Proceso de inmersión para mayores de cincuenta años





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Dia de publicación: 2019-04-15


“Difícilmente alguien se podría decir sorprendido o engañado si el Presidente nombra a un militar para encabezar la Guardia Nacional”. Eso escribí el pasado 25 de febrero en este espacio. Desde ese entonces el plan era transparente. El gobierno ya tenía bien trazado el caminito para salirse con la suya y que la Guardia Nacional fuera de facto una institución creada a imagen y semejanza del Ejército. Aun así, cuando AMLO reconoció que el comandante de la Guardia Nacional sería un militar en activo, y cuando la semana pasada nombró al general Luis Rodríguez Bucio, se escuchó el mismo reclamo –casi unánime– de la sociedad civil y del círculo rojo. Nuevamente el debate se redujo a la simplona dicotomía civil/militar.

También se discutió el tema, un tanto absurdo, de si los soldados que se incorporen a la Guardia Nacional tendrían que pasar o no por controles de confianza (la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional presentada la semana pasada establece que los controles de confianza serán un requisito; sin embargo, se buscará darle la vuelta en el caso de quienes se incorporen desde la policía militar o la policía naval). El debate es absurdo porque nadie, empezando por los mandos de las policías civiles, cree que los controles de confianza funcionen (al menos no tal y como operan actualmente). Al contrario, con estos controles sólo se logra hacer pasar un mal rato a los elementos; salen caros, entorpecen el reclutamiento y no sirven para evitar que los criminales corrompan a las corporaciones policiales.

La realidad es que la Guardia Nacional es todavía un proyecto incierto. El general Rodríguez Bucio reconoció con franqueza que no estaba totalmente enterado de muchas cosas relativas a su nuevo encargo, pero que ya había iniciado un proceso de inmersión. No está solo. Sospecho que nadie, ni dentro ni fuera del gobierno, entiende bien a bien de qué va la Guardia Nacional. Sin embargo, con la iniciativa presentada la semana pasada comienzan a delinearse algunos trazos.

En primer lugar, se confirma que, para bien o para mal, la nueva corporación será una criatura de los generales en quien AMLO depósito su confianza. El mando “administrativo” civil, es decir el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, será un amortiguador útil (será él quien vaya a comparecer cuando se cometa algún exceso, quien presente informes y atienda a las organizaciones de víctimas). Sin embargo, todas las atribuciones relevantes de la operación de la Guardia Nacional, correrán a cargo del Comandante y su equipo.

No sólo eso. Se imponen candados que sugieren que se buscará que el mando permanezca en una persona con formación militar (o eventualmente, en un elemento que haya hecho carrera en la propia Guardia Nacional). Al respecto, se establece el curioso requisito de que el Comandante de la Guardia Nacional tenga cuando menos 50 años. Con ese solo requisito hubieran quedado descartados varios de quienes fueron comisionados generales de la Policía Federal (ni Maribel Cervantes ni Enrique Galindo ni Manelich Castilla, habían llegado a los 50 al momento de asumir el mando de la Policía Federal). También se establece que el Comandante deberá tener, como mínimo, 25 años de experiencia en el sector seguridad.

Esta apuesta a que la gente haga carrera dentro de la institución antes de llegar al mando tiene su lógica. Ése es uno de los factores que ha faltado en nuestras policías, y que dota de cierta institucionalidad a las Fuerzas Armadas. También es la norma en las mejores policías de otros países (los comandantes de los departamentos de policía de Nueva York, Chicago y Los Ángeles, por ejemplo, son casi siempre mandos con muchas décadas de experiencia dentro de sus instituciones).

Por otra parte, el artículo 26 de la iniciativa enviada la semana pasada contiene un elemento políticamente importante. En él se establece que la Guardia Nacional sólo podrá conocer de delitos del fuero común (es decir, de la inmensa mayoría de los delitos) previo convenio con las autoridades estatales y municipales. Esto quiere decir que los gobernadores decidirán si permiten que la Guardia Nacional participe de forma amplia en tareas de seguridad pública en su territorio.

Es un planteamiento hábil. Varios gobernadores, incluyendo a los de oposición, ya han dado a entender que ven con buenos ojos la Guardia Nacional, algunos han manifestado que quieren elementos urgentemente. El Presidente podrá alegar, como es costumbre desde el sexenio de Calderón, que los operativos en los estados se realizan a solicitud de los gobernadores. Sin embargo, es positivo que se deje abierta la puerta para que, aquellos gobernadores que quieran verdaderamente hacerse cargo de la seguridad pública, lo hagan. Curiosamente, Claudia Sheinbaum es la única que ha sugerido que prefiere prescindir de la Guardia (para no hacer un desaire completo, propuso que patrulle las zonas limítrofes de la capital y el Estado de México).

La Guardia Nacional será el proyecto decisivo del sexenio. Es el que tiene un mayor potencial de cambiar, para bien, las vidas de millones de mexicanos, a quienes más que nada les preocupa la inseguridad. Ojalá los críticos acérrimos del proyecto puedan superar el repudio –en parte justificado, en parte injustificado– hacia la idea de que sea Sedena la que lleve la batuta.

Ojalá también haya apertura por parte del mando militar para que la sociedad participe en el proyecto, y sobre todo para que se aproveche el capital humano que, si bien no fue suficiente, sí se construyó con mucho esfuerzo en los diez años de vida de la Policía Federal (y que incluye a elementos y funcionarios de primerísimo nivel que llevan una vida entera de servicio en instituciones civiles). Hace falta que muchos mexicanos acompañen al general Rodríguez Bucio en su proceso de inmersión, y que poco a poco los huecos y dudas que quedan sobre la Guardia Nacional se vayan llenando con talento y sensatez.


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