Productores de tortilla proponen creación de un consejo regulador, hasta 22 pesos en Hermosillo





Tomado de: La Jornada

Dia de publicación: 2018-02-07


Ciudad de México. Para evitar nuevas alzas en el precio de la tortilla, organizaciones de productores de masa y tortilla proponen a la Secretaría de Economía (SE) la creación de un consejo regulador del sector que realice compras anticipadas de maíz en el campo mexicano y lo venda a “precios bastante accesible en toda la República”, informó Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), que cuenta con 75 mil asociados.

Desde que hace un mes comenzaron a registrarse alzas en el precio del alimento en diversos estados y la SE, a través de la Profeco, intensificó operativos de vigilancia para frenar el encarecimiento, las organizaciones comenzaron a reunirse con Rogelio Garza, subsecretario de industria y comercio de la dependencia para buscar alternativas que eviten afectaciones a los consumidores y los productores por el incremento en los insumos, entre ellos los energéticos.

El precio promedio de la tortilla a nivel nacional es actualmente de 14.10 pesos por kilo, 3 por ciento o 41 centavos más que hace un año cuando se ubicaba en 13.69 pesos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Integración e Información de Mercados (SNIIM) de la SE.

Sin embargo, dicho sistema también indica el precio máximo que alcanza el alimento es de 20 pesos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lo reporta hasta en 22 pesos en esa misma ciudad. Cuando comenzó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, el precio promedio de la tortilla era de 12.31 pesos, lo que implica que se ha encarecido 14.5 por ciento en lo que va del sexenio.

Homero López refirió que las organizaciones de productores de masa y tortilla han sostenido 4 reuniones con el subsecretario Rogelio Garza y tendrán una quinta en los próximos días. Además de plantear la creación de un consejo regulador, dijo que urge que las autoridades lleven a cabo un programa de regularización del sector pues se calcula que por lo menos 45 mil de los 135 mil tortillerías que existen en el país operan en la informalidad, generando una competencia desleal con precios al público por debajo de los costos de producción además de riesgos para la salud porque llegan a utilizar masa de baja calidad.

Si embargo, consideró que el gobierno federal no quiere entrar de lleno al tema y lo atribuyó en gran parte a las elecciones federales de este año porque consideran que “no les alcanza el tiempo”. Además, la propuesta de que un consejo regulador del sector realice directamente compras anticipadas de maíz para venderlo a precio accesible en toda la república, dijo, no es bien aceptada por los funcionarios de la SE pues advirtieron que puede atentar contra la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

El dirigente del Consejo Nacional de la Tortilla, puntualizó que en todo caso “debe cambiarse la ley de competencia. Eso es más fácil a tener siempre tanta problemática nacional por el alza en la tortilla. ¿En qué puede perjudicar cambiar esa ley si con eso se puede garantizar un precio estable o bajo de la tortilla en todo el país? ¿Qué es más preocupante: cambiar la ley de competencia u obstruir medidas para que la gente tenga un precio adecuado? Necesitamos un órgano que nos ayude a negociar con el campo para adquirir maíz directamente y así mantener el precio de la tortilla por muchísimo tiempo, por eso planteamos un consejo regulador o como se llame”.

Sobre la formalización del sector, indicó que la propuesta no es nueva porque desde 2014 e incluso desde antes, cuando estalló la crisis de la tortilla en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón, los productores insistieron en que se llevaran a cabo operativos sorpresa para detectar las tortillerías que operan en la informalidad.

El dirigente aclaró que la regularización del sector no sólo debe llevarse a cabo con operativos sino con el levantamiento de un censo en el que participen diversas autoridades y no solamente la SE y Profeco, sino también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el IMSS, Cofece y Cofepris.



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