Muerte en el México profundo





Abrahám García Ibarra/


Dia de publicación: 2019-06-12


En estricto rigor, en abril pasado se cumplieron 500 años de que Hernán Cortés puso planta en territorio mexicano. Previamente, en junio de 1518, Juan Grijalva irrumpió espacios de lo que hoy es el estado de Tabasco.

Cinco siglos han transcurrido. “Noticias” de hoy: Desde 2013, han muerto 16 mujeres embarazadas. Treinta personas han fallecido en el mismo periodo. Causas de la mortandad: hambruna y consumo de agua contaminada, que provoca progresivos padecimientos dermatológicos.

Lo extraordinario de ese registro, es que las muertes por esos males previsibles se concentran en un solo municipio mexicano: Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua.

Lo que ya no es tan extraordinario, sino demasiado ordinario, es que la muerte se ensaña con comunidades de la etnia rarámuris, en la Sierra Tarahumara. A la falta de alimento, se agrega el agua contaminada de los arroyos; por supuesto, porque se carece de agua potable.

Lo que dice la ONU de los derechos de los pueblos indígenas

En México existen 25 millones 866 mil hectáreas, tituladas a pueblos originarios en 26 regiones. Su población está concentrada principalmente en 665 municipios, de los cuales 481 tienen una densidad indígena de 70 por ciento; en otros 190, hay mezcla mestiza. En mil 572 se visualiza la dispersión de habitantes de aquel origen.

La ONU tiene una declaración expresa por la que se reconocen los Derechos de los Pueblos Indígenas a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De eso habla el artículo Segundo de la Constitución mexicana, que especifica los derechos culturales y económicos.

Esos derechos, proclamados por la ONU, son exigibles cuando los territorios indígenas son expuestos a terceros en actos de autoridad. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invocado y ejecutado esos derechos a solicitud de parte y ha otorgado la protección de la justicia federal a los demandantes. Son casos excepcionales.

Los litigios ante la instancia jurisdiccional se inician cuando se prefigura el despojo de patrimonio indígena.

Grandes territorios nacionales bajo dominio extranjero

En dichas promociones judiciales, el denominador común tiene como sujeto acusado a los explotadores de la industria extractiva, básicamente la de minería, del petróleo y la electricidad; las tres sujetas a concesiones del Estado mexicano.

Por ese medio, un alto porcentaje del territorio nacional ha sido puesto bajo dominio extranjero.

Estudios debidos a la Organización Mundial de la Salud (ONU) señalan que la industria extractiva genera envenenamientos del organismo por plomo, arsénico y mercurio.

Esos residuos minerales causan en las personas y especies animales, intoxicación, enfermedades respiratorias y de la piel que, no detectadas, diagnosticadas y tratadas oportunamente, más temprano que tarde desembocan en la muerte.

Provoca esa industria, también, contaminación y destrucción de aguas, vegetales, peces y animales. No pocas veces, ataca variedades de flora y fauna, algunas ya desaparecidas en México o bajo amenaza de inminente extinción. El fenómeno entraña un atentado contra la biodiversidad y contra la vida humana.

A la industria extractiva -en México controlada mayoritariamente por capital extranjero-, el Estado, al través de la Secretaría de Economía, cede concesiones de exploración, explotación y usufructo.

Como lo advertimos antes, en muchos casos -quizá la mayoría- sin pasar por la consulta y consentimiento previos a los afectados: Comunidades indígenas, ejidos y colonias agrícolas, cuyos gestores de bienes comunales o responsables de comisariados ejidales, se venden a los inversionistas.

Por un largo tiempo, bajo la coartada del interés público, se procedió a la expropiación de ese patrimonio. ¡Fuera caretas! Ahora, la licencia es de ocupación al amparo de leoninos convenios administrativo avalados por el gobierno.

Otros tributarios a la monstruosa depredación

Otro agente implicado en la monstruosa depredación, es la industria turística en sus ramas hotelera, restaurantera, parques recreativos, antros nocturnos y de fascinantes desarrollos residenciales, con campos de golf o canchas de tenis, obviamente, sólo para los más ricos. Los pobretones sólo son admitidos como servidumbre.

No pocas veces, esos irracionales usufructuarios han envenenado o arrasado humedales en las costas y, en el macizo continental, manantiales, centros ceremoniales y los llamados pueblos y barrios mágicos; de no pocos, no ha quedado piedra sobre piedra.

Sin agotar la relación, no es mención menor la de los taladores, autorizados o clandestinos, que convierten montes, bosques, selvas y parques nacionales en verdaderos y desolados páramos.

El Ada madrina de la Naturaleza mexicana

El Estado otorga concesiones; la Secretaría de Economía las procesa, y supuestamente regula y audita su gestión para verificar la observancia de las normas… hasta ahí llega teóricamente esa dependencia.

Falta una instancia por nombrar: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Podríamos decir que su misión -reducida por la burocracia a mera facultad administrativa-, es velar por la preservación de los recursos naturales y la ecología.

En el papel, esa secretaría es también responsable del saneamiento ambiental, agua, pesca, etcétera; más lo que se acumule la próxima semana. Nos enfrentamos, en esa política pública, a un lenguaje jesuítico.

Un “progreso” impuesto a toda costa y todo costo

Para usar un lugar común de las metrópolis mexicanas, la degradación de la Naturaleza pasa por el cambio de uso de suelo. El crecimiento económico, se ha dicho en la Ciudad de México, vale y pesa más que el clamor social de las comunidades en resistencia: Señores, el progreso es el progreso. Esto no pasa por la cabeza de los de abajo o los de enmedio.

El cambio de uso de suelos, desde el centro a la periferia, tiene una expresión arcaica: Colonialismo. Los nuevos criollos lo practican con mexicana alegría en su modalidad de colonialismo interno.

Por ese carril, es incesante la expulsión humana de los estados y municipios indígenas del sur-sureste: A las zonas deprimidas de las metrópolis, donde vegeta en la economía informal; a los valles agrícolas, principalmente del noroeste, donde las familias indias sufren cautiverio en decimonónicas reservaciones.

V Centenario: En espera de la justicia poética

Siguiente fuga, hacia los Estados Unidos, antes de que se agote la energía vital. Allá, los consulados mexicanos se harán cargo de hacer el conteo de los transterrados y aportar la suma a los censos de población estadunidenses.

Ya se anunció la agenda para conmemorar en 2021 el V Centenario de la toma y destrucción de la Gran Tenochtitlán por los conquistadores. Todavía podemos esperar la justicia poética para los del México profundo. Es cuanto.


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