Durazo, el nuevo enfoque contra la inseguridad y la delincuencia. (I)





Héctor Apolinar/


Dia de publicación: 2018-09-10


En una serie de entrevistas en diversos medios informativos, Alfonso Durazo Montaño, propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador, ya delineó los ejes de lo que será la nueva política de seguridad pública del gobierno de la república.

Muy probablemente es la primera ocasión en que las propuestas del próximo gobierno son presentadas a la opinión pública con meses  de anticipación, en tanto que, al mismo tiempo, se recogen propuestas de la sociedad en los foros públicos para la “Construcción de la paz y la reconciliación nacional”, que se iniciaron a principios de julio en Ciudad Juárez, y que han continuado llevándose a cabo en otras ciudades del país.

A pesar de algunos cuestionamientos a los detalles de la propuesta que hace Durazo Montaño –a veces justificados--, la novedad esencial del nuevo enfoque reside en que propone darle una visión política del problema de la inseguridad, la delincuencia y de la violencia que vivimos, una visión que vaya más allá de  lo estrictamente policial, y  que atienda sus causas políticas, sociales y económicas.

Como Durazo lo señaló en una entrevista con Carlos Loret de Mola, a principios de julio, el enfoque estrictamente policiaco que se ha aplicado hasta ahora, no ha logrado reducir los niveles de violencia y delincuencia en el país, sino al contrario, se han incrementado. Antes de la llamada guerra al narcotráfico se producían 22 asesinatos por día, mientras que en la actualidad alcanzan los 80 o 90 diarios. (El Economista, 28.07.2018)

Asimismo, el gasto en materia de seguridad se ha elevado de 6,000 millones de pesos en 2006 a 60,000 millones en la actualidad sin que la situación de seguridad mejore.

En diversas ocasiones, Durazo ha afirmado que el aspecto medular de la lucha contra la inseguridad del gobierno de López Obrador, será el combate a la corrupción, no solamente al interior de los cuerpos de policía, sino, sobre todo,  dentro del gobierno, pues los cuerpos de policía no pueden ser una “isla de honestidad y eficiencia en el marco de altos niveles de corrupción en el gobierno”. (Ídem)

Y fue lejos al apuntar que corrupción no se inicia con los policías de crucero o de patrulla, pues, dijo que “la gran corrupción se administra desde Los pinos”. (ídem)

Es difícil que Durazo Montaño haya hecho a la ligera un señalamiento tan importante, pues es bien sabido que fue secretario particular del presidente Vicente Fox y también alto funcionario de la Secretaría de gobernación, por lo que podemos asumir que conoce bien de lo que habla.

Asimismo, Durazo ha señalado públicamente que no puede existir delincuencia organizada, o desorganizada, sin la protección de elementos policiacos y sin que éstos, a su vez, cuenten con la protección de un político o funcionario de gobierno de más alto nivel.

“El gran problema del país se llama crimen uniformado”, dijo Durazo a El economista.

En ese tema coincide plenamente con las constantes afirmaciones que hace el presidente electo, López Obrador, de que la corrupción es el “cáncer” aqueja a México y que es necesario combatirlo de “arriba hacia abajo”, ya que sí el Presidente es corrupto, lo más probable es que el Gobernador también lo sea y, así también, el Presidente Municipal.

No parece haber dudas de que ambos políticos tienen razón. Es bien sabido que en la sociedad mexicana está muy arraigado el dicho de que “si los de arriba roban, ¿porqué yo no?”, o en el mismo sentido,  lo que numerosos delincuentes afirman: ellos roban porque en el gobierno también roban y en mayores cantidades.

¿O cuántas veces no hemos escuchado en las calles de muchas ciudades de México, que los narcos cuentan con protección de la policía o de gente en los gobiernos?

 A ese nivel ha llegado la corrupción a infestar la vida pública y privada de México.

Expresiones populares como las que hemos mencionado indican claramente que existe una elevada falta de legitimidad del ejercicio gubernamental e, incluso, en varios casos, una patente ilegalidad de quienes gobiernan, como lo han dejado ver los casos de los exgobernadores Javier Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández , César Duarte, Guillermo Padrés, entre otros, a quienes se acusa formalmente de haber cometido grandes actos de corrupción durante el ejercicio de gobierno.

En otras palabras, el ejercicio de gobierno se convirtió, en los casos mencionados, en delincuencia organizada. Durazo la llama “crimen uniformado”, pero el fenómeno de la corrupción parece ir más allá, convirtiéndose en una nueva enfermedad que ya no es “cáncer”, sino SIDA, es decir, una enfermedad que acaba con el sistema inmunológico del organismo y lo hace vulnerable a decenas de enfermedades menores que llegan a matar al organismo, incluso por un fuerte resfriado.

No en balde el Estado mexicano se ha visto tan vulnerable ante la delincuencia organizada y desorganizada. No es tanto por su fuerza armada o numérica, sino por la profunda debilidad del Estado que por sí mismo GENERA corrupción, ilegitimidad e ilegalidad.

El enfoque que anuncia el gobierno de López Obrador, por boca de Alfonso Durazo, es, en muchos sentidos, una revolución coperniquiana en el combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada y no organizada. 


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