El sinuoso camino del juicio político: un parto de los montes





Arturo Soto Munguía/


Dia de publicación: 2018-12-06


Si alguien quería ver “chipote con sangre” en el caso de la denuncia por posible daño a la hacienda pública municipal, ratificada ayer en el Congreso contra el ex alcalde Maloro Acosta, me parece que se van a quedar esperando.

 

Lo más que puede ocurrir, en el remoto e improbable caso de que la comisión dictaminadora la considerara procedente y la “bajara” al pleno y éste votara a favor, es que el presunto sea inhabilitado por un lapso que puede ir de uno a 20 años. A eso se reduce el famoso “juicio político”.

 

Y eso, en caso de que el trámite no se posponga por alguna razón, pues el juicio político sólo aplica para servidores públicos en funciones, o que tengan menos de un año de haber dejado el cargo. De lo contrario, los presuntos delitos prescriben y a otra cosa, mariposa, dijera Fox. De allí las prisas por ratificar la denuncia.

 

Ayer, el dirigente estatal de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Armenta acudió a la sesión de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para ratificar la denuncia. El presidente de esa comisión, Julio Alonso Montes Piña le dio entrada, informando que se abre un plazo de diez días para determinar la procedencia de la misma y llevarla al pleno.

 

En este proceso no intervienen instancias fiscalizadoras como la Contraloría o el Instituto Superior de Auditoría Fiscal (que por cierto validaron la cuenta pública del último año de la administración malorista), sino que la comisión de Gobernación se erige en una especie de tribunal que dirime las causales para dictaminar la procedencia, y en el pleno se requiere los votos de las dos terceras partes de los diputados para aprobarla.

 

Si así fuere, la sanción no pasa de una inhabilitación, lo cual seguramente no preocupa al Maloro, en estos momentos dedicado a actividades privadas, fuera del servicio público. Y sin muchas posibilidades de volver a la escena político electoral, al menos en el corto plazo, después de la derrota del pasado primero de julio.

Las posibilidades de que la denuncia sea considerada procedente son pocas, considerando que el propio denunciante dijo no saber si existían elementos suficientes para que así fuera, y que para comprobar el presunto daño patrimonial a las arcas municipales se requiere un exhaustivo análisis contable que tendría que contravenir los resultados del trabajo que ya hizo el ISAF.

 

Más bien, lo que parece todo esto es una intención de alimentar la expectativa sobre un caso que pudiera sonar espectacular (eso de “juicio político” suena aterrador, aunque sólo derive, si procede, en la inhabilitación), para distraer a la opinión pública de los escobazos que está recibiendo la administración municipal actual por el caso de la licitación para la renta de camiones recolectores de basura.

 

Y para ello, quién mejor que el PRD, que tan buen servicio prestara al PAN en el pasado sexenio, aun a costa de su propia pérdida de identidad, rumbo y por poco hasta el registro. Actualmente no cuenta con un solo regidor en el ayuntamiento, ni un diputado en el Congreso local, después de su alianza con el blanquiazul.

 

Pero como donde hubo fuego, cenizas quedan, al dirigente del Sol Azteca sólo le queda hacerle la chamba a los panistas incrustados en el Ayuntamiento “morenista”, toda vez que ni siquiera los regidores o militantes de Morena retomaron este tema.

 

De hecho, en la comisión de Gobernación, Morena tiene sólo tres diputados: Norberto Ortega, Raúl Castelo y Griselda Soto; el PRI tiene dos: Jorge Villaescusa y Nitzia Gradias; MC, PT, PAN y PES, uno cada uno: María Dolores del Río, María Magdalena Uribe, Eduardo Urbina y Montes Piña, respectivamente. La votación se antoja, así, dividida.

 

Aun si pasara, en el pleno se requieren las dos terceras partes de la votación para aprobarla y allí las cosas lucen más complicadas. Veremos en qué para todo esto.

 

II

 

Hoy a las diez de la mañana, la aún secretaria General del PRI en Hermosillo, Claudia Cano Vivero acudirá a esas oficinas para presentar su renuncia con carácter de irrevocable.

 

Anticipando que no sale buscando otras alternativas de participación político partidista, considera que su ciclo en la dirigencia del tricolor ha concluido y así se lo ha comunicado a quien corresponde en estos casos.

 

Mañana simplemente formalizará su renuncia en las oficinas del PRI municipal y luego hará lo propio en las del estatal, para seguir en lo que siempre ha hecho, que es la labor social desde trincheras ciudadanas.

 

El tsunami morenista dejó al tricolor noqueado sobre piernas, reducido a una expresión mínima de lo que era antes del 1 de julio en Sonora y muchas cosas tendrían que pasar para recuperar el terreno perdido, algo que se antoja sumamente complicado, considerando la pérdida de posiciones (y por lo tanto de financiamiento); la desmoralización de sus militantes y, como suele suceder, las pugnas internas que preceden a las derrotas, siempre huérfanas, a diferencia de las victorias a las que le sobran paternidades.

 

En fin, mañana veremos qué tiene que decir al respecto la señora Cano.

 

III

 

Buena polvareda la que levantó ayer la noticia de los ingresos que recibirían los nuevos diputados federales en este fin de año. Casi un cuarto de millón de pesos, para no pasar frío ni sed ni hambre en la temporada navideña.

 

Por donde quiera que se le vea, en un país donde las grandes mayorías están a años luz de percibir ingresos semejantes, la noticia fue una bofetada doble, pues se dijo que tales ingresos vendrían libres del Impuesto Sobre la Renta y éste sería absorbido por la Cámara de Diputados, que por cierto se mantiene con los impuestos de los contribuyentes.

 

La única que salió al quite para aclarar el asunto fue la diputada de Morena, Lorenia Valles Sampedro precisó que no recibirán bono navideño y solamente tendrán la parte proporcional al aguinaldo por cuatro meses de trabajo, y atribuyó la exención del ISR a un malentendido a partir de una contradicción entre la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos y la ley federal de los trabajadores al servicio del estado.

 

En resumen, sí pagarán ISR por el aguinaldo, y los otros ingresos tendrán que comprobar su destino por tratarse de compensaciones que usualmente reciben los diputados como parte complementaria de su dieta.

 

De cualquier forma, esto no modifica el monto de lo que recibirán, y no deja de ser exorbitante sobre todo si se le compara con los ingresos de la mayoría de los mexicano. Pero sobre todo, porque durante las campañas electorales, fueron muy insistentes en sus promesas de austeridad republicana, que incluían reducir los ingresos de los servidores públicos, algo que les hizo ganar muchos votos.

 

No se cuestiona pues, lo legal de esos ingresos, sino lo legítimo que pueden resultar en el contexto nacional de crisis generalizada.

 

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