Yaquis desmantelan parte del gasoducto en Bacum, Sonora



Vocero de la Tribu Yaqui reveló que el desarme del ducto se hace en puntos estratégicos en medio de un conflicto legal; la gobernadora Claudia Pavlovich señala que el proyecto continúa

Tonatiuh Castro Silva El Debate

Dia de publicación: 2017-11-13


Sonora.- Integrantes de la Tribu Yaqui de Loma de Bácum decidieron desmantelar y perforar la tubería del gasoducto Aguaprieta, luego de que las empresas responsables presuntamente violaron los usos y costumbres de los pueblos. Las compañías Ienova, Sicim y GDI siguen con el trabajo de la instalación de la tubería, a pesar de que hay un juicio legal en proceso que impide continuar con ella, denunciaron líderes indígenas a EL DEBATE. 

Esto podría poner en riesgo una inversión realizada de mil millones de dólares, que representan el 66.7 por ciento de mil 500 millones de dólares que previeron ejercer entre 2014 y 2015. Así como la llegada del gas natural a Sinaloa, donde se han invertido arriba de 4 mil 800 millones de dólares.

Señales que indican por dónde estaba el gasoducto.

Las empresas y la comunidad indígena enfrentan un proceso legal en el que, hasta la fecha, todavía no hay una resolución definitiva del amparo con número 312/2016, que fue interpuesto por la Tribu Yaqui de la comunidad de Bácum, cuyo objetivo era que las empresas encargadas del gasoducto del tramo Guaymas-El Oro no realizaran ningún tipo de trabajo en cualquier punto de las 485 mil hectáreas que pertenecen a la tribu, donde habitan aproximadamente 35 mil yaquis en ocho comunidades. 

Las compañías supuestamente hicieron caso omiso del juicio legal, violentando además los usos y costumbres de la etnia, señalan líderes indígenas a este medio. EL DEBATE buscó a las empresas responsables del proyecto, sin embargo, no obtuvo respuesta para la entrevista.

"De acuerdo al sistema normativo interno, cualquier infraestructura que se haga dentro de nuestro territorio sin nuestro consentimiento pasa automáticamente a nuestro poder; si nos conviene, lo dejamos, si no, decimos que lo saquen. Ahorita es lo que estamos haciendo: si nos conviene que quede ahí para usarlo como un ducto de agua, por ejemplo, porque son tierras vírgenes que queremos abrir para el cultivo", refirió el vocero Guadalupe Flores.

De acuerdo con documentos oficiales (recurso de queja 154/2016, en materia administrativa) que están en poder de esta casa editorial, se señala la suspensión para que no se ejecute algún tipo de obra e infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas-El Oro relacionado con el permiso número G/311/TRA/2013, expedido por la Comisión Reguladora de Energía.

Flores, integrante y vocero de la Tribu Yaqui, explicó que, en julio de 2017, el juez del Juzgado Séptimo, con sede en Ciudad Obregón, le dio 24 horas a las empresas del Gasoducto Aguaprieta (Ienova, Sicim, GDI), para retirar la infraestructura y dejar el terreno indígena como estaba antes de abril de 2016 (fecha cuando iniciaron con la obra que corresponde al tramo Guaymas-El Oro), si no, se haría la denuncia ante el Ministerio Público federal. Sin embargo, señaló que a la fecha, son los indígenas los que se han encargado de la tubería.

El líder ahondó que los yaquis ejercieron su soberanía y su territorialidad, por lo cual están desmantelando la tubería en partes estratégicas, ya que se quiere, dijo, ver qué utilidad se le puede dar.

Dos visiones de progreso 

En ese sentido, comentó que se quiere cultivar orgánicos, ya sea hortalizas o granos, con lo que se beneficiarán alrededor de 900 familias. Inclusive, informó que ya tiene un acercamiento con las autoridades de Sagarpa para ver la manera en que se puedan echar a andar los proyectos productivos en las tierras por donde pasa el gasoducto.


Tubería del gasoducto tendida en el tramo Altar Santa Ana.

A pregunta expresa a la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, sobre cuál es el futuro del gasoducto en la entidad federativa, la mandataria estatal sostuvo a EL DEBATE que el proyecto sigue su marcha y el proceso legal tiene que continuar.

"La inversión está hecha, y ojalá que llegue el apreciado gas natural a la ciudad de Cajeme y a otros lugares, porque sin duda es un tema que genera derrama económica", dijo la gobernadora a este medio y argumentó que el proyecto del gas natural no está retrasado. 
En defensa del proyecto, Faustino Félix Chávez, presidente municipal de Cajeme, declaró que el gas natural permitirá una mayor competitividad, no solo al sur de Sonora, sino al norte de Sinaloa, al poder reducir costos de energía, sobre todo, en la industria.

Referente al conflicto legal, el mandatario municipal señaló que se tendrán que agotar hasta las últimas instancias, puesto que en un momento dado pondría en peligro, no solo lo que es la región de Cajeme, sino también todo el sur de Sonora (Navojoa) y el norte de Sinaloa (Ahome), si no se permite el paso del energético.

En un recorrido que se hizo por las tierras de la comunidad indígena por donde está el gasoducto, este medio constató que parte de la infraestructura está descubierta y se encuentra perforada y dañada. Además, existe cableado que fue desenterrado en partes por donde está la tubería y la que se encuentra perforada ya está casi llena de tierra que se ha introducido cada vez que llueve.
 

Consecuencias legales

 

Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora (STJ), reconoció a EL DEBATE que las comunidades indígenas tienen su normatividad interna; no obstante, explicó que se tiene que relacionar con la externa, porque no pueden estar divorciados del régimen del Estado de derecho. "Es el camino correcto, no hay otros".

Gutiérrez Rodríguez detalló que cualquier daño a la tubería del gasoducto que se hiciera se estaría sujeto a las leyes de la Constitución, porque se trata de operativos y propiedades de la federación. 


La Policía Estatal de Sonora vigila las 24 horas.

Aclaró que el hecho de que las tierras sean de las comunidades indígenas y que se rijan por sus leyes, usos y costumbres, no les da el derecho de destruir nada, pero si lo hicieran, adelantó, son sujetos de juicio legal.

Respecto al amparo que interpusieron los miembros de la Tribu Yaqui de Bácum, el represente de los magistrados en Sonora refirió que este puede ser impugnado ante el Tribunal Colegiado o ante la Suprema Corte de Justicia.

A decir de Guadalupe Flores, vocero yaqui, actualmente se vive una guerra de desprestigio contra la comunidad indígena, tratando de denigrar el movimiento que llamó "de resistencia".

"Ha habido una guerra mediática...han habido declaraciones de los grupos económicos de Obregón", expresa Flores.

Dijo que han sido precisamente los titulares de los organismos empresariales, como Canaco y Canacintra de Obregón, los que han exigido que llegue el gasoducto al estado.

Agregó que las autoridades de Sonora los han acusado de huachicoleros, e incluso de tener vínculos con el narcotráfico, por lo que asentó que esa situación no se quedará así y que emprenderán demandas contra quienes resulten responsables, porque son declaraciones sin fundamento, comentó Flores.

Destacó que el pueblo yaqui en ningún momento se opone a que llegue el gasoducto a Obregón, pero lo que no se quiere es que pase por el territorio de la comunidad.

Explicó:

"Si es tan inofensivo como dicen, ¿por qué no pasa por medio de Obregón? Nosotros ya le dimos una opción: que pase por el municipio de San Ignacio, y por debajo de Bácum, y por debajo de Cajeme".      
 
Flores indicó que si se dejara que se instale el gasoducto, sería esto la puerta de entrada para que otras empresas lleguen a invadir su territorio, tal como son las empresas mineras que ya han visitado la comunidad para solicitar su acceso y les ofrecen acciones.

Ante señalamientos, el vocero de la Tribu Yaqui negó que el movimiento tenga relación con un partido político en especial. Empero, puntualizó que se tiene una relación con dos legisladores federales que son los que han llevado el tema del gasoducto a tribuna. Se trata de la senadora del Partido del Trabajo Layda Sansores y del diputado federal del PRD Ángel Alanís Pedraza.

 Futuro del proyecto

El alcalde de Cajeme es optimista. Precisa que se prevé contar con el energético de alguna forma u otra para finales de 2017 o principios de 2018.

"¿Por qué digo de una forma u otra? Porque la empresa que se encarga de la distribución del gas natural del municipio (Fenosa)...va a distribuir, ya sea a través del gasoducto, o lo traen rodado para ellos, se están preparando para enfrentar esa situación. El gas natural lo vamos a tener, lo ideal sería que fuera a través del gasoducto, ya que es una fuente constante. Y además, eso permite que se pongan a trabajar las plantas del ciclo combinado, como la que ya está trabajando en Empalme", detalló.  

En medio de este conflicto legal, tanto autoridades municipales como estatales, han defendido la continuidad y rechazado el retraso del proyecto. Javier Aguiar Meneses, presidente de Canacintra delegación Obregón, reveló que el problema con la Tribu Yaqui ha retrasado la llegada del gas natural al estado, que se estimaba llegaría para noviembre. «Consideramos que es un grupo minoritario que está actuando ahí», declaró a este medio.

Integrantes de la étnia en una protesta.

Anunció que se quieren unir como cámara para efecto de solicitarle al gobierno estatal o federal que se solucione el problema.

El representante del sector industrial en Obregón hizo un llamado a que se respete el Estado de derecho y que se actué para que se solucione.

"Creemos que está hecho con toda la legalidad y con todas las características técnicas necesarias para que no haya ningún problema (la instalación de gasoducto). El llamado de nosotros como industria y como empresarios es que no se retrase más la llegada del gasoducto".

Detalló que ya existe infraestructura en algunas plantas para empezar a trabajar con gas natural, que será más económico y más ecológico. 

Reiteró que los empresarios están solicitando la llegada del gas natural. «Nosotros necesitamos ser más competitivos y necesitamos esa fuente de energía». 

Enfrentamiento

En menos de un mes se cumple un año del enfrentamiento entre yaquis del pueblo de Loma de Bácum y Loma de Guamúchil, que dejó un saldo de una persona muerta, ocho heridos y 13 vehículos calcinados.

La zona del conflicto permanece con las huellas de aquel enfrentamiento, ahora con la carrocería de los carros quemados cubiertas de óxido y tierra, además de la pérdida de un integrante de la Tribu Yaqui, habitante de Loma de Bácum.

El motivo fue que, mientras un pueblo (Loma de Guamúchil) estaba a favor del gasoducto, el otro tenía una posición en contra (Loma de Bácum), ya que para ellos sus tierras no tienen un precio. Hasta la fecha, las empresas constructoras del gasoducto y el gobierno estatal han logrado llegar a acuerdos con siete de los ocho gobernadores tradicionales yaquis, pero no lo han hecho con las autoridades tradicionales de Bácum. 


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