Durán Moreno, tratando de escrutar la realidad social inició el estudio con herramientas científicas de los factores de riesgo y los factores de protección a casos concretos que se presentan en el entorno sonorense y sus microcosmos, lo que es un avance sobre los estudios puramente teóricos y que profundizó en su ponencia “Observando entre la niebla: sicarios en el Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Sonora”, presentada en el I Congreso Internacional de Derechos Humanos y Políticas Públicas, llevado a cabo en la Unidad Regional Sur de la UNISON en octubre del 2016, en donde explica la incapacidad del sistema de justicia para detectar conductas delictivas a temprana edad, en las cuales influye la crianza, las cuales se mantienen ocultas y afloran en cualquier momento,  lo cual resulta más dramático tratándose de menores involucrados en hechos de sangre graves. 

Escudo Ciudadano, como programa de prevención del delito

 “Escudo Ciudadano”, el programa de prevención que es pilar de la política de combate a la inseguridad por parte del gobierno de Claudia Pavlovich, fue etiquetado como un fracaso por Manuel Emilio Hoyos, director de Observatorio Sonora por la Seguridad al no lograr inhibir delitos como el robo y el homicidio en municipios como Hermosillo y Cajeme. 

Actualmente dicho programa está siendo sometido a revisión exhaustiva para hacerlo más eficiente y eso es algo correcto si se aspira a mejorar el servicio público de seguridad en beneficio de la sociedad.  

El quid del asunto es detectar aquellas conductas delincuenciales con mayor impacto en la comunidad tanto por los bienes jurídicos que afectan o por el daño que causan para atacarlas a la voz de ya. De ahí que el pretender el aumentar la penalización de conductas, aumentar las sanciones de las ya existentes o incrementar los delitos que ameritan prisión preventiva nunca ha sido remedio para atacar e inhibir las conductas antisociales, si no van acompañadas de un efectivo programa preventivo que cumpla con el objetivo de evite a futuro la presentación de conductas reprochables penalmente. 

¿Una propuesta inconstitucional devolverá la seguridad pública?

Por otro lado, un punto que no debe dejarse de lado es aquel que refiere al hecho de que en el artículo 19 de la Carta Magna se establece la lista de delitos que ameritan prisión preventiva, de ahí que una reforma al Código Penal del estado, como la que se propone para incluir con prisión preventiva al robo en casa habitación o comercio, podría devenir en inconstitucional tal como ha hecho notar la Barra de Abogados.

 Tanto el magistrado Francisco Gutiérrez, como el juez  Ariel Córdova, opinan que ante la demanda ciudadana sea necesario darle viabilidad a la propuesta de “El Pano” Salido, la cual exige una reforma a la Carta Magna, asunto complicado de abordar en el año electoral, en donde nombrar Fiscal General, titular de la FEPADE y Fiscal Anticorrupción,  parece imposible y demuestra lo profundo de la crisis institucional del sistema de procuración de justicia evidenciado. 

Recurrir al camino fácil de aumentar las penas, penalizar conductas, el uso de la fuerza letal o la toma de medidas alejadas de una política criminal y criminológica bien diseñada sin atender a la realidad, a la larga será tiempo desperdiciado en un país en donde los muertos, los desaparecidos y los desplazados derivados de la actividad criminal suman miles.  

Colaboración del Despacho Servicios Jurídicos Especializados
gaby_tql@hotmail.com



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