Magnates mexicanos dueños del agua en Sonora



Peña Nieto antes de irse dejo servida en charola de plata a los poderosos consorcios Carso de Carlos Slim y Peñoles, de Alberto Bailleres, para la libre disposición y usufructo del agua de las cuencas hidrológicas de Sonora, al cederle por lo menos 800 títulos de concesión sobre igual número de derechos de aguas en zona federal que les faculta para la perforación de pozos a la vera de los gasoductos Naco-Hermosillo-Guaymas y el Sásabe-Puerto Libertad-Empalme, concesionados por 25 años a los dos hombres más ricos de América Latina y en el top de los 15 del ranking mundial.

Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico

Dia de publicación: 2019-12-03


Peñoles mantiene presencia en Sonora a través de la explotación de yacimientos de oro y plata en las minas La Herradura, Noche Buena y Centauro de Caborca y acapara alrededor de cincuenta concesiones para la explotación de pozos en la superficie minera total.

Por su parte, Carlos Slim llegó a Sonora con la operación del gasoducto a través de la subsidiaria Gasoductos del Norte S.A. de C.V. en la región centro norte del estado donde están referenciadas alrededor de 60 concesiones para la explotación del acuífero a lo largo del gasoducto Sasabe. El dueño de Telmex también tiene presencia en Sonora con la propiedad de la mina María que adquirió de Grupo México tras el derrame de lixiviado de cobre en el 2014; actualmente está en proceso de exploración un importante depósito en minerales de cobre, oro y plata localizado en el municipio de Santa Cruz en la frontera con el vecino estado de Arizona, Estados Unidos que tentativamente iniciara el desarrollo en el 2021 con potenciales para la recuperación de altos volúmenes de minerales por tonelada de roca procesada.

Por si no fuera suficiente Grupo Carso y su filial en España, FCC Aqualia y la del mismo nombre como representante en México, obtuvo la adjudicación de la obra en construcción y operación por 20 años de la planta desalinizadora que construye en la región costera y que abastecerá el consumo humano de una parte de la ciudad de Guaymas-Empalme y la zona de su valle agrícola.

El proyecto se lleva a cabo mediante asociación publico privada entre Aqualia de Carlos Slim, el gobierno federal a través de la CONAGUA, así como el gobierno del estado, que operó la adjudicación del proyecto y ha aportado millonarios recursos presupuestales que poco han sido transparentados, por lo que en los informes de auditorías del 2017 y el subsecuente le mereció observación de la Auditoría Superior de la Federación, del fiscalizador local y la Contraloría estatal.

Pese a todo, los gobiernos federales y del estado no han logrado explicar a cabalidad en que se sustenta la entrega del agua para consumo de buena parte de la población a los hombres más ricos de México.

Pero tampoco los beneficiarios de la política entreguista de ambos al finalizar el gobierno federal priista han salido a dar la cara para informar la razón por la cual los gasoductos concesionados estarán acompañados de una batería de pozos en toda su trayectoria, incluso, algunos de los títulos de concesión están en territorios indígenas o núcleos agrarios y dentro del fundo legal municipal.

Empresarios chipileados por Peña y acariciados por AMLO

La coordinación nacional de la organización Agua para [email protected] A.C. evidenció que, durante la gestión de Enrique Peña Nieto se otorgaron concesiones para la explotación de aguas en cuencas hidrológicas del país a razón de una por cada día transcurrido del sexenio, muchas, en beneficio de empresas transnacionales mineras, industria diversa, del mercado energético, instituciones bancarias o personas físicas y morales sin actividad productiva relacionada a la gestión del agua para uso agrícola o desarrollo eficiente y sustentable de las regiones demandantes.

Así fue como en el transcurso del último año del régimen peñanietista se entregaron mil 249 licencias para la explotación del recurso hídrico en su mayoría en zona federal con dedicatoria mayoritaria al sector privado, social o para la prestación de servicios municipales; todos vía plumazo presidencial.

Estas titulaciones, para la organización ambientalista, hoy día yacen bajo sospecha de tener vicios legales de origen y contravenir la carta magna y otras normas en materia de gestión eficiente y democrática del agua.

También acusan que los decretos de cesión de derechos de agua fueron a contrapelo de no pocos tratados internacionales suscritos por México en el concierto internacional que, justamente, tutelan el respeto a los derechos humanos que garanticen el acceso al recurso hídrico por pare de grupos sociales y población vulnerable, indígena o comunidades rurales carentes de servicios. Igual quedaron en el olvido organizaciones ejidales quienes se quedaron esperando turno para obtener un derecho de agua para riego agrícola, política que no fue observada por el gobierno que pasó y se prefirió privilegiar los intereses mercantiles altamente lucrativos sobre las necesidades sociales a la vista y la pronta atención a quienes las padecen.

De acuerdo datos duros de Agua para [email protected], en el universo de trámites presuntamente ilegales y socialmente inequitativos que alentó el ejecutivo federal anterior destacan aquellos tramitados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) quien casi al fenecer la administración de Peña alcanzó a expedir 541 títulos de explotación hídrica en diversas modalidades de uso y con impacto en más de la mitad del mapa hidrológico de Sonora que a la fecha están  en la libre operación y disfrute exclusivo de la empresa Gasoducto de Agua Prieta S. de R.L.

Esta entidad mercantil es responsable de construir y operar un gasoducto en la modalidad de concesión federal al extremo noreste de Sonora y a la fecha es utilizado como vehículo de transporte para el gas natural importado al país para consumo final local.

Esta línea de gas natural resta integrada en un circuito que nace en el sur de Texas, Estados Unidos y parte hacia la frontera de Naco y Agua Prieta, Sonora, para continuar hacia su destino final:  la central de generación eléctrica de ciclo combinado propiedad de la Comisión Federal de Electricidad ubicada a13 kilómetros al sur de la línea divisoria.

Del lado norteamericano provee el recurso la multinacional Sempra Inc. con sede en San Diego, California y operaciones a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. No es casualidad que uno de los socios mayoritarios de Sempra Inc. sea, a la vez, el propio empresario Roberto Bailleres Gonzales y dueño de Peñoles del lado mexicano.

Es un juego de ajedrez a cargo de los más altos capitales de México en alianza por destacar en el mercado energético, del agua y de la energía eléctrica de donde Sonora ocupa un lugar privilegiado en el potencial que posee en materia de generación y la presencia de parques fotovoltaicos que complementan los volúmenes de la demanda comercial, doméstica e industrial.

Dicho de manera práctica, en tanto el mercado del gas natural del lado americano garantice precios competitivos y accesibles a los compradores mexicanos, de este lado se aumentará la capacidad de abasto energético a las plantas generadoras de energía renovable de las centrales de ciclo combinado (gas-combustóleo) a cargo de la CFE en Guaymas Empalme, de capitales españoles en Hermosillo y mixto en Puerto Libertad.


 Slim y Bailleres, van por el agua de Sonora

 Fresnillo Inc., tiene su asiento en Toronto, Canadá, donde cotiza en la bolsa de valores en oro y uno de los mercados de metales preciosos más importantes del mundo. A través de Fresnillo el magnate mexicano posee la propiedad absoluta de al menos medio centenar de concesiones mineras en la región noroeste Sonora, que colocan al emporio en primer lugar en producción y ventas de oro y segundo en plata en todo el país.

Fresnillo explota la minería de metales preciosos a cielo abierto y de manera tecnificación y una mano de obra altamente calificada que en conjunto hacen destacar los proyectos mineros La Herradura, Noche Buena y Centauro Profundo como uno de los proyectos mineros en su tipo más productivos del mundo, entre otros yacimientos ricos en depósitos de metales preciosos, preponderantemente ubicados dentro del distrito minero Caborca, en Sonora; otros, están más al norte, en la zona más agreste de la región.

Peñoles, a través de Fresnillo, posee en el desierto costero de Sonora más de un centenar de derechos para extracción de agua del subsuelo que indiscriminadamente utiliza en los procesos de lixiviación de concentrados del precioso metal con la aplicación no menos infame de miles de galones de cianuro, método prohibido en países desarrollados.

El complejo minero de Peñoles en la región ha sido reiteradamente señalado por productores agroalimentarios del distrito de desarrollo rural de Caborca como responsable del abatimiento del manto freático, la contaminación del mismo por filtración y la sobreexplotación del acuífero de la cuenca del desierto de Altar.

Gasoductos y pozos de agua, extraño acompañamiento

Otro caso que selló el final de la era Peña Nieto fue la desmedida deferencia que su gobierno mostró a la empresa Gasoducto del Norte S.A. de C.V., subsidiaria del poderoso Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, que opera para la CFE en la figura de concesión el gasoducto de Samalayuca, Chihuahua-Sásabe-Puerto Libertad, Sonora.

Faltando cuarto para las doce para concluir la gestión presidencial priista Grupo Carso fue beneficiado por vía del decreto con 111 títulos de concesión sobre derechos de agua subterránea en la cuenca ubicadas al extremo centro norte de Sonora, que amparan la explotación de igual número de pozos en zona federal y que quedarán dentro del derecho de vía del gasoducto Samalayuca-Sásabe que el consorcio del México- libanés opera a una temporalidad de 25 años.

Tan luego asumió la gestión, Andrés Manuel López Obrador acusó a su antecesor de poner en riesgo la soberanía del mercado energético y cederlo a particulares con firmas de contratos leoninos y con castigos lesivos para la hacienda nacional y que fueron parte de la cuestionada reforma energética que hoy queda demostrado que tuvo la clara intención de beneficiar a empresas con la entrega de los gasoductos, entre ellas grupo Carso y Peñoles.

Pero las concesiones tanto para la importación del gas natural desde Texas como las que amparan títulos sobre derechos de agua siguen sin traducirse en beneficios y en más derrama económica en las regiones donde se asientan los megaproyectos de los dos hombres más ricos de México y en el ránking de los 15 más acaudalados en la categoría mundial.

El caso de Bailleres Gonzáles, de Peñoles es el más emblemático que evidencia las intenciones que a futuro esperan los del gran capital de su participación en el mercado energético, caso este de quienes participan en noroeste de México con la importación, distribución y venta de gas natural y para lo cual construyeron la batería de gasoductos, llamada a ser junto a Baja California, para el 203, la región de México donde se genera participación en el mercado energético. A través de Sempa asentada en el vecino país, el empresario mexicano participa en la importación y venta en el país de gas licuado mediante la transacción binacional y actualmente están suspendidos desde dos frentes.

El primero debido a un juicio de amparo radicado por la etnia Yaqui de Sonora contras la expedición de la concesión de la CFE porque consideran violados los derechos sobre la propiedad de la nación Yaqui al para introducir el gasoducto Guaymas-El Oro en ciudad Obregón, sin tomar en cuenta los usos y costumbres de la comunidad trivial ni obtener  la aprobación de gobiernos tradicionales del Vícam pueblo, uno de los siete que conformar la nación Cahita y afectado por la línea de conducción del gas natural.

El otro conflicto surgió de la inconformidad encabezada por el presidente López Obrador derivado del oneroso costo financiero para la hacienda nacional por el castigo que le infiere el clausulado del contrato de concesión ante la paralización de las obras de construcción por orden de la justicia federal a petición de la tribu Yaqui, obligándose lo que el gobierno federal tenía que responder con el pago a las empresas de las pérdidas calculadas en los ingresos que los consorcios dejarían de percibir si estuviera en operaciones. 

Las dos sociedades mercantiles en coparticipación son concesionarios de la construcción y operación de los gasoductos en los tramos donde dejan de operar por cuenta propia, desde la interconexión para la importación de gas natural por el  sur de Texas, pasando por Samalayuca, en Chihuahua y de ahí al municipio de Sásabe para seguir a Puerto Libertad y continuar el trazo por la costa de Sonora hacia el sur y concluir la primera etapa, después de abastecer dos centrales de generación de ciclo combinado y hacer lo propio en la tercera planta de Empalme-Guaymas como consumidor final.

La etnia Yaqui asentada en su nación originaria al sur de Guaymas y norte de Ciudad Obregón paralizó mediante presiones de sus integrantes las obras de construcción del gasoducto que había invadido parte de sus tierras y litigó tal intromisión de las empresas de Slim y Bailleres sobre su ancestral territorio sin consultarlo con el gobierno tradicional ni someterlo a consulta de la comunidad de Vichan y sus alrededores.

La vieja historia del año de Hidalgo para empresas privadas

Además de los contratos a modo para la concesión de los gasoductos de la CFE hoy se sabe que ambas empresas de capital mexicano fueron beneficiadas con un total de 702 títulos de concesión que amparan la explotación de igual número de pozos referenciados en la zona federal conformada por el derecho de vía de las líneas de conducción del gas natural importado del sur de Texas hacia México para consumo final de las plantas generadoras de la CFE en Sonora, Sinaloa y Nayarit en un futuro mediato.

De acuerdo a información proporcionada por la organización Agua para [email protected] las concesiones a Carso y E Inova le fueron entregadas mediante procedimientos simulados y al margen de la legislación mexicana, además que viola flagrantemente los postulados de tratados internacionales suscritos por México ante la ONU y que, entre otros derechos sobre el agua, garantizan su acceso en las comunidades y pueblos vulnerables.

La organización civil ha litigado ante el gobierno federal la cancelación de los títulos de concesión de derechos sobre el agua subterránea en México y en especial en el Estado de Sonora, donde se encuentra el alto porcentaje de los trámites bajo sospecha de estar plagados de ilegalidades y discrecionalidad del presidente en turno para otorgarlos vía el decreto.

Primero que nada, dice Agua para [email protected], las concesiones se expidieron bajo un el trazo de los gasoductos dentro de escurrimientos naturales, superficiales del agua, pero que por decreto se pretende hacer de un trazo por hombre un área susceptible de la explotación del recurso o para depósito de aguas residuales.

Con ello dejan en posibilidad del concesionario de lucrar con el derecho que se le asigno, pues no se le especifica si es para riego agrícola, para el servicio público o bien para ser explotada al antojo del titular de la concesión, entre otras cosas, rentarla o vender el recurso extraído al mejor postor.

hecho que en los propios títulos de concesión de derechos de aguas subterráneas o superficiales es referenciado como “arroyos secos” lo que significa que se les dio vocación hídrica a superficies donde no hay escurrimientos.

Tan solo entre diciembre y enero del 2018, la Comisión Nacional del Agua entregó mil 34 títulos de concesión que amparan la explotación de aguas subterráneas, superficiales, estacionales o para el deposito residual de las mismas, en favor de empresas agroalimentarias, mineras, transportadoras de gas natural y entidades de gobiernos estatales y municipales, en su mayoría a través de decreto firmado por el entonces presidente de México.


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