Arraigo y prisión preventiva oficiosa son inconvencionales





Arturo Saldívar/


Dia de publicación: 2022-08-02


El arraigo y la prisión preventiva oficiosa son medidas que, aunque están previstas en nuestra Constitución, resultan indudablemente contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues restringen desproporcionadamente la libertad personal sin que exista una sentencia condenatoria y desconocen la presunción de inocencia.

Tal incompatibilidad entre la Constitución y la Convención plantea la pregunta de si dichas figuras pueden aplicarse válidamente en nuestro país, lo que a su vez exige analizar la forma en que se relacionan en nuestro sistema jurídico las normas constitucionales con las normas de derechos humanos contenidos en tratados internacionales.

Esta última cuestión ya ha sido analizada por la Suprema Corte y resuelta en el sentido de que las normas constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos no se relacionan en términos de “jerarquía”, sino que ambas constituyen el “parámetro de regularidad constitucional” al que deben ajustarse todas las normas y actos del poder público.

En ese asunto la Corte también determinó que “cuando en la Constitución hubiera una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica el texto constitucional”. Sin embargo, ello no provee una solución definitiva para casos como el del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, pues, por un lado, la Corte no explicó ni desarrolló los alcances de dicha cláusula y, por otro, es la propia Constitución la que establece el principio de interpretación más favorable para las personas.

En el voto concurrente que formulé en ese entonces expliqué la manera en que debe entenderse tal expresión. Mi razonamiento parte de que las restricciones constitucionales no pueden interpretarse en el sentido de hacer nugatorios los derechos humanos o vaciarlos totalmente de contenido. Además, a la luz del nuevo paradigma constitucional todo el texto de la Constitución debe ser reinterpretado de la manera más favorable a la persona, maximizando el ámbito protector de los derechos y minimizando sus posibles restricciones, lo que en ocasiones tendrá el efecto de que éstas se desdibujen o desvanezcan y, en otros, se apliquen cabalmente, en un análisis que deberá hacerse caso por caso. En todo caso, de no ser posible la armonización de los contenidos constitucionales, en estricto acatamiento del artículo 1º constitucional debe prevalecer la norma que otorgue la protección más amplia a las personas.

A partir de estas consideraciones, he votado por la inconstitucionalidad de la figura del arraigo prevista en el entonces Código Federal de Procedimientos Penales; y también, a partir de esos argumentos he afirmado que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico.

El arraigo y la prisión preventiva oficiosa son sencillamente incompatibles con las exigencias del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. No hay interpretación alguna de estas medidas que pueda armonizarse con los estándares internacionales. En una sociedad democrática las investigaciones y los procesos penales se enfrentan en libertad, salvo en los casos excepcionales en que la restricción de la libertad sea necesaria para los fines del proceso, tal y como lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La reforma constitucional de 2011 redefinió el principio de supremacía constitucional, el cual se predica ahora a partir de la consideración material y no formal de nuestra Constitución, con los derechos humanos como columna vertebral. No es la fuente normativa sino el contenido material de las normas lo que define los valores supremos de nuestro ordenamiento.

A 10 años de que la Corte revolucionara el sistema jurídico mexicano con la ampliación del parámetro de regularidad constitucional y la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es tiempo de clarificar la manera en que, conforme a nuestro texto constitucional, deben resolverse las contradicciones entre éste y los tratados internacionales, cuando están de por medio los derechos humanos de las personas. Es tiempo de explicar lo que implica, verdaderamente, estar a lo que indica el texto constitucional.

Arturo Zaldívar


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