La Corte rechaza total publicidad a declaración de bienes de servidores



Valida reformas que permiten la protección de datos personales y de vida privada

Tomado de: Luciano Franco / Crónica

Dia de publicación: 2017-06-14


El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por mayoría de votos, la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para dar la máxima publicidad a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.

De este modo, la Corte validó las reformas a las leyes generales de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción, que permiten la protección de datos personales y de vida privada de los servidores públicos, entre los que se encuentran los de los propios ministros de la SCJN.

Los ministros, por mayoría, avalaron que dichas declaraciones sean públicas, “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”, tal y como está actualmente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con su voto, al Suprema Corte declaró constitucional la facultad para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción proponga los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses que deberán presentar los funcionarios públicos a partir del 2018.

Sin embargo, el presidente del máximo tribunal del país, Luis María Aguilar, rechazó que la Ley General de Responsabilidades deje en manos de ese Comité la decisión de qué datos pueden quedar bajo resguardo.

En su intervención, Aguilar Morales sostuvo que es el Congreso federal el único que puede fijar los parámetros para la presentación de dichos datos, y no otro órgano, en este caso el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque “no tiene competencia para elaborar formatos”, subrayó.

El ministro ponente, José Ramón Cossío Díaz, señaló en su proyecto que “no toda la información personal de los servidores debe ser pública”, por lo que, a su juicio y el de la mayoría en el pleno, el artículo 29 de aquella Ley impugnada, “no resulta inconstitucional”.

El año pasado, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano interpusieron una acción de inconstitucionalidad porque, argumentaron, el secreto transgrede los principios de transparencia y combate a la corrupción.

Los diputados que promovieron dicha acción argumentaron que aquel artículo “atentaba contra el principio de publicidad total de las declaraciones que deben rendir los servidores públicos”.

El pleno, sin embargo, consideró que el artículo 6º de la Constitución, en sus primeras fracciones, establece que debe entenderse por información pública toda aquélla que se encuentre en manos de cualquier autoridad.

Por último, con la decisión de pleno, salió adelante el precepto de que “no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria para la finalidad del nuevo Sistema Anticorrupción, ya que hay información que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo”.


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