El sistema de justicia en México: un camino de impunidad entre sus débiles instituciones



Más allá de las devastadoras cifras, el sistema de justicia en México se ha convertido en un desilusionante proceso para las víctimas. Débiles instituciones y una dependencia sistemática del Ejército han construido un panorama desalentador en el que no se vislumbra una reforma.


Tomado de: Francisco Espinoza / Univisión

Dia de publicación: 2020-09-15


Los secuestros se incrementaron en el mes de agosto en México un 15.5% con relación al mes anterior, de acuerdo con el informe mensual que elabora la organización Alto al Secuestro, especializada también en analizar la implementación de justicia en México.

El mes pasado hubo 106 casos de investigación relacionadas con este delito, mientras que en julio se registraron 96 secuestros. Además, también notificó un alza en el número de víctimas afectadas, al reportarse 137 durante ese periodo, 18 más que en la medición anterior lo que significa un aumento del 15.1%.

La organización reporta que el número de detenidos relacionados con este delito se elevó un 18.7% en agosto, debido a que se detuvieron a 177 personas, mientras que en julio fueron aprehendidos 149 presuntos responsables. El informe también estableció que los estados más afectados fueron: Veracruz (22 secuestros), Estado de México (20), Jalisco (10), Ciudad de México (6) y Zacatecas (5).

En un análisis de los últimos dos años, Alto al Secuestro también especificó un panorama desolador: de los 33 millones de delitos que se han cometido en este tiempo, solo 10.5% fueron denunciados. El estudio denuncia una carencia de una estrategia frontal contra la delincuencia, de programas de prevención del delito y una gran impunidad.

La situación, ya de por sí devastadora desde las estadísticas, está teñida de innumerables claroscuros en un país complejo en sus débiles instituciones. Más allá de la siempre presente corrupción, existe un sistema que carece de solidez para poder afrontar los retos diarios que se presentan en el país y hacerles justicia al sinfín víctimas que a diario les cambia la vida. El contexto de esta realidad multifactorial aquí:

Discrepancia Institucional.
Los secuestros a la baja

El pasado 20 de agosto, en su habitual informe mensual, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que, al comparar el primer semestre del año con el mismo periodo en 2019, había una reducción en delitos en materia de hidrocarburos, delitos financieros y secuestros.

El funcionario, de acuerdo con La Jornada, precisó que durante ese periodo de tiempo hubo una disminución del 3,8%25 respecto a los primeros seis meses del 2019, contabilizando 1,893 detenidos y 238 bandas desarticuladas.

Alejandro Corzo, director de Desarrollo Institucional del Observatorio Nacional Ciudadano, concuerda en que el secuestro es uno de los delitos que ha ido a la baja. “Obviamente por su naturaleza es muy mediático y vistoso, pero hay que aceptar que han disminuido en un 40%”, dijo en entrevista para Univision Noticias.

Precisó que uno de los aciertos del actual gobierno es mantener lo bueno que se hizo en la administración pasada, como por ejemplo la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), creada en 2014, “y que ha dado resultados desde su creación (…) gracias a que vincula los diferentes órdenes de gobierno en pro de la investigación”.

Respecto a lo publicado por la organización Alto al Secuestro, Corzo apuntó que el problema con la forma de monitorear con datos absolutos es que se pierde cierto enfoque debido a la alta probabilidad que existe en el hecho de que los estados con mayor población tengan más casos casi por cuestiones lógicas.

Además, fue claro al decir que, dado que las organizaciones oficiales solo han contabilizado hasta julio pasado, “es irresponsable hablar de datos no verificados por quienes distribuyen”.

Para el Observatorio Nacional Ciudadano, que se basa en los registros que dan las fuentes oficiales y que los desmenuza, “van 617 víctimas de secuestros y 494 carpetas de investigación”, comentó.

La compleja impunidad
Embudo tras embudo

Desde hace muchos años, el lema de “99% de impunidad” se ha repetido casi como un mantra en la sociedad mexicana y sobre todo a la hora de seducir al electorado desde la oposición al gobierno en curso. Sin embargo, para Alejandro Jiménez, encargado de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana e investigador y consultor independiente, “es un problema complejo el medir la impunidad porque en realidad es un problema más agudo: No es lo mismo la impunidad en secuestro o violación que en robo patrimonial no violento, a pesar de que todo se totaliza en ese 99%”.

Esta situación para Jiménez es la suma de varias problemáticas que terminan por crear varios embudos claros que entorpecen la impartición de justicia. Una de esas aglomeraciones es tener una policía con bajas capacidades técnicas aunado a la baja legitimidad de esta institución entra la población y el malentendido o confusión sobre a quién le toca investigar los delitos. Una vez que un ciudadano logra avisar a la policía y se logra dar con un presunto responsable, “todavía tienes que esperar que el Ministerio Público litigue de manera correcta frente a un juez (…) y aun así aquí empieza hacerse más agudo el proceso”.

El investigador asegura que uno de los principales obstáculos para que la víctima pueda sentir que se hizo justicia es que las procuradurías “no tienen buena práctica de sus recursos ya de por si escasos y le ponen la misma atención a la tala de un mezquite que a un secuestro”. Jiménez lamenta que todo se resuma en ese 99% de impunidad “y no nos echemos un clavado para analizar esas cifras o comparemos la cifra con otros países como Alemania donde solo se castiga con cárcel al 1% de los delitos (…) pero lo diferente es que la denuncia es más sencilla”.

Más venganza que justicia
El hartazgo ha ganado terreno

Cuando el tema de seguridad se politiza hay un problema, dice Corzo. “Lo vemos en campañas políticas con eslóganes tipo: pena de muerte a secuestradores”, afirma dejando claro que se trata de un discurso populista “porque en realidad no te va a solucionar nada ni imponer penas (de prisión) de 1000 años si no logras atraparlos o sentenciarlos”.

En la actualidad, el hartazgo social de sentirse vulnerable ante la delincuencia organizada ha provocado que se haya instalado un deseo más de venganza que de justicia. Corzo lamenta que “haya muy poca gente en el país que se ha dedicado a tratar de entender el problema de inseguridad (…) casi siempre hay en la academia, pero no las escuchan, no permean a las decisiones políticas”.

Jiménez concuerda con que la sociedad ha optado por sentirse vengada de su sufrimiento, sin importar mucho el proceso complejo que implica hacer justicia desde los parámetros legales, recordando el abandono que hay a nivel estatal o municipal, los primeros contactos que las víctimas tienen con las autoridades. “Ha habido intentos al contratar elementos policías y más preparación para la atención particularmente en delitos como robo a casa habitación y mano armada”, dijo.

Lamentablemente, estos “garbanzos de a libra” o esfuerzos esporádicos no son bien vistos por las esferas políticas “porque cuesta mucho y luce poco construir instituciones sólidas y profesionales y es mucho más vendible, en términos electorales crear un nuevo delito, endurecer el proceso penal y aumentar penas”. Para el académico, esto es como darle una pastilla que logre amortiguar un poco el padecimiento para que las autoridades puedan mostrar que se está haciendo algo por combatir el problema. “Es momentáneo esa sensación de seguridad la que brinda esos actos de demagogia”, subraya.

Instituciones débiles
Una reforma que lo cambie todo

Más allá de exigir que se satisfaga un deseo de justicia y criticar los pocos resultados que hay respecto a este proceso, Corzo cree que no se ahonda más a fondo y asegura que el problema es que el sistema podría estar mejor diseñado. “Le cargamos mucho la mano a los Ministerios Públicos (…) que no se pueden dar abasto porque muchas veces no tienen la capacidad humana para resolver los casos que se van juntando”, dijo.

Agrega que es necesaria una reforma en la forma de investigar para hacer la justicia más expedita e ir avanzando poco a poco hasta ganar la confianza de la gente y que el porcentaje de denuncias de delitos aumente considerablemente. “Teniendo todo esto tendremos más información sobre el modus operandi y fortalecer la inteligencia que se podría usar para prevención y combate. Es un círculo virtuoso”, afirma.

Sin embargo, acepta que la falta de capacidad en los Ministerios Públicos es palpable, aunque deja claro que ha visto algunos trabajar destacadamente. “Te hacen creer que hay esperanza porque hacen milagros con lo que tienen, a pesar de que no es humanamente posible atender todo el trabajo que tienen; hay veces que ni lápices tienen para trabajar”, señaló.

Si bien dice que existen filtros como exámenes para alcanzar los puestos de trabajo en estas dependencias y que en teoría garantizan que los elementos están bien capacitados, “lo que trunca todo el proceso es la corrupción porque al final no te queda la certeza de que si las personas arriban a esos sitios por capacidad o porque los colocaron allí”.

Para Jiménez también hay un claro problema en las fiscalías que están compuestas por abogados y abogadas que están especializados en ganar juicios. Sin embargo, “actualmente los tenemos haciendo investigaciones criminales, a pesar de que durante la carrera universitaria no nos enseñan a hacer investigación social, seguir pistas ni corroborar información”.

A pesar de esta realidad, no cree que el sistema judicial esté abandonado. “Ha habido reformas importantes desde los noventa y se ha ido trabajando mucho a nivel tribunal, procesos penales y demás”, dice, aunque lamenta que todo eso sea la cereza del pastel, “cuando lo que está fracturado es el tema de las policías, la carencia de detectives profesionales y las débiles procuradurías; tenemos la cereza, pero no el pastel”.

Por si fuera poco, el panorama es más desalentador al recordar que se está a punto de iniciar una nueva reforma judicial “que parece partir de un diagnóstico errado que le echa toda la culpa a los jueces, cuando solo el 1% de los casos llegan ante ellos”.

Policías abandonadas
Urge fortalecer el primer contacto ciudadano

Corzo deja claro que se debe cambiar la forma en la que se ven los delitos y definir la parte que le toca a cada parte para aliviar el ajetreo de los Ministerios Públicos. Para esto es clave “revisar cuáles son las atribuciones de la policía”, institución que se convierte en el primer eslabón de contacto con la ciudadanía afectada.

Por su parte, Jiménez lamenta que toda la apuesta de seguridad a nivel federal está enfocada en el Ejército, Marina y la Guardia Nacional, debido a que se trata de una solución “muy alejada de la realidad (…) porque el problema parte de los barrios, de la periferia de las ciudades en las que hay juventudes marginadas en donde no existe ninguna oportunidad y están a merced de ser reclutados por empresas mal pagadas o por el crimen organizado o por el mismo ejército”.

El consultor explicó que se debe fortalecer estas áreas locales municipales. “Se habla de un derecho de policía, así como se paga el del alumbrado público, para que los municipios puedan financiar a más y mejores policías, con mejor talento humano y no sea como es ahora: el reclutamiento más bajo que tenemos en la república”, aseveró.

Insistió en que es vital que la ciudadanía vuelva a confiar en estas corporaciones. “Si no tenemos una policía cercana a la sociedad estos índices de violencia van a seguir en los mismos niveles”, avisó, agregando que tampoco se puede pensar en fiscalías que funcionen sin una policía preventiva bien capacitada “y que haga buen trabajo tanto para prevenir como para perseguir”.

Depender del ejército
Una promesa incumplida

Si bien no es nuevo el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad, Jiménez recuerda que no es el camino óptimo. “Siempre se ha recurrido porque sirve para tener presencia estatal en muchas partes muy vulnerables ante organizaciones criminales muy poderosas en municipios débiles”, apunta.

Acepta que, con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la presencia del Ejército en las calles se iba a acabar o al menos disminuir. “Pensábamos que ahora sería diferente (…) pero no hay una construcción de abajo hacia arriba respecto a estrategias e instituciones que nos hagan pensar que en un mediano o largo plazo dejemos de recurrir a ellos para solucionar el problema”, comenta.

Sobre por qué el gobierno federal decidió mantener esta postura de militarización, el académico recuerda que siempre ha sido mucho más fácil reclutar a través del Ejército que de instituciones civiles. “El Ejército te pide dos cosas: que no estés ciego o miope y que no tengas pie plano. La policía federal solicita más requisitos como carrera técnica, licenciatura, cierta estatura, complexión, confiabilidad… son muchos y caros”, precisa.

Asimismo, recuerda que el Ejército sigue otorgando una cosa importante que no tiene otra institución civil -y que provoca tanto nivel de aceptación en la población-. “En distintas partes del país, en las rancherías más alejadas, hay familias enteras que están aseguradas con uno de los mejores programas de seguridad social que es el de los familiares de las Fuerzas Armadas; eso es parte de lo que debemos tener en cuenta”, comenta e insiste en que “mientras no exista una organización civil que sea capaz de ofrecer todas esas condiciones a jóvenes, difícilmente vamos a dejar de depender del Ejército”.


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