Un cuico de antaño





Noé Becerra/


Dia de publicación: 2018-06-12


La legalidad, junto con la corrupción y la impunidad, es uno de los temas más controversiales en nuestro país. Se cuestiona con frecuencia si alguna actuación de la autoridad gubernamental está dentro del marco de la legalidad, y con asombro podemos contestar que no.

 

¿Está dentro de la legalidad, la seguridad privada?. Habría qué analizar los dispositivos que rigen o regulan la actividad de estas empresas que por tiempo han funcionado u operado dentro del país, y concretamente en Sonora.

 

Si bien pudiera decirse, -aunque no pudiera constar-, que las empresas dedicadas a la seguridad privada cumplen con los requisitos de ley para su operación, no puede decirse lo mismo respecto a sus integrantes.

 

Veamos porqué. La Federación, los Estados y los municipios tienen a su cargo, dentro de sus respectivas competencias y jurisdicciones, a la seguridad pública. El mantenimiento del orden y la paz pública son elementos indispensables en toda sociedad humana y obligación inmediata del gobierno.

 

Para ello requiere preparar, capacitar y adiestrar a elementos policíacos que van a cumplir una labor delicada que no puede ser delegada en cuerpos de seguridad privada como hoy los vemos en empresas particulares, como son restaurantes, bancos, supermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, casetas de peaje, y oficinas de gobierno federal, estatal y municipal.

 

Sin embargo, cuando se produce una falta administrativa o un delito dentro de las instalaciones que tan celosa e ignorantemente cuidan, los elementos de cargo detienen, esculcan, privan de la libertad, retienen en un cuarto, amagan, y ponen a disposición de la policía institucional a quien consideran cometió la falta.

 

Esto, desde luego, con la violación flagrante de los derechos humanos de quien en ese momento se convierte en víctima de un sujeto que está por demás decirlo, es un ignorante de la ley y de los protocolos que debe seguir en casos como el relatado.

 

 

 

Y no le importa al sujeto de marras si la víctima es hombre, mujer o niño, anciana o anciano. Él está como sabueso para cumplir con lo que diga el patrón. Y lo más grave es que quienes acuden a esos lugares se someten a las violaciones y temeridades de dichos sujetos peor que si estuviera frente a una verdadera autoridad.

 

Basta ya de soportar este tipo de maltratos y arbitrariedades de quienes contratan a estas empresas de seguridad privada. Algo debe hacer el Gobierno Sonorense para regular la conducta de éstas y regularizar su número y control.

 

Imagine nada más amable lector, si la seguridad pública requiere carretadas de dinero para capacitar a sus elementos, ¿crée usted que los particulares van a capacitar a sus esbirros malpagados, sin presencia, sin tolete, sin armas, sin uniforme adecuado, sin zapatos lustrados, sin aseo personal?.

 

 

O usted, ¿qué opina amable lector?.

El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios Estados y articulista en diversos periódicos del país. Teléfono (6621) 57.7114 celular  primalex2010@hotmail.com


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Comentarios



ROBERTO FLEISCHER HARO

Totalmente de acuerdo con el Lic. Becerra

2018-06-13

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