El segundo informe de gobierno del gobernador Alfonso Durazo no tuvo los sobresaltos y ausencias de otros sexenios; se habla de obras, inversiones, etc. Pero los luchadores sociales siempre esperamos las perspectivas del movimiento social; en este caso particular, el de la vivienda.

En los últimos dos sexenios se llevó a cabo un excesivo acaparamiento de inmuebles que eran propiedad del gobierno del estado y de municipios; de hecho, se impuso moda; las pocas reservas fueron a parar a manos de particulares relacionados con el poder político en turno y se dice que esos mismos son lo que se hicieron de los bienes vacantes y mostrencos que dejaron inmobiliarias, constructoras y bancos que desaparecieron y que no pasaron el proceso de liquidación a otro dominio; casi todos fue acaparados por medio de prescripciones y cesiones de derecho.

Por cierto, estos grupos nunca han sido señalados por uno de los periodistas que pomposamente bautizaron a pequeños estafadores como Cártel inmobiliario; se dice, pues, por la cercanía que tiene con algunos de ellos.

Lo cierto que el estado es incapaz jurídicamente de apropiarse de esos bienes sin recurrir a la expropiación; cuyo término jurídico es plenamente legal; pero que por razones históricas ata de manos a los gobernantes, dejando el camino libre a los especuladores de viviendas.

Esta limitación jurídica, sería de vital importancia que el gobernador la tomara en cuenta, hasta hoy ningún poder federal, ha tomado cartas en el asunto; sin duda el poder legislativo federal debe abordar a la brevedad este problema, para que las entidades no sigan con esas contradicciones jurídicas que obstaculizan la apropiación de bienes vacantes para favor de las mayorías

En el estado de Sonora hay miles de familias que viven en esos inmuebles donde prevalece la no certeza jurídica de los mismos, las razones de este limbo jurídico es la incapacidad de recursos económicos y desconocimientos de la ley para hacer un procedimiento y por parte del estado, renunciando de facto a la expropiación; si el gobernador, después de una investigación responsable, expropia esas miles de vivienda es seguro que todos los sectores organizados y no organizados, de la sociedad, se lo valoraría, porque esta incertidumbre da pie a una vulnerabilidad que a la vez permite venta de posesiones o bien que caigan en abandono y desuso, convirtiéndose en parte de la infraestructura que el desorden urbano le “regaló” a quienes se dedican a actividades fuera de la ley o quienes tuercen la ley para especular con inmuebles.

Al final del día los que pierden son las familias que realmente tienen necesidad de certeza jurídica, cuando constructoras o inmobiliarias algunas tienen hasta más de 30 años de desaparecieron.

Aunque hay organizaciones que han valorado el interés del gobernador por dar certeza jurídica, en los predios propiedad del gobierno del estado han proliferado líderes domésticos que desordenadamente se han dedicado a invadir áreas verdes, de riesgo, de protección ecológica y lo más lamentable motivados por funcionarios de nivel secundario y aun en la baja escala; y en esto todavía no hay orden.

Tampoco es explicable como en Urbi Villa del Real de Cajeme no se adquirió viviendas en la cantidad de 70 mil pesos por unidad en cuyo primer paquete consistía de 20 viviendas, es decir, un costo de ¡1 millón 400 mil pesos por 20 viviendas! Que podría haber dejado un antecedente sumamente importante con alcances, que, sin duda, traspasarían las fronteras de Sonora, para dejar un antecedente en un país que tiene más de 2 millones 470 mil viviendas invadidas.

A modo de resumen, podríamos afirmar que si las viviendas que tienen de 10 a 30 años ocupadas sin dueño cierto, sin temor de equivocación no tendrían oposición en un recurso de expropiación; es urgente unificar los criterios para regularizar los predios habitacionales propiedad del estado y rescatar las zonas de riesgo, de reservas, las áreas verdes y de equipamiento; y por supuesto adquirir las viviendas a más bajo precio que dejarán un antecedente firme y por supuesto, buscar los oficios necesarios para que las modificaciones a la Ley de vivienda Federal permitan darles margen a las entidades para la apropiación de bienes mostrencos y vacantes.

La inteligencia del gobernador, su motivación por el pensamiento crítico y su preocupación por la certeza jurídica en la vivienda, obliga hacer juicios objetivos; no siempre se tiene una oportunidad histórica donde la voluntad de resolver un problema crónico y sensible no solo sea de interpretación sino de transformación; y el hecho de discutirlo y hacer planteamientos es una acto político que debe venerarse, en ese contexto el segundo informe es relevante y digno; y aunque no hay unanimidades se sigue manteniendo la ruta y miles de familias que viven en inmuebles de empresas que ya están excluidas por las autoridades hacendarias deben beneficiarse de esta ruta.