Encontronazo entre Sonora y la Federación por disensos sobre el ingreso-gasto 2019 



-5.1 Billones de pesos se estima sea el ingreso de la administración pública federal, aunque el gobierno de López Obrador no ha dado pormenores de su ley de ingresos y menos del presupuesto de egresos para el año venidero, lo que mantiene a los estados y municipios expectantes y, algunos, esperando lo peor de un pleito en el que nadie gana y pierden muchos. -Mientras la federación hace mutis sobre el gasto federalizado del 2019 para Sonora el gobierno se adelantó remite la ley de ingresos 2019 al Congreso en donde estima captar, al menos, 69 mil millones de pesos. Aun cuando no se conoce a detalle el paquete económico de la federación, la gobernadora Claudia Pavlovich contempla para Sonora nuevos impuestos, más deuda y la venta de bienes del gobierno.

Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico

Dia de publicación: 2018-12-05


Heermosillo, Son. (DP).- Antes del cambio de régimen presidencial, las autoridades hacendarias salientes dejaron anticipado en los pre criterios sobre la política recaudatoria y del gasto público en la administración pública federal, que para el 2019 se espera una captación de 5.1 billones de pesos (son 5 millones unos mil millones de pesos m/n) lo que significa un aumento de 222 mil setecientos millones de pesos respecto a lo aprobado en el gasto público del presente año. 

El gobierno de la república que recién asumió Andrés Manuel López Obrador ha sido cauto y procede con suma reserva en no dar muchos detalles sobre lo que incluye la Ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos de la federación para el próximo ejercicio. Solo han adelantado que al menos un 70 por ciento del gasto programable se destinará a programas sociales.

La ley de ingresos debe ser entregada al parlamento federal por el ejecutivo antes del 15 de diciembre su aprobación no debe ser después del 31 de diciembre para causar estado legal para su ejercicio a partir del primer minuto del primer día de 2019.

En Sonora, el gobierno que dirige Claudia Pavlovich Arellano, como otros en el país, mantienen la incertidumbre sobre la política fiscal federal para el siguiente año y subsecuentes que incorporará el gobierno de AMLO. Al día de hoy gobernadores y alcaldes mantienen una tensa expectativa ante cualquier viraje brusco en la política del ingreso nacional y del gasto federalizado destinado a sus estados y sus municipios que pudiera aplicar el gobierno del tabasqueño.

Y más abona al recelo al interior de los gobiernos subnacionales cuando el presidente López Obrador se jactó en el discurso de toma de posesión que a partir de su gestión, asume el control plenipotenciario y vertical sobre el uso, administración y destino que se dará al gasto social en beneficio de millones de mexicanos en el país. Pero también en perjuicio de los gobiernos y municipios que los gobiernos priistas los acostumbraron a disponer de recursos por subsidios del ramo 23 y 33 para destinarlos a gasto corriente o a otros menesteres.

Estos recursos del gasto federal ahora se ha dispuesto que se dispersarán a través de los programas presupuestales subsidiaristas, de fomento, inversión productiva y de desarrollo humano, entre otros y que, se presume se llevará el 70 por ciento del gasto social total que ejercerá la federación el 2019.

Visto así, el remanente se distribuiría para  gasto social en las entidades federativas, en tanto que los ayuntamientos, esperan con ansias ser más beneficiados de  las participaciones y aportaciones federales agrupadas en los ramos generales y que se ha anunciado les serán asignadas directamente desde la federación sin la intermediación de las administraciones estatales, acaso solo para efectos contables y de reasignación de partidas.

 A partir del primero del próximo año, esos recursos serán dispersados hacía en las entidades federativas a través de los programas subsidiaristas y de fomento que tradicionalmente  operaban las diferentes secretarías de estado; En ellos se concentrará el presupuesto social y se ejercerá en los programas a cargo de la Secretaría del Bienestar, que sustituye en nombre a la Sedesol. Y para ello esté el ejercito de 32 titulares de las Delegaciones para el Desarrollo de cada Estado, llamados” Superdelegado”, quienes han sido instruidos harán la tarea de llevar los recursos a todos los rincones. Esto es, sin intermediación de autoridades y organizaciones se entregarán a los beneficiarios.

El monto de la recaudación estimado para el año venidero equivale a un crecimiento real de 1.3 por ciento, en contraste con el crecimiento económico esperado del 3.0% en el país, un tipo de cambio promedio de 18.4 pesos por dólar (ppd) y el precio promedio del petróleo de 51 dólares por barril (dpb).

Para el cierre de este 2018 y de acuerdo a los pre criterios sobre el ingreso del año próximo, dejaron sobre escritorios las salientes autoridades de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) cuyos montos de rubros es probable sean reformados por el gobierno entrante pero las cifras globales tal vez coincidan entre lo estimado entre uno y el otro gobierno.

Los pre criterios visualizan un aumento en el gasto neto presupuestario por 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país respecto a lo presupuestado del ejercicio 2018.

Mientras que para 2019 prevé que el Gasto Neto Pagado se incremente en 253.6 mil millones de pesos; esto es, un incremento real de 1.5 por ciento con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación de este 2018.

De igual forma, al cierre de 2018 se prevé que la administración pública federal, los estados y municipios del país, habrán ejercido un mayor gasto programable lo que representará el 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, equivalentes a 15 mil millones 400 mil pesos.

Se aprecia que para fin del año corriente se habrán ejercido ingresos excedentes y un mayor gasto no programable en 0.3 por ciento del PIB, debido, principalmente, al incremento en el pago de Adeudos Fiscales Anteriores (Adefas) y a las aportaciones a los Fondos de Estabilización provenientes de los ingresos excedentes generados en 2017.

Para 2019, se prevé un aumento en el Gasto No Programable de 141 mil 500 millones de pesos por un aumento en el costo financiero derivado del alza en las tasas de interés previsto, así como por mayores participaciones derivadas del crecimiento de la recaudación federal participable y al mayor pago de Adefas. 

Antes de salir, la autoridad hacendaria del régimen anterior previó que el Gasto Programable para la federación, estados y municipios del país para este 2019 muestre un incremento de 112 mil cien millones de pesos en relación a lo aprobado este año que está por cerrar ciclo fiscal, que se aprecia el menor aumento previsto en los Pre-Criterios de los en los últimos 3 años.

Para el cierre de 2018, la hacienda nacional estima un crecimiento económico puntual de 2.5 por ciento y un final de año con el tipo de cambio de 18.4 pesos por dólar, una inflación acumulada de 3.5 por ciento y el precio promedio del petróleo mexicano en 53 dpb.

De esta manera, se espera que al cierre de año los ingresos presupuestarios en el país sean superiores en 76.1 mmdp los que se previeron en la Ley de Ingresos 2018 aprobada por el Congreso Federal . El incremento proviene de ingresos tributarios que superarán la meta proyectada en 23.4 mmp.

Otros excedentes se aportaron de los ingresos petroleros que rebasarán por 46.4 mmp los estimados en la Ley de Ingresos proyectada. Habrá ingresos propios adicionales de los organismos y empresas por 6.4 mmp. en tanto que los ingresos no petroleros y no tributarios no variaran al cierre del año respecto a lo esperado.

A su interior destacan los mayores ingresos tributarios por 204.0 mil millones de pesos derivados de una mayor actividad económica; más ingresos propios de las entidades distintas de Pemex en 42 mil 300 millones de pesos, como consecuencia del aumento en las contribuciones a la seguridad social; de los ingresos no tributarios por 10 mil 900 millones de pesos y, en sentido opuesto, 34 mil 600 millones de pesos por concepto de ingresos petroleros. 

Si bien el precio del petróleo es mayor al aprobado para 2018, la reducción en el precio del gas natural y una apreciación del tipo cambiario impactarán en el gasto federalizado para estados y municipios del país.


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