“Ley machete” no hará que disminuya la violencia en Sonora





Dr. Carlos G. Palafox Moyers/


Dia de publicación: 2017-11-06


En la actualidad hay dos modelos de seguridad que buscan disminuir, eliminar  y hasta erradicar las violencias y la inseguridad en México. El primero es el modelo de seguridad basado en la sanción y cuyas características son el de ser un modelo reactivo (que actúa como respuesta a una actividad criminal y que corresponde a un estado totalitario) y punitivo, que tiene casi diez años implementado en  el país y no ha servido para disminuir la violencia; al contrario ha  multiplicado las violencias. El otro modelo de seguridad, planteado por las Naciones Unidas, señala que se deben de incluir todas las variables que generan violencia e inseguridad, tales como: Atención a jóvenes con escasas oportunidades, la violencia intrafamiliar, el programa de adicciones, la construcción de espacios comunitarios, los programas especiales sobre la violencia de niños, niñas, mujeres y adultos mayores, el fortalecimiento y cohesión social y comunitaria, las acciones para fomentar la cultura de la legalidad y la procuración de justicia. 

El planteamiento de esta organización internacional es el de un modelo preventivo (llamado también proactivo que es un verdadero agente de prevención del delito y que corresponde a un estado de derecho democrático)  más orientado a proteger a los ciudadanos que cuidar a las instituciones. Por ello la reforma de justicia penal, el fortalecimiento de las policías (mayor capacitación y mejorar sus ingresos), la disminución de presencia del ejército en las calles, una política social orientada a fortalecer el tejido social son claves indispensables para lograr un modelo efectivo, eficiente y respetuoso de los derechos humanos.

  Además la política de transversalidad es fundamental para cohesionar a las instituciones sobre este fenómeno tan complejo y abordarlo desde diversas visiones para diseñar una política integral y focalizada. Este modelo propone  diseñar una política de seguridad que contenga estrategias basadas en evidencias, con objetivos claros y sujeto a la evaluación constante de la sociedad. Este segundo enfoque considera a las violencias como resultado   de múltiples factores, en su mayoría relacionados a la situación política de nuestro país, la crisis en la economía, la reincidencia criminal asociada a problemas de drogodependencia no tratada, los desencuentros que plantea el poder  como la impunidad y corrupción, el tráfico de drogas, el crimen organizado  y la (re)articulación de valores que perpetúan las diferencias en un sistema que no tolera la diversidad. En este sentido, la violencia toma forma en la pobreza, la marginalidad, la estigmatización, la corrupción, la impunidad, entre otros. 

Estas reflexiones son importantes ya que nos podrán ubicar   sobre cuál es la visión que se tiene de este grave fenómeno social desde el Poder Legislativo de Sonora. 

En las últimas semanas, el Congreso del Estado y algunos diputados se han  “preocupado” --en tiempos electorales-- sobre el fenómeno de las violencias y la inseguridad que vive la sociedad sonorense.

En primer término  aparece la reforma al Código Penal de Sonora que endurece las sanciones para quien porte armas prohibidas, como los machetes y todo tipo de arma blanca. El castigo  será ahora de seis meses a seis años de prisión, además de eliminarse la posibilidad de permutar cárcel preventiva por multa (antes de la reforma el castigo era de seis meses a un año y se permitía la permuta). El espíritu de esta reforma, señalan los diputados, es el de proteger a las familias sonorenses de este tipo de delincuencia y, el argumento es que se han procesado 334 causas penales en un año por el delito de portación de armas prohibidas, distintas a las armas de fuego, entre las conocidas como machete. 

Sobre los macheteros hay que recordar  que en los últimos meses  aparecieron  hombres armados con machetes que asaltaban tanto en colonias de las periferias como en el Centro de Hermosillo, principalmente. También se presentaron casos más dramáticos de muertes de ciudadanos así como de estos presuntos delincuentes. Sobre esto último el enfado y hartazgo de los ciudadanos ha llevado a que gran parte de los sonorenses respalden  tales acciones. Y por otro lado fueron escasas las menciones  que criticaban la afectación a los derechos humanos de los presuntos delincuentes.

Para especialistas en temas de seguridad y derechos humanos, la medida adoptada por la autoridad (fiscal) puede dar pie a un uso abusivo de la fuerza policial. La orden sería viable solo si el arma blanca está por lesionar a alguien y pone en peligro la vida del policía o un ciudadano, pero si el agente dispara a distancia es completamente ilegal, abusivo y vejatorio para los derechos humanos, explica Miguel Garza, experto en temas policiales. "La afirmación del fiscal está fuera de todo sentido, lo preocupante de esta instrucción dada a la policía es que ellos se pueden exceder porque van a cumplir la orden así nada más", menciona Garza, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)”, (El País).

Igual o más grave aún es que esta reforma es totalmente contraria al Nuevo Sistema de Justicia Penal  que trata de reducir la población en los penales de México, entre otros objetivos.  Además  podrán disminuir, no lo sabemos con certeza, este tipo de delitos en el corto plazo, pero en el largo plazo se multiplicarán y se transitará a otros tipos de violencias ya que los delincuentes estarían en promedio 3 años en la cárcel y no hay mejor escuela para graduarse en delitos y violencia que los centros de readaptación.

 Esta reforma se encuadra en el primer modelo de seguridad denominada reactivo –punitivo que actúa como una respuesta a una actividad criminal sin analizar las causas que originan el delito. Este enfoque no considera el diseño de políticas de prevención de corto y largo plazos. En las primeras incluyen  inversiones en programas de educación, cultura, deporte, arte, así como programas de comportamiento y destrezas sociales, y políticas de reducción de la pobreza bien enfocados, entre otros. 

El enfoque de largo plazo de la prevención puede iniciar antes del nacimiento de cohorte generacional y brindar beneficios en la adolescencia y en la edad adulta. Así, la política de prevención puede lograrse rediseñando y repensando políticas existentes  a través de una visión de prevención del crimen y la violencia. Además dinamita la política de transversalidad que consiste en una relación de trabajo arduo entre las diferentes instituciones que velan no solo por la seguridad, sino además por los derechos humanos más elementales de la sociedad.

 Desafortunadamente esta reforma no contempla esta visión y difícilmente en el corto y largo plazos se reducirá la violencia y la inseguridad en el estado de Sonora.  Esta reforma de clasificar a los machetes y todo tipo de arma blanca como armas prohibidas por sí sola no hará que disminuya la ola delictiva que aqueja a la sociedad. Parece más una posición mediática tratando de hacer creer a la sociedad que los diputados buscan resolver la grave situación con estas reformas. Nada más alejado de la realidad. La visión que plantea esta reforma ya fue rebasada hace muchos años por otros países porque vulnera los derechos humanos.

En la próxima entrega se analizará la propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Sonora la cual se pretende cambiar los delitos de robo a casa habitación, robo de vehículos, extorsión y portación de armas prohibidas  denominada actualmente de Delitos Contra la Seguridad del Estado   a Delitos Contra la Seguridad del Estado y de la Nación.

Dr. Carlos Germán Palafox Moyers
Docente e Investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Consejero del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de  Sonora (OCCSES).


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