La educación superior, una mirada retrospectiva (II)





Fabián H. Galindo */


Dia de publicación: 2021-10-11


Segunda de varias) 

Una de la actividades más importantes de toda organización es la planeación. La hacen los gobiernos, los negocios y por supuesto, las IES. Sin embargo, hacer un plan multianual de actividades en instituciones de gran tamaño, obliga a los responsables ejecutivos a emplearse a fondo en los temas de inclusión, coordinación, certidumbre, con relación a la organización objeto de la planeación y respecto a conocimiento pleno de sus entornos; estas son condiciones necesarias para que el plan tenga las bases que permitan generar un plan eficaz para la consecución de metas y objetivos; las condiciones suficientes dependen de la ejecución y uso del mismo. Las condiciones señaladas más relevantes son las siguientes:

1.CERTIDUMBRE MÁXIMA DEL ESTADO QUE GUARDAN LA INSTITUCIÓN Y EL ENTORNO.

El análisis diagnóstico del entorno es fundamental, toda vez que, si no se conocen las características, las problemáticas, las aspiraciones y las necesidades de la  población objetivo, no se podría planear razonablemente

2.CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS GESTIONES PREVIAS. 

Como sucede en la generalidad de las universidades públicas del País, la Universidad de Sonora no viene cumpliendo con esta condición, lo que posible verificar en la historia de los resultados logrados por la Institución, los cuales pecan de omisión en cuanto a atención a los principales problemáticas que afectan al entorno. Esta afirmación se basa en los hecho del día a día y, ante la carencia de un sistema de evaluación genuino, o sea, un modalidad de evaluación sistémica que analice los los procesos y resutados al margen de cualquier intención política o de lucimiento par fines de simulación.

Para validar los procesos y resultados, resulta preciso focalizarlos y contrastarlos cuantitativa y cualitativamente contra los objetivos y metas establecidas el los Planes Institucionales. Lo anterior no se hace, pese a que la propia ley orgánica vigente, capítulo 6º inciso IV, señala la que la Universidad “Instituirá la práctica de la evaluación interna y externa para el mejor logro de sus objetivos institucionales”. Ciertamente, los  rectores cumplen con informar anualmente, hasta ahora lo han hecho mediante publicaciones burocráticas, muy floridas, en los cuales no se comprueban el logro de los objetivos y metas declarados en el Plan. Las estadísticas educativas y los hechos demuestran lo contrario.

En México, tras cinco décadas (1970-2018) de tratar de disponer de un sistema de evaluación de la Educación Superior, se ha logrado tener un “Sistema Nacional de Acreditación y Educación Superior de la Calidad”, misma que hasta ahora no ha dado resultados; lo vemos todos los años, los desempeños de las universidades públicas se pierden en la opacidad de los informes a modo, como es el caso de la UNISON.  De hecho, la sociedad sonorense no tiene indicios tangibles y claros de que tanto aportan los egresados a la sociedad, o sobre en que forma impacta la investigación en el aparato productivo del Estado. 

La sociedad exige, y con razón, resultados cualitativa y cuantitativamente verificables; pero, por supuesto, los documentos oficiales, planes de desarrollo Institucional y los Informes anuales, son piezas artificiales, aclimatados al “sistema nacional de simulación” que son parte de las organopatías que se establecieron en los últimos cinco gobiernos de la república; mismas que ha sido aprovechadas por los malos gobiernos del Estado, quienes, sin pensarlo crearon su propio  “Sistema Estatal de Simulación” al que, muy lamentablemente,  los dirigentes de la UNISON se han adherido. Como es sabido, los planes de desarrollo a nivel nacional, estatales, municipales e institucionales en general, son tan fastuosos como inconcretables. Lo viví por décadas fuera y dentro de la UNISON; en esta,  los planes que se realizan en un par de oficinas, son excluyentes y por lo tanto estás desligados de la realidad. Gran parte de los universitarios sabemos que los planes de desarrollo de la Institución son productos cuyo objetivo es simular que todo marcha muy bien. 

3.CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS.

En este renglón la Universidad no presenta problemas severos en cuanto a las actividades sustantivas, se tiene a los mejores académicos del Estado, no le sobra presupuesto, pero sale adelante con los dineros que le entregamos los contribuyentes. 

3.MARCO JURÍDICO-REGLAMENTARIO FORMAL Y OPERATIVAMENTE VIGENTE. 

Esta es la parte más espinosa de la problemática de la Institución, al menos para los sindicatos, de la que, creo que la mayoría de sus integrantes pide su abolición y recambio. Sería innecesariamente largo hacer una reconstrucción de la situación que prevalecía entre 1982 y 1989, en la cual se gestó la Ley 4, hoy día imputada como la causa de todos los males de la Universidad. Que bueno sería para la Institución que la Ley 4 fuera la causalidad, bastaría con suprimirla y sustituirla y , como por arte de magia, desaparecerían los problemas.  

Es innegable que cuando una norma ya no resulta adecuada para la marcha de una organización cualquiera, hay que, modificarla o diseñar una nueva. ¿Será este el caso de la UNISON? Los argumento más recurridos por los detractores de la LEY 4 son los siguientes:

i. La ley se impuso sin consultar. 

Por supuesto que las leyes se tiene que consultar con todos los componentes de la sociedad del Estado:  ciudadanos, gobiernos, empresarios, colegios profesionales, autoridades de los bachilleratos y preparatorias, todas las IES del Estado  y obviamente, a todos los componentes de la UNISON. Cuando el Rector Valencia convocó a la comunidad a cambiar la ley, la mayoría de los universitarios callaron, aunque una buena cantidad de ellos manifestaron su acuerdo, al igual que diversas organizaciones empresariales, sindicales, jefes de familia y una buena cantidad e agentes sociales. De hecho la Ley tiene 30 años de vida y, que curioso, los rectores no hicieron algo para modificarla o cambiarla y, no solo no la modificaron, la gozaron al máximo acomodando a sus favoritos, la gran mayoría “adversos en la forma a la Ley 4, pero conversos en su utilización como medio de poder.

ii. Fomenta el autoritarismo.

La Ley 4 no puede fomentar el autoritarismo, pues los comportamientos autoritarios dependen de los individuos, no de las normas; lo que la Ley establece son cadenas de coordinación verticales, horizontales y transversales; si alguien las usa para actos autoritarios, debería ser sancionado, para eso están los canales formales, empezando por la queja ante las instancias superiores: jefes de departamento, directores de división, consejos académicos, Colegio Académico, Rector y Junta Universitaria y, por supuesto, autoridades laborales, civiles y penales, para casos extremos.  

iii.Ley antidemocrática, excluyente  y autoritaria en la dirección de la Institución.

Las comunidades académicas, estudiantiles y trabajadores son parte del gobierno autónomo de la universidad, no han sido excluidas pues, de hecho, más de 300 universitarios ocupan posiciones que van desde Jefes de academia, coordinadores de carrera, secretarios y jefes departamentales y más de 100 personas que participan en los órganos colegiados, todos tienen derecho a buscar participar: académicos, alumnos y trabajadores. 

iv. La exclusión de universitarios del gobierno autónomo viola la constitución.

Como señalé en el punto anterior, las comunidades académicas, estudiantiles y trabajadores no han sido excluidas del gobierno universitario; las participaciones de estos dependen de las decisiones colegiadas y por supuesto, del peso curricular de los universitarios, así como de la decisión de las bases respectivas. Cada que se va a nombrar un representante, se consultan a sus bases; que la mayoría de los jefes de departamento sean tramposos, es un problema de cultura política interna, por cierto sumamente arraigada en las universidades públicas, en franca imitación de los procedimientos de que utilizan las organizaciones no universitarias carentes de una verdadera convicción democrática. 

v. La UNISON-ANUIES impusieron el “Modelo Educativo 2030”

La ley posibilita a los órganos personales y colegiados, cómo lo establecen la generalidad de las leyes universitarias del país, a generar vínculos de cooperación y cotrabajo con otras instituciones, todo sujeto a la aprobación de los órganos del sistema del Gobierno Universitario; de hecho ANUIES tiene más de 50 años siendo una instancia de “apoyo” y coordinación de la IES; además, ANUIES siempre ha estado altamente vinculada a la UNESCO. 

Sobre la pertinencia de la adopción del Modelo Educativo 2030, el tiempo lo dirá; a la mejor es una pavada más, a la mejor es algo bueno, a la mejor la UNISON hace un uso indicado del modelo (cómo no ha sucedido con el uso de la Planeación Estratégica que la UNESCO recomendó vía ANUIES en 1988). Hasta ahora resulta evidente que durante los años de máxima sumisión a los intereses foráneos, la SEP manejaba a ANUIES a su antojo, pues su función fue, hasta hace muy poco, hacer que la IES de país estuvieran de acuerdo con las instrucciones de la UNESCO y de otros organismos multilaterales. La adopción del MODELO EDUCATIVO 2030, fue decisión del Colegio Académico de la Universidad de Sonora, los universitarios inconformes tienen la opción de recurrir a las las instancias superiores, Rectoría y Junta Universitaria, a hacer valer sus argumentos.

4. AUTONOMÍA GENUINA, LA CONDICIÓN NECESARIA MÁS IMPORTANTE 

i. La autonomía, en la Universidad de Sonora, es el argumento que más recurrentemente utilizan las organizaciones politizadas de las universidades públicas nacionales, como soporte de sus demandas y reclamos; la Universidad de Sonora no es la excepción, en este caso  la autonomía universitaria (AU), conjuntamente con el tema de la Ley 4, son los casos más arguídos; hasta ahora ha sido difícil clarificar que, la autonomía universitaria es un blindaje que tiene como objetivo proteger el trabajo académico de ideas oscurantistas y de las actividades que no encajan legal ni operativamente en los procesos universitarios.  

ii. La autonomía universitaria se asemeja a los semáforos de Hermosillo, pocos lo respetan; pero, en realidad, hay decenas de formas de no respetarla, pues se puede violar desde fuera o de adentro. El caso más común y grave es el de la injerencia de organizaciones políticas o gubernamentales en los asuntos que son de exclusiva competencia de los universitarios, es una flagrante violación a la AU; otra forma de violación de la AU se da cuando, los universitarios, sean rectores, funcionarios, integrantes de algún órgano de gobierno y aún los académicos, realicen acciones motivados por intereses no externos amparados en su función universitaria. Es muy común que los rectores con aspiraciones políticas ocupen recursos y palancas universitaria para lograr sus metas políticas; eso es violatorio de la AU; en general, cualquier uso de los tiempos y recursos que pertenezcan a la Universidad para fines no universitarios, constituyen violaciones a la AU. En este caso está  selección de los rectores de 1993 hasta 2021, en los cuales dos poderes políticos individuales externos han decidido todas las selecciones de Rector ocurridas en el periodo señalado. 

En mi opinión, los gobernadores pueden y deben meter las manos en los espacios educativos; toda vez que en su calidad de Jefes de una Entidad Federativa, tienen la obligación de asegurarse de que las IES cumplan, en primer lugar, con la misión a las que las constituciones le obligan y, en segundo lugar, a asegurar, a los ojos de la sociedad, el buen uso de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con que los contribuyentes habilitan a las IES.

(*) Profesor jubilado, [email protected]      tel 662 1887590


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