El (des) Informe de Padrés ( II )



Lo que el Gobernador seguramente no dirá en su IV Informe al pueblo de Sonora


Indudablemente que el tema de la construcción y operación del Acueducto Independencia, la “eliminación” del impuesto Comun para el 2014, el Estadio Sonora, el primer lugar en educación a nivel nacional, la inversión histórica en pavimentación de calles y el inicio de la presa Bicentenario, serán el eje rector de su discurso mientras los bloqueos en Vícam, el caos transportista y los golpeteos pre-electorales continúan por la falla de sus operadores…

Redacción Dossier Político

Dia de publicación: 2013-10-11


Guardería ABC

Al igual que la otra socia de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Gildardo Francisco Urquídez Serrano fue exonerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal y administrativa del Quinto Circuito, por lo que se convierte en el segundo implicado en lograr la absolución por la tragedia del 5 de junio y jamás podrán ser juzgados por el caso que enlutó al país. 

Al cumplirse 4 años y 4 meses del incendio de la instancia infantil en Hermosillo, Urquídez Serrano enfrentaba cargos por homicidio y lesiones culposas, además de uso indebido de atribuciones y facultades; sin embargo, el juez correspondiente determinó que éste no intervenía en la operación, administración y dirección de la Guardería ABC, por lo que no podrá ser juzgado ya por estos delitos.

Lo anterior, debido a que fundamentalmente no se le puede imputar cargo penal por no atender la normatividad en materia de Protección Civil, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que al igual que la señora Gómez del Campo Tonella no podrá ser llamado a cuentas por la justicia. 

De la larga lista de implicados no se ha logrado fincar responsabilidad penal ni civil a ningún ex funcionario de la administración pasada, tanto del Gobierno de la República, del Estado y Municipio de Hermosillo; 

El pasado 19 de septiembre, Dossier Político documentó que integrantes de “Manos Unidas” recriminaron al presidente Enrique Peña Nieto, a través de un desplegado en medios de circulación nacional, su indiferencia y su falta de compromiso de resolver las causas del incendio de la Guardería ABC, promesa que empeñó como candidato el pasado 19 de junio del 2012.

La promesa como candidato la hizo en Ciudad Obregón durante una gira de trabajo por Sonora “me quiero comprometer ante ustedes a ser sensible a este problema, darle la atención; de llegar al Gobierno tendrán la garantía de que este decreto se mantenga y, eventualmente, amplíe derechos”.

Ese 19 de junio, Dossier Político documentó la promesa cuando en compañía del diputado federal y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, el hoy presidente de la República aseveró que “he escuchado las peticiones que sintetizan, primero que se aplique justicia, que la PGR realmente se ocupe de la investigación, la atención debida por parte del IMSS a los niños que resultaron con quemaduras y lesiones”.

“Es lamentable y penoso, lo más grave es querer medrar y hacerlo parte de la discusión política, entiendo la percepción que tienen que los derechos no vayan a permanecer, tengan la seguridad de la atención a las peticiones y demandas suyas; me parece legítimo que tengan la preocupación; si llego al Gobierno se mantendrá el decreto del 20 de julio de 2010; tengan la tranquilidad que en el cambio de Gobierno no tendrán afectación”, dijo.

El lunes, la señora Ofelia Vázquez Ruelas reveló a DP que una vez más solicitaron al mandatario que haga valer su voluntad política para resolver el caso que por 4 años, 3 meses y 5 días ha permanecido “empantanado” y no ha registrado avances significativos pues hasta el momento ninguna persona señalada como responsables ha pisado la cárcel. 

En el posicionamiento publicado en los principales medios de circulación nacional al cual este medio tuvo acceso, exponen que “ante la imposibilidad de hacerlo en forma personal, toda vez que hasta el momento no se nos ha concedido un audiencia con Usted, la cual hemos solicitado con mucha anterioridad, los padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que integramos el grupo MANOS UNIDAS POR NUESTROS NIÑOS, nos vemos en la necesidad de utilizar este medio para poner en su alto conocimiento la situación que prevalece en torno al caso y que desde luego por lo extremadamente delicado del mismo, se requiere desde ya la toma de decisiones para su total resolución”.

Además, precisan que en este sentido permítanos decirle que reconocemos los esfuerzos que hace la Procuraduría General de la Republica en la labor de investigación para el esclarecimiento del caso, sin embargo el ritmo de trabajo que imprime a las investigaciones es tan lento que tranquilamente pasara su sexenio sin que haya una determinación y esta situación ha propiciado que una persona señalada en la investigación como uno de los participantes en la provocación del incendio que costó la vida de nuestros menores hijos y cuya identidad por razones obvias nos reservamos, recientemente falleció en un aparente “suicidio” con motivo de un extraño operativo policiaco.

“Créanos señor Presidente que esa noticia nos causó mucha rabia, impotencia e indignación y más aún al saber que PGR no había realizado acción alguna para su localización y/o detención, no obstante que dicha autoridad tenía conocimiento de su responsabilidad en la muerte de nuestros hijos desde dos meses antes de su supuesto suicidio.

Consideramos la muerte y lesiones de nuestros hijos como un CRIMEN DE ESTADO, toda vez que se produjo como consecuencia directa e inmediata de una acción y decisión de gobierno, tomada y ejecutada por personas que ostentaban el poder en el sexenio anterior del Gobierno del Estado de Sonora, quienes sin ningún recato ordenaron la destrucción de documentación oficial que eventualmente revelaría la comisión de prácticas y actos ilegales en el ejercicio de los recursos públicos.

Mucho se habla de la violencia e inseguridad que se vive en el país y ambos males tienen un mismo origen, el de la IMPUNIDAD, ya que mientras se sigan cometiendo delitos sin que sean castigados los responsables, seguiremos padeciendo y sufriendo, ya que mientras no se castigue a los responsables directos de la muerte y lesiones de nuestros hijos (PGR ya sabe quiénes son) no tendremos paz para vivir el duelo por tan grande perdida.

Le recordamos que en su carácter de candidato presidencial hizo un compromiso con nosotros que de resultar electo Presidente de la Republica, se tomarían las decisiones necesarias para resolver el caso y fincar las responsabilidades correspondientes en contra de todos los involucrados sin importar la posición política o económica que tengan y aún estamos esperando que se dé cumplimiento y no le tiemble la mano para que los responsables por la muerte y lesiones de nuestros hijos, se pongan a disposición de la autoridad judicial para que respondan a la sociedad por sus graves acciones.

Asimismo también se comprometió a que el Estado Mexicano cumpliría con la obligación que le corresponde en cuanto al tema de la reparación del daño, tal y como al efecto lo señalo el Dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Facultad de Investigación No. 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de Noviembre de 2010 y que incluso el Gobierno Federal ha merecido dos exhortos del Poder Legislativo Federal, sin que hasta la fecha el IMSS, que es la entidad responsable por parte del Gobierno Federal de dar cumplimiento a esta obligación, lo haya realizado, motivo por el cual nuevamente solicitamos su intervención para que de una buena vez y por todas se resuelva esta situación.

El 27 de agosto, el representante legal de los padres integrantes del grupo “Manos Unidas”, Lic. Gabriel Alvarado Serrano, reveló en la primicia y exclusiva para Dossier Político los alcances de la resolución que revoca la exoneración de Francisco Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours, donde confía en que ya no existan más los “intocables” en las investigaciones de la tragedia de la Guardería ABC.

El abogado Alvarado Serrano precisó a DP que con esta resolución, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con los elementos suficientes para consignar a los implicados señalados a un Juzgado; sin embargo, expuso, “aún falta que la resolución judicial quede firme ya que los ex funcionarios aún pueden objetar y el caso volvería a subir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que muy probablemente estará del lado de las víctimas”.

Alvarado Serrano describió que la exoneración que diera la PGR en mayo del 2012 que hoy fue revocada, será evaluada de manera objetiva por las nuevas autoridades de la dependencia federal, por lo que confía en que en cualquier momento la PGR pueda consignar a Molinar Karam, Bours y Ernesto Gaytán ante un Juzgado.

Explicó que existe el recurso de revisión donde los involucrados pueden objetar tal resolutivo, por lo que existe el riesgo de que con su poder político y económico éstos podrían ejercer presión sobre jueces y magistrado como aparentemente sucedió en el pasado y durante los juicios en el caso de la tragedia de la Guardería ABC.

El representante legal de “Manos Unidas” dijo además que en caso de que los presuntos acudan a la revisión en un Juzgado Colegiado, el caso pasaría directamente a la SCJN, instancia que con seguridad dará la razón a la revocación de la exoneración vigente.

“Se corre el riesgo de que estas personas recurran al recurso de revisión, pero más aún que puedan e intenten presionar a jueces y a los mismos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el riesgo siempre existe lamentablemente”, indicó en exclusiva a Dossier Político.

Gabriel Alvarado Serrano señaló también que esta acción del juez Martínez Martínez da un giro de 180 grados en las investigaciones del llamado “ABC: El Expediente de la Impunidad”. 

Destacó que a petición expresa de los integrantes de “Manos Unidas” y sobre todo por el manejo puntual, objetivo  y por ser el medio de comunicación en México más informado sobre el caso ABC, se determinó en consecuencia dar la primicia y exclusiva a Dossier Político sobre la revocación de la exoneración a los ex funcionarios señalados, así como posteriores avances en las investigaciones.

Desorden financiero

El 15 de septiembre, Dossier Político informó que abonando al colapsado sistema de pensiones del IMSS e Issste que el Gobierno de la República puso “en coma” en México, ahora el Gobierno del Estado saqueó el Fondo de Pensiones pues además de adeudar más de 40 mil millones de pesos también se perdieron las reservas por aportaciones y de 2 mil 300 sólo quedan 200 millones para los 12 mil pensionados y jubilados que para el 2015 serán más de 17 mil en Sonora.

Al menos, en la primera lectura que arroja la revisión de la Cuenta Pública 2012.

El saqueo

Derivado del análisis de la Cuenta Pública 2012 del Gobierno por parte del Congreso del Estado al informe que ominosamente rindió el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), órgano que en apariencia habría incurrido en proteccionismo, omisión y negligencia, se logró establecer que al menos 6 mil millones de pesos del erario público no comprueban uso ni destino sólo el 2012, falta ver lo que saldrá del 2013.  

El diputado Carlos Navarro López, férreo opositor a la carga impositiva en Sonora, puso el dedo en la llaga al acusar del saqueo inmisericorde de las puntuales aportaciones que han realizado casi 60 mil burócratas del Estado, de los 72 Municipios y Universidades al Isssteson por concepto de Fondo de Pensiones que debería superar los 2 mil 300 millones de pesos; sin embargo, asegura que en este momento el fondo tiene 2656 millones.

Indignado, cuestionó ¿dónde quedaron los 2 mil 100 millones de pesos que aportan miles de ciudadanos para nuestra jubilación?, es increíble que no expliquen en qué se gastaron esos recursos que hacen falta, el ISAF no lo explica, su informe está incompleto y tiene que concluirlo, los diputados del PAN se están haciendo los payasos; esto es algo serio, es indignante lo que está pasando”-

Por si fuera poco, “resulta espantoso documentar que en la revisión contable a las arcas de esta institución se hayan hecho 100 observaciones, creo que es urgente que los directivos de la dependencia renuncien a sus cargos por el grave desorden que existe en el manejo de los recursos de los trabajadores al servicio del Gobierno”.

El “desorden”

Y es que el miércoles, diputados del PRI, PVEM y del PRD en sesión extraordinaria reprobaron el dictamen  del informe de los análisis de la Cuenta Pública del Estado en su ejercicio fiscal del 2012, presentado por el Instituto Superior Auditoria y Fiscalización. 

Cabe recordar que en un Resumen Ejecutivo leído el miércoles en la Comisión de Vigilancia por la legisladora del PRI Karina García, señaló una serie de irregularidades encontradas en el Informe del ISAF en la Cuenta de la Hacienda Pública del año pasado, de 2 mil 519 observaciones quedan pendientes por solventar 673 irregularidades.

Calificaron como “el mayor desorden administrativo” en la historia del Estado de Sonora en dependencias como Fondo para la Modernización del Transporte (FEMOT) Isssteson y la Secretaría de Gobierno.  

La legisladora del PRI reveló que se desconoce el destino de los créditos contratados por $400  y 200 mil pesos que aprobó la 59 Legislatura el 24 de marzo del 2011 en el Decreto número 101 y modificado el 7 de diciembre del 2001 en el Decreto número 152. 
Se detectó el pago de 30 millones de pesos de manera indebida a servidores públicos, de los cuales 17 millones de pesos fueron a parar al Isssteson, lo que significa que el Gobierno del Estado no cumplió con el Plan de Austeridad. 

En el caso de la partida 25301 denominada Productos Farmacéuticos, en donde se encontró la existencia de pagos de más de 9 millones de pesos con comprobantes que no cumplen con los requisitos fiscales en virtud de que no cuentan en el cuerpo de la factura, la cantidad, descripción y precio unitario de los medicamentos adquiridos por la dependencia.

Se comprobó –aseguró la legisladora- un déficit en la constitución del “Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones” por 40 mil millones 768 mil 888 pesos con 97 centavos.

En el caso de la Secretaría de Gobierno no exhibió documentación comprobatoria que ampare el gasto de 135 millones de pesos; un caso similar es el de la Secretaría de Educación con 76 millones; Fomento al Turismo 22 millones y la Secretaría de Salud 8.8 millones de pesos.

Carlos Navarro López legislador del PRD pidió a los integrantes de la Comisión que se elaborara un dictamen para ser turnado al Pleno del Congreso del Estado como se hacía antes en donde los diputados realmente fiscalizaban, “es muy penoso que ISAF haga el trabajo que le toca a los diputados. 

El ISAF no sólo debe de hacer observaciones o mencionar las anomalías; hay que aplicar sanciones administrativas o sanciones penales contra quien haya hecho mal uso de los recursos públicos. 

Navarro López recordó que en el año de 1997 los diputados del Congreso del Estado “abdicaron de calificar las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado. 

Por su parte, Abel Murrieta Gutiérrez lamentó que las irregularidades detectadas vayan en aumento, incluso, se refieren con daño patrimonial que la Ley de Fiscalización los califica como delitos graves, el órgano auditor sí tiene “dientes” y no como lo ha venido sosteniendo el Auditor Mayor, Eugenio Pablos Antillón; el priísta citó el Artículo 41 de la ley que establece la obligación de informarnos, además de resarcir los daños.

Además la ley señala “que si en el ejercicio de fiscalización superior aparecieran irregularidades que permiten presumir la existencia de un delito es su obligación presentarla”; en el Artículo 43 señala que las acciones resarcitorias tiene como objeto restituir al Estado y los Municipios o Cuentas Públicas correspondientes el monto del daño patrimonial  y del daño que se ha causado respectivamente a la Hacienda Pública. 

También el Código de Procedimientos Penales contempla en el Artículo 188, “que toda persona que en el ejercicio de sus funciones públicas tenga el conocimiento de un delito que debe de perseguirse de oficio está obligada a participarlo inmediatamente ante el Ministerio Público trasmitiendo todos los datos que obtuviere. 

Mientras que el Artículo 180 de la misma Ley señala como “abuso de autoridad” por incumplimiento de un deber legal… en su Fracción 8va dice: “procure la impunidad de los delitos o faltas que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, absteniéndose a hacer la denuncia de hechos o entorpeciendo su investigación”. 

Gildardo Real Ramírez, a nombre de la bancada del PAN, dijo que las observaciones que hacen los legisladores de Karina García, Abel Murrieta y Carlos Navarro son políticas más no técnicas, que las irregularidades de las que hablan los tres legisladores el ISAF tiene la facultad desde hoy, iniciar los procedimientos de tipo administrativo o legal.

Insistió en que las observaciones de los legisladores son juicios de valoración partidista y pidió al presidente de la Comisión José Luis Marcos León Perea que se asentara en el acta que su bancada hará un posicionamiento del mismo juicio de valor que se está planteando. 

Por su parte Eugenio Pablos Antillón en la reunión del miércoles de las Comisión de Vigilancia aclara que el Estado tiene 30 días más los inhábiles que puedan solventar las 673 irregularidades de las 2 mil 519 observaciones y aclaró que el hecho de que en la Cuenta Pública del 2012 se hayan presentado más observaciones no quiere decir que haya más negligencia. 

En el caso de las observaciones a Femot, cuando llega la denuncia del PRI y del PVEM ya se estaba observando y ahora se están viendo ambas; en el caso del Isssteson aseguró que son más de las 100 observaciones que presentó el PRI y sólo esperan que el Congreso del Estado oficialice esas observaciones para entrarle al procedimiento que sigue.

La quiebra

Después de las reiteradas denuncias públicas expuestas a Dossier Político de parte de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, PVEM y de PRD sobre desvíos de recursos y un grave “boquete” financiero, ahora los diputados del PRI advierten de “histórico desorden financiero” en el Gobierno del Estado.

A través de un desplegado, los legisladores aseveran que “los sonorenses reprobamos la Cuenta Pública del Estado, el mayor desorden financiero en la historia, malos manejos, no comprobación del Gasto, desaparición de recursos, uso de cuentas bancarias no autorizadas, 70 % de la obra pública con irregularidades y Gasto excesivo”.

En el documento, denuncian además “histórico desorden en finanzas del Estado revela reporte del ISAF, no se cumplieron metas programadas en el Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del Estado obtuvo más de 6 mil millones de pesos de recursos excedentes y aún así no cumplieron el 40 % del Plan Estatal de Desarrollo”.

Sobre el transporte público, los legisladores sonorenses del tricolor exponen que “se desconoce el destino y aplicación de los créditos contratados por 400 millones y 200 millones para determinar si se aplicaron conforme la autorización realizada por el Congreso, hay denuncias ante la PGR por peculado y otros delitos en contra del secretario de Hacienda y el ex director del Femot por estos hechos”.

En la exposición y largo “rosario”, los priístas aseguran que “la deuda a proveedores se tiene registrada por la cantidad de 956 millones 542 mil pesos, los adeudos a proveedores significan un desorden mayúsculo en las finanzas estatales; se piden servicios y productos pero no se pagan o se pagan  únicamente a los amigos”.

“No exhibición de documentación comprobatoria que ampara el gasto de 409.9 millones de pesos, 30 millones de pesos de pagos indebidos a servidores públicos, 17 millones del Isssteson, 9 millones de pesos en los que no se comprobó ni cantidad ni qué clase de medicamentos adquiridos”, critican.

Y manifiestan que con la Reconducción Presupuestal no hicieron caso de la ley, gastaron de más y como castigo recibieron únicamente un regaño y entre los recursos del Femot y las irregularidades de las dependencias estatales suman 6 mil millones de pesos que no pueden comprobar”.

“La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado reprueba la Cuenta Pública del Gobierno del Estado e instruye al ISAF para que en caso de que el Gobierno no solvente en el término de 30 días, promueva ante las autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad administrativos y penales que resulten procedentes, así como la exigencia de la devolución de los recursos mal utilizados”, exponen en sus conclusiones.

Padrés, debe irse

“Definitivamente el gobernador Guillermo Padrés debe irse y no sólo eso, debe ser desaforado y sometido a un proceso por los agravios a los sonorenses”, aseveró el líder de la Izquierda, Gerardo Fernández Noroña, en visita a Dossier Político como parte de su gira de trabajo “Porqué sí oponerse a la reforma energética”.

En exclusiva para DP, el ex legislador federal por el Partido del Trabajo destacó en esta Casa Editorial que Padrés “le quedó ´chico´ a las demandas y al sentir de los sonorenses pues no ha cumplido como gobernante, yo lo he dicho y no cambio mi discurso, los sonorenses deben ir a Palacio de Gobierno y sacarlo del poder, así de sencillo”.

En la amplia entrevista concedida a este medio el férreo defensor de la no privatización de Pemex, expuso que el próximo 15 de septiembre la gente debe salir a dar el tradicional Grito a la plaza Zaragoza aún con el anuncio del Gobierno que implementará un operativo de seguridad con una serie de “filtros” similares a los del Estado Mayor Presidencial.

“La gente ya está cansada, se siente ofendida, agraviada, ni tres vallas pueden detener ´El Grito´ ciudadano, ´mega-mentada´ como se dice aquí y tiene derecho, por esa sistemática forma de ofender al Pueblo, insisto, no sólo debe irse, renunciar, debe ser sometido a un proceso y debe ser encarcelado”, consideró.

Contextualizó que el Gobierno utiliza a las Policías y al Ejército para acallar las voces de los mexicanos sumidos en el hartazgo por la manera en que un selecto grupo de poder se sigue beneficiando con el erario público, donde el hambre, la pobreza, la desigualdad y el desempleo es una constante en un país que además no lee.

“Convoco a los sonorenses, a los mexicanos a la desobediencia civil, a defender a la Patria, a participar en la defensa del petróleo, no estamos pidiendo dádivas ni limosnas, Pemex es de todos los mexicanos, dejemos un mes de ver la televisión, sobre todo Televisa, paremos todo al menos por 20 días y obtendremos respuestas de parte del Gobierno”, precisó.

STEUS, sin pensiones

El pasado 21 de marzo de este 2013, con el ofrecimiento del 3.9 de incremento salarial y 0 por ciento a las prestaciones sociales, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) en Asamblea General determinó emplazar a huelga a las autoridades de la Unison, reveló en entrevista para Dossier Político el M.A. Modesto Torres Valerio.

La Asamblea General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora emplazó a huelga a la institución luego de que las autoridades negaran beneficios sociales a la planta laboral sobre todo en lo concerniente al tema de las jubilaciones al no recibir ningún tipo incremento en prestación social.

El secretario general del STEUS lamentó que en las Mesas de Negociaciones la Universidad sólo pretende orillar a los sindicatos a tomar medidas extremas como paros, manifestaciones y huelga a fin de que la Opinión Pública critique las acciones del Derecho Laboral y no el desinterés del Rector y la Comisión Revisora por dignificar la vida del trabajador.

¿¡Universidad con Responsabilidad Social?¡, cuestionó el maestro Modesto Torres.

En la entrevista con DP, lamentó que la Universidad de Sonora solamente haya ofrecido un 3.9 de incremento salarial y 0% para prestaciones no ligadas al salario, según Oficio No. SGA/097/2013 firmado por la secretaria general Administrativa, M. E. Rosa Elena Trujillo Llanes.

“Consideramos que no es un trato serio el de la Comisión Revisora de la Unison, una vieja estrategia de retardar los ofrecimientos; la Universidad debe de entender que es otra la forma de negociar en base en argumentos y sustentos económicos y financieros, sino parecería que esperan las medidas de presión que tanto afectan a los estudiantes”, criticó.

Amplió que “en esta revisión tenemos ejes principales como son jubilación integral, homologación de la despensa, reestructuración del tabulador, zona de vida cara, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, fondo complementario de pensiones y jubilaciones”.

Paradójicamente, el 11 de marzo, fecha del 37 Aniversario del STEUS, por su labor educativa, trabajo de vinculación con los sectores productivo y social, investigación, servicios a la comunidad, producción cultural, acciones en sustentabilidad y otros rubros, la Universidad de Sonora recibió por quinto año consecutivo la distinción de Organización Socialmente Responsable.

Se trata del distintivo ESR 2013, el cual se otorga a empresas e instituciones al cumplir, más allá de sus obligaciones legales, con la gestión de políticas, procedimientos y programas que inciden positivamente en las comunidades en que opera y, en general, el entorno social de la región Noroeste de México.

Jubilación Integral

Torres Valerio precisó a Dossier Político que “parte de nuestro liderazgo es el estar ocupados por el futuro de nuestros adultos mayores, para poder encontrar una solución al problema de la pensiones y poder llegar a una jubilación integral, estamos dispuestos a que esto sea gradual para que se pueda tener un sustento económico, en el que se vean variables de antigüedad pero también de vejez”.

Señaló que en este tema no existe beneficio social exagerado, por ello, “es necesario evaluar para reformar este esquema tan injusto de jubilación, una reforma suficiente con sustento financiero; entrémosle de manera tripartita sindicatos universidad e Isssteson”.

El Secretario General del STEUS explicó “una jubilación que es necesaria, pues es muy fuerte la disminución de los ingresos cuando los compañeros se jubilan, así como de la asistencia médica; como sindicato estamos trabajando en la conformación de un Fondo Complementario de Pensiones y Jubilaciones, en el cual estamos solicitando también que se le inyecté recursos, pero esto es aparte de la solicitud de jubilación integral, es un esfuerzo de nuestro gremio”.

Describió que, por otra parte, “tenemos un seguro de gastos médicos mayores el cual ya no podemos pagarlo, sería un gran avance poder tener una opción B para esta prestación, una póliza que esté a nuestro alcance de pago, no importa que no tuviera la misma cobertura ya que son menos de 300 los compañeros con esta póliza actualmente de más de mil 941 asociados”.

Explicó a DP que la póliza del seguro de vida tiene más de diez años que no se aumenta, “tenemos una póliza de 330 mil pesos y estamos solicitando un incremento a 500 mil pesos”.

En resumidas cuentas, dijo, “nuestros compañeros no se jubilan porque se van con menos del 60% de su sueldo, sin un servicio público suficiente, sin una póliza de estos de gastos médicos mayores y con una reducción en su póliza de vida a menos de la mitad de los activos; esto no es ser socialmente responsable”.

Indicó que otros puntos de estudio son:

Homologación de la despensa como la reciben los trabajadores de confianza de mil 900 pesos. 

Actualmente se nos paga mil 300 pesos,

Reestructuración del tabulador, 5% para distribuirse al tabulador actual. 

Sin embargo, pese al esfuerzo del líder del STEUS para evitar al máximo el emplazamiento a huelga y afectar con ello a la Comunidad Universitaria, determinaron “planchar” las banderas rojinegras e iniciar con el Plan de Acción los primeros días de abril próximo.

El pasado 27 de febrero, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS), M.A. Modesto Torres Valerio, reveló a DP que este año, más de 200 trabajadores se encuentran en tiempo de jubilación, por lo que se hace necesario priorizar el tema de las pensiones en la revisión contractual 2013 entre el STEUS y la Unison, que inicia a partir de hoy con la instalación de las Mesas de Negociaciones.

En entrevista exclusiva para Dossier Político, el secretario general del STEUS destacó que para fortalecer el Fondo de Pensiones y Jubilaciones que tiene proyectado el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, solicitan a las autoridades universitarias una aportación adicional de 2 millones de pesos, recursos que serán depositados en un fideicomiso que administra dicho fondo.

Torres Valerio describió que para antes del 2015, el 20 por ciento de los mil 941 trabajadores y empleados integrantes del STEUS estarán en tiempo de jubilación, por lo que resulta imperativo contar con un fondo acorde a las necesidades de este sector laboral que requiere de la atención de las autoridades.

Expresó que la mayor parte de los trabajadores que llegan a su etapa de madurez laboral al cumplir 28 años de servicio, en el caso de las mujeres y 30, en el caso de los hombres, prefieren quedarse más años en servicio porque hasta el momento la Universidad de Sonora ofrece pensiones del 60 % del salario, de ahí la imperiosa necesidad pugnar por un fondo que permita mejorar la condición de vida de los pensionados y jubilados de la Unison.

El Secretario General del STEUS dijo a DP que en el tema de la transparencia y rendición de cuentas, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora se encuentra a la vanguardia, por lo que los mil 941 integrantes del sindicato reconocen que se ha trabajado bajo el marco legal y de respeto al interior del gremio.

Torres Valerio insistió además en la necesidad de revisar y reformar la Ley 38 del Isssteson a fin de mejorar la calidad de vida de las personas jubiladas y pensionadas, por lo en esta revisión se pide además analizar el convenio para establecer el fondo complementario.

Los 230 mil viejitos

Y apenas el 4 de septiembre, Virgilio Arteaga denunció a Dossier Político que la Ley de Adulto Mayor sigue siendo “letra muerta” en Sonora y que el Gobierno del Estado cobra al adulto mayor mil 500 pesos y no 900 como está estipulado, por lo que la herencia de más de 230 mil “viejitos” se encuentra en riesgo.

El representante de Abuelos Trabajando, Virgilio Arteaga González, asegura a DP que las autoridades estatales ignoran la Ley de Adultos Mayores del Estado de Sonora publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre del 2007, les están cobrando a quienes pretenden realizar su testamento mil 500 pesos cuando el año pasado este cobro era de novecientos.

Sin embargo, según la ley en su Artículo 14, en su Cláusula Primera, indica que el Gobierno del Estado deberá absorber los costos que el trámite del testamento represente en las Notarías, así como la asistencia jurídica:

Artículo 14.- A la Secretaría de Gobierno le corresponde: 

I.- Proporcionar a los adultos mayores asesoría jurídica gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte, entendiendo preferentemente aquellos que se refieren a la seguridad de patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria; los representantes de los adultos mayores acudieron al área de gestión Social del PRI estatal para solicitar su apoyo con las autoridades ya que el 80% de las personas mayores de 60 años no están en condiciones de pagar.

Como si no fuera suficiente la apatía de las autoridades en cumplir para cumplir la ley durante esta administración, dijo, se nombró un Consejo Ciudadano de la Ley del Adulto en donde se tomó protesta incluso por el coordinador de los panistas, Javier Neblina, teniendo como recinto el Salón Gobernadores.

Expuso que el Consejo ciudadano de la Ley del Adulto ha sido ignorado o sólo se cumplió un  protocolo para darle realce a la ley al aparente compromiso del Gobierno en turno con los adultos mayores, pero que solo quedo en palabras; actualmente el 10% de la población en Sonora tiene más de 60 años esto significa que 230 mil personas tienen problemas o tendrán en su momento cuando tramite su testamento.

La Secretaría de Salud

El 7 de mayo pasado, Dossier Político documentó que de acuerdo a informes proporcionados por el Dr. Carlos Manuel González Méndez, el secretario de Salud, Bernardo Campillo, se hizo millonario de la noche a la mañana y llevó al Sector Salud a una condición de quiebra financiera con un saqueo inmisericorde de recursos que pone en riesgo la vida de los pacientes y la funcionalidad de los Servicios de Salud en Sonora.

El Dr. González Méndez sostiene que existe desabasto de medicinas y una deuda superior a los 600 millones de pesos en el Sector Salud, hechos que han provocado la muerte de pacientes ante la falta de equipamiento luego del saqueo que hoy mantiene al secretario de Salud con una mansión de más de 10 millones de pesos en San Carlos, Nuevo Guaymas, lo que no podría pagar con su salario como funcionario del Nuevo Sonora.

El 14 de junio del 2012, dos días después de su despido del Hospital General, el médico sostuvo una entrevista con Dossier Político, denunció que después de 20 años ininterrumpidos como neurocirujano, fue despedido injustificadamente luego de una férrea lucha en pro de la transparencia y contra el desvío de recursos en la Secretaría de Salud de Sonora.

En entrevista exclusiva con Dossier Político, el galeno expresó que “los abusos del poder del Gobierno del Estado no tienen límites, el esperanzador Nuevo Sonora es solamente una pesadilla de la cual no hemos podido despertar, la lucha por nuestros derechos laborales y el pago completo de nuestros salarios de los empleados de la Salud siguen”.

González Méndez describió que “la lucha inicia en el año 2007 en pleno Gobierno autoritario boursista contra los 54 médicos que decidimos a través de los tribunales laborales y la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigir nuestro sueldo completo y nuestras prestaciones para una jubilación justa, ya algunos médicos han fallecido sin haberlo logrado”. 

Amplió que con la llegada del nuevo Gobierno, habiendo en campaña comprometido su palabra, Bernardo Campillo y Gustavo López Caballero, “solamente la traición y la avaricia los ha mantenido deteriorando los sueldos de los empleados de salud y desviando los sueldos a sus arcas propias, se logró en agosto del 2010 constituir un sindicato legítimo, con toma de nota y registro, pero nunca al servicio de los corruptos, nació el SESSS”.

Los “aviadores”

Expuso que el SESSS inició demandas históricas contra los 104 aviadores del sindicato de Villalobos, “líder corrupto que no cuenta con registro ni toma de nota y coordinador de la campaña de López Caballero a la Alcaldía. 

Resultado, una Contraloría solapadora. Un movimiento por la transparencia se inició para conocer el desvío de recursos de las nóminas de los trabajadores de Salud, logrando mediante manifestaciones que se nos entregaran, auditamos y encontramos irregularidades desde el 2006, pero desvíos hasta por el 50% de los sueldos homologados que envía la Federación”.

El Dr. González indicó que el último año se enviaron 187 millones de pesos y se “prestaron” a programas sociales del Gobierno del Estado como Oportunidades, Progresa y Crecer, casi 90 millones.

“Este año, desde febrero se nos inician descuentos a todos los trabajadores de la Salud, con seguros de vida inventados que no solicitamos y nunca entregaron pólizas por 400 pesos al mes, se nos descuentan prestamos inventados, o faltas inexistentes, denunciamos y actuamos requiriendo el cierre de la calle reforma para que se nos reintegrara parcialmente”, precisó.

El día de hoy (jueves), en base a un proceso de levantamiento de acta administrativa abusando de testigos falsos, del Director Administrativo del Hospital General del Estado Huberto García Astiazarán, “sujeto represor de nuestros derechos a manifestarnos y que actúa como supervisor de maquiladora, han dado un duro golpe a la lucha por la transparencia despidiéndome del Hospital General del Estado que durante 20 años fue donde ejercí como neurocirujano”. 

Aseguró que ante la adversidad, su lucha no termina y la búsqueda por la reinstalación, apenas comienza. 

“La verdad saldrá a flote y los responsables de los desvíos de recursos tendrán su castigo; el movimiento no termina con el terrorismo laboral del Hospital General “Dr. Pesqueira”, tiene cuentas pendientes con sus trabajadores por su espíritu mezquino y cobarde”, finalizó el secretario general del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud de Sonora (SESSS).

Sonora Ciudadana

El pasado 21 de junio del 2012, Sonora Ciudadana emitió un comunicado donde expone que tras una persecución constante por parte de los directivos del Hospital General del Estado, el neurólogo y líder del SESSS fue despedido el pasado 12 de junio por exigir transparencia en el manejo de recursos públicos, por lo que se recurrirá a los  procedimientos legales correspondientes  para defenderlo  de tal decisión.

Este es un hecho sin precedentes pues el Sindicato cuenta con toma de nota y registro ante las autoridades competentes, pero no goza del reconocimiento político/administrativo de Servicios de Salud de Sonora. Con este despido injustificado se consolida el “terrorismo laboral” que se ha venido denunciando desde hace tiempo por parte de distintos trabajadores.

“Nuestro actuar no es político-partidista, nuestras demandas empezaron en el anterior sexenio y continúan en el actual, mismo que no ha cumplido con sus compromisos de campaña. Mi despido es por recordarles esos compromisos y es una muestra de la situación que guardan nuestros derechos como trabajadores de la salud”, señaló el Dr. González.

Desde hace cinco años el Sindicato de Empleados de Servicios de Salud de Sonora, que integra a 400 trabajadores de la salud,  ha exigido transparencia en el manejo de los recursos que envía el Gobierno Federal para pagarle a los empleados la llamada homologación salarial, por lo que desde 2008 se han interpuesto 205 demandas laborales para que las autoridades paguen los salarios completos incluyendo las pensiones debidas, como corresponde según los tabuladores oficiales.  

“Preocupa que las autoridades crean que pueden anular derechos básicos de los trabajadores como el derecho a manifestarse”. Señaló Guillermo Noriega Esparza, Director de Sonora Ciudadana AC, quién además recordó que solamente el año pasado el Gobierno Federal envió más de 185 millones de pesos para los salarios de los trabajadores y no todo llega a sus manos. “Ahí es donde tiene fundamento el trabajo de investigación que realizamos con el SESSS”.

Señaló que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos, los tribunales competentes y se hará uso de todos los recursos legales nacionales e internacionales para proteger los derechos de los trabajadores de la salud, al mismo tiempo que hizo un llamado al Gobierno de Sonora a permitir un clima democrático en el que se respete la libertad de asociación y de manifestación.

“No preocupa mi situación, pues sabemos que tarde o temprano los tribunales me reinstalarán en mi trabajo,  lo que preocupa es que quieran aniquilar un movimiento sindical de forma tan autoritaria”.  Concluyó el Doctor.

Para mayor información: Dr. Carlos González,  celular (662) 2762141 

 Antecedentes

• En 1998 inicia la Sociedad de Médicos del Hospital General del Estado a solicitar a ISSSTESON, Servicios de Salud de Sonora y Gobierno del Estado a que se entreguen prestaciones para pensiones del sueldo homologado obtenido por la descentralización (1997). 

• En enero de 2007 (sexenio de Eduardo Bours) médicos del Hospital General inician proceso para demandar laboralmente a los Servicios de Salud de Sonora por la nula respuesta a la integración de la homologación para una pensión. 

• En marzo 2007 se integran 56 demandas laborales por no recibir el salario como es debido. A lo largo de los años se han sumado otros hasta llegar a 205 demandas. 

• En abril 2007 inicia la represión contra médicos que demandaron laboralmente, con amenazas de despido, cambio de horarios y turnos de trabajo, videograbaciones al entrar y salir del hospital, entre otras prácticas de acoso. 

• En julio 2007, diez especialistas insustituibles (únicos en el estado) solicitan, a manera de protesta, permiso sin goce de sueldo. Ceso la represión y el acoso, regresando a sus labores. 

• Los trabajadores de la salud se empiezan a organizar con la principal demanda de int



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