¿Golpe de Estado judicial?





Mouris Salloum George (*)/


Dia de publicación: 2018-09-08


La palabra, “es un sacramento de muy delicada administración”.

Al terminar su mandato Echeverría, desde un despacho de abogados defensor de intereses económicos privados, se pretendió exponerlo a la autoridad judicial por la expropiación de los latifundios de los valles de El Yaqui y El Mayo.

En ese periodo, desde troneras patronales de Puebla y Monterrey, se incitaba al golpe de Estado, y hasta se hacia referencia al “modelo Brasil”.

En la transición presidencial de 1982, la pretensión de procedimiento judicial fue por partida doble: A López Portillo, por la expropiación bancaria y a De la Madrid por su responsabilidad como secretario de Programación y Presupuesto en la contratación de deuda externa.

En adelante, los sucesores en Los Pinos fueron señalados como candidatos al juicio político que, obviamente, ha sido declarado improcedente por la Cámara con facultad instructora; la de diputados.

El ánimo popular se exacerba a finales de cada sexenio contra el Presidente saliente. Hoy no es la excepción, y se propalan rumores de golpe o autogolpe de Estado.

Esas versiones, cunden y se reproducen en el llano. Pero la temible figura del golpe de Estado, con otra modalidad, se ha nombrado en San Lázaro.

En el marco de la presentación de una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero a todos los funcionarios públicos, se instituye la inmunidad con la excusa de proteger la continuidad de los tres Poderes de la Unión.

Se alude la eventualidad de que el Presidente pudiera ser imputado por  falta grave en el ejercicio de su desempeño. De ser indiciado, el mandatario correría el riesgo de ser sujeto a “golpe judicial” por la autoridad a la que se consigne la causa.

Con independencia del curso que tome en comisiones de dictamen o en el pleno esa iniciativa de reforma, lo peligroso es “mentar la soga en casa del ahorcado” en medio de un clima político que no resiste ocurrencias o si, aún peor, el tema se eleva al rango de norma constitucional.

Sería saludable que los legisladores renuncien al protagonismo personal para tomarse en serio las consecuencias de sus dichos, así éstos se revistan de solemnidad para reparar conductas insanas de los servidores del Estado.

Jugar con fuego cerca de las mechas del bombillo, no es política. Es tremendismo suicida.

(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.


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