El gato con los pies de trapo III



El transporte urbano, la historia de siempre... una página más.



Miguel Angel Avilés/


Dia de publicación: 2017-07-13


En el asunto del transporte otra vez pasa lo de siempre: se amenaza con el aumento de la tarifa, el usuario se queja. La autoridad hace como que se mantiene firme en no aumentarla. Al final, la tarifa aumenta y el usuario se queja, sólo se queja.

Al menos esa ha sido la constante en los últimos diez años. Y de la aplicación estricta de la ley nadie se acuerda. Porque de aplicarse al dedillo, pocos, muy pocos camiones circularían por la ciudad.
Por eso los concesionarios se han servido con la tarifa grande pues saben que nadie les exige nada a cambio.

En los últimos diez años, en ocho ocasiones a sufrido aumento la tarifa, pero escasas, sino es que nulas han sido las mejoras al servicio.

El truco es viejo y lo repiten ahora: se solicita un aumento mayor al planeado para lograr este último y sintiéndose “insatisfechos” no se sienten obligados a mejorar el servicio. Eso hicieron en el último aumento y les resultó: como sólo se les autorizaron los $4.00 de los $5.80 que pedían, argumentaron que les era insuficiente y por lo tanto no adquirieron ningún compromiso formal para mejorar sus unidades.

Así se entiende el porque hasta la fecha continúan los vidrios rotos, los asientos sueltos, las puertas como filosas guillotinas, la violación a los horarios, la permanencia de unidades viejas, los pisos sucios, los accidentes por negligencia, los choferes con antidoping con resultado positivo, el abandono de las rutas y los gorilas al volante..

Basta hacer una retrospectiva de los últimos años para percatarnos que de grano en grano llenan su buche los concesionarios, mientras que los que deberían de vigilar que nadie este por encima de la ley(en este caso del transporte) únicamente simulen su aplicación , pero al final de cuentas terminan por ceder ante la mínima presión de los concesionarios y dirigentes; de esta forma, uno impune y chantajista y otro intimidado o cómplice, tienen al usuario haciéndole la parada a esos vertiginosos y destartalados carruajes: lo único que hasta ahora se ha podido ofrecer como servicio público de transporte.

Pero eso sí: los aumentos no han cesado: en 1990 la tarifa era de $.50, en 1995 subió a $ 1.00, en 1996 aumento a $2.00, en 1998 llegó a $2 .50, en 1999 ya era de $ 3.00, en el 2000 se fijó en $3.50 y el 5 de Enero de 2002 se incremento a $4.00.

En todos los casos el guión es el mismo. En 1995 y recién nombrado Julio Manuel Casanova Kim como Director del Transporte, ya esperaban a este con una “nueva” petición: los señores concesionarios querian que la tarifa aumentara a, cuando menos, $1.20. Y ese monto, tal como ahora lo han hecho, lo anunciaron en sus camiones antes que se aprobara y se hiciera oficial.

Vino-tal como ahora- un simulado estira y afloja y al final de cuentas quedó en $1.00, es decir , el monto al que en realidad aspiraban los concesionarios. Estos, sin embargo, culparon a la devaluación y a los altos intereses que le imponían sus acreedores y declararon-como buscaran hacerlo esta vez-y que la ganancia neta era muy reducida. Así las cosas, el exigirles calidad en el servicio era una ingratitud de los usuarios.

Otros concesionarios, mas radicales o mas cínicos – apoyaron a sus lideres insistieron en un mayor aumento, pero no a $2.00 pues reconocieron su temor de que la gente-como algún sector lo había advertido- llegara a quemar sus unidades. No obstante, llegaron a proponer que “mejor se establezca un programa de alza mínima a la cuota una o dos veces por año a que le suban de un golpe una fuerte cantidad.”

Y si su propuesta no se formalizó, en los hechos así ocurría pues un año y medio después, el 18 de Junio de 1996 y ya con el ahora notario público, Rafael Gastelum Salazar como Director del Transporte en lugar de Casanova kin la tarifa aumento a $2.00.

En esa ocasión de nuevo se hizo patente el poco respeto que los concesionarios y los operadores le tienen a la Dirección del Transporte y al Gobernador del Estado en turno como autoridades del ramo., pues sin que tampoco se hiciera oficial la nueva tarifa ellos ya la anunciaban junto al parabrisas de sus unidades, valentonados quizá por la fuerza que aparentemente mostraban el grupo de camioneros en una marcha de 120 vehículos que, provenientes del sur de Sonora venian hacía Hermosillo exigiendo modificaciones a la ley del transporte(algo que se concedería años mas tarde) y si recurrían a esto, aseguraban “era porque los sacrificios ya son muchos y el gobierno continua cerrado” por lo que pedían hablar con cualquier otro que no fuera el, en ese entonces Secretario de Gobierno Roberto Sánchez Cerezo, hoy conocido entre algunos de sus nuevos correligionarios de izquierda como “El camarada Roberto”.

En aquella ocasión el Congreso del Estado salió al ruedo y, tal como lo demandaban los manifestantes prometió que pronto habría modificaciones a la ley, pero aún así los operadores siguieron haciendo de las suyas y no cumplieron sus promesas, a pesar de que ya se había autorizado oficialmente la tarifa por el Consejo Consultivo Regional del Transporte tanto a los urbanos como a los que viajan a Bahía de Kino y a Ures. La autoridad, como siempre, anunció algunas advertencias: “Los choferes deberán portar uniforme, se optimizarán recorridos en las rutas y mejorarán las condiciones de las unidades las cuales deberán ser limpias.” Los concesionarios, como siempre, ignoraron a la autoridad.

Todavía mas: en esta escena aparece el, en ese momento, Director del Transporte Rafael Gastelum y remata frente a los medios diciendo que “no esperaba que le aplaudieran ni a él ni al Consejo Consultivo para para autorizar el incremento” y llega a calificar la medida “como un mal necesario”.

El Titular del organismo culminaba sus declaraciones con gran humor involuntario : “ asumieron el compromiso y como ya me preguntaron como lo haremos cumplir, bueno pues vamos a hacer presencia, vamos a tratar de exhortarlos a que cumplan y estar con la ley en la mano.”

De nada sirvieron sus palabras. Mas allá de un operativo “sorpresa” que multó y suspendió a algunos choferes no paso otra cosa.. De los famosos compromisos y su incumplimiento la gente se encargo de denunciarlos en la radio: la mayoría de los camiones seguían sucios, la irresponsabilidad al volante continuaba exponiendo la seguridad de los usuarios, los horarios no se respetaban , los choferes reincidían en su peculiar comportamiento y la aplicación de la ley quedaba en el olvido.
Pasó una semana y llegó el 24 de Junio, el mero día de San Juan. Sabedor del descontento popular, El delegado de Transporte, Daniel Gocobachi exhortaba a no agredir a los camiones urbanos y evitar arrojar piedras ni agua como se estila. No lo obedecieron y como si se les quisiera pasar la factura por el aumento, el festejo fue mayor que otros años lo que trajo consigo que, en medio de detenidos, baldazos de agua, pedradas y bolas con orines, un buen número de camiones tuvieron que abandonar sus rutas, no sin antes presentarse varios conatos de broncas entre camiones y los alebrestados devotos de San Juan.
En marzo de 1998 ya era el recientemente fallecido Marco Antonio Yanajara Mora quien estaba al frente del organismo y fue a él a quien le tocó anunciar la nueva tarifa de $2.50. Como lo hicieron los anteriores directores e igual como hoy lo hacen, también adujo aquello de un estudio previo para tomar esta decisión y concluyó con lo que venia a ser casi una bofetada para los usuarios: “Si se afectará la economía de la persona pero los transportistas no pueden quedarse rezagados en cuanto a los costos de la operación.”
“No es cuestión de que el aumento se lo merezcan o no, es cuestión de que para que pueda seguir existiendo el servicio de transporte urbano sea rentable cuando menos en sus gastos operativos(...)la exigencia a los trasnportistas para que mejoren la calidad del servicio es permanente, pero no esta condicionado al servicio.”
“ Estamos haciendo el mejor esfuerzo para que se vea la mejora, hay servicio bueno y malo pero en las horas pico se altera el chofer”(sic).
Como lo hicieron ayer, como lo hacen ahora los concesionarios jugaron con dos cartas y dispararon su solicitud de aumento a $ 4.37 . Al quedar en $2.50-como en realidad lo deseaban- se “inconformaron”. Había así, buen pretexto para no cumplir. Yanajara Mora los secundo pero en sus declaraciones llevó su penitencia: “Se tuvieron en cuenta los costos de mantenimiento de las unidades en las que circulan cuyos modelos van de 1985 a 1987.”
Si esto era cierto, entonces la autoridad del transporte estaba obliga al menos desde aquella vez a suspender todas las unidades autorizadas e incluso a cancelar las concesiones otorgadas ya que de acuerdo a los artículos 9,16, 41 y 58 de la ley que aún no se reformaba “los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasaje(en todas sus modalidades)deberán observar una vida útil por un plazo de diez años contados a partir del modelo correspondiente a dichas unidades, el cual podrá prorrogarse a juicio de la Dirección General de Transporte, previa inspección y dictamen pericial de los vehículos.”
De esta forma, y tomando en cuenta que la declaración de Yanajara Mora fue hecha en 1998 y el modelo mas reciente era de 1987 se tendría que conocer la razón técnica que el organismo tuvo para prorrogar su vida útil por mas de diez años o en su caso saber porque no se cancelaron en su momento las concesiones a estas unidades que ya merecían salir de circulación.
Los líderes del ramo no se quedaban atrás en eso de La desvergüenza .Así, el 5 de mayo de 1999 y luego de aumentarse la tarifa sin previa autorización de $2.50 a $ 3.00 e incluso a $ 3.50, Catarino Sarabia Coronel, Dirigente de la Coordinadora Estatal del Transporte decía: “El Incremento a la tarifa se hizo para beneficiar a los concesionarios y mejorar su situación de vida ya que el costo actual del pasaje es incosteable. Y para hacerlo sin autorización alguna, dio sus razones: “es que ya estamos cansados de la mentiras del Gobierno del Estado.”
En apariencia hubo quienes se le opusieron. Ese era el caso de la llamada Alianza Estatal del Transporte y la Federación de Uniones de Autotransporte del Estado de Sonora por conducto de Victor Armenta y Medardo Chavez respectivamente quienes manifestaban su desacuerdo con el aumento no autorizado. Este último fue más allá y afirmó que la Dirección del Transporte tenía argumentos suficientes para iniciar procesos de cancelación en contra de los concesionarios.
Los choferes, por su parte, poco habían puesto de su parte para ganarse ese aumento. En marzo de ese año, por ejemplo, se registraban 12 accidentes en los cuales ellos eran partícipes y en al menos 4 resultaban claramente responsables. El saldo era de varios daños, cuatro personas lesionadas y una muerta.
En Abril la cosa empeoró ya que la cifra de accidentes en los cuales estaban involucrados ascendía a 15 y en 7 ellos eran los responsables. El recuento era de siete lesionados leves y dos fallecidos.
Pero ni Yanajara Mora, como Director del Transporte, ni el ahora simpatizante del PRD Miguel Angel Murillo como Secretario de Gobierno pudieron con la presión. El Gobernador del Estado Armando López Nogales apareció y en nombre del Consejo Consultivo oficializó el alza a $ 3.00. Además anunció el apoyo anunció el apoyo mediante un crédito de 130 millones a través de Banobras que, a decir de su delegado Jorge Vidal estaría listo en dos semanas para disminuir sus pasivos, mejorar sus ingresos y eficientar los servicios a favor de los usuarios. Todavía les prometió más: que podrían acceder a ingresos extras por venta de publicidad en sus unidades, descuentos de los proveedores para los diferentes insumos de las unidades y la posible construcción de una central de servicios.
Victor Armenta no midió su cinismo y se mostró en desacuerdo con lo anterior al decir que el aumento no les alcanzaba para cumplir con las obligaciones con que contaban.
El Director del Transporte cerraría con broche de oro este episodio:”la tarifa actual de $ 3.00 es justa y si alguien desea mejorar el servicio entonces deberá pagar al menos cinco pesos.”
“Nunca hubo el compromiso de los concesionarios para mejorar las condiciones de la unidad a cambio de ajustes de tarifa, eso no se de donde lo sacaron, jamás hubo ese compromiso de mejorar el servicio al ajustarse las tarifas, jamás lo hubo.”
Después llegaría a esa Dirección Roberto Rubial Astiazarán y aunque su encargo fue efímero, no quedó exento de las presiones y chantajes de los transportistas. El 2 de agosto de 2000 la historia se repetía y la tarifa subió a $ 3.50 contra los $ 5.00 que al principio-con eterna estrategia- buscaban.
El aumento, dijo el hoy Secretario de gobierno Ruiabl Astiazarán, se tomaba en base a elementos objetivos a través de tres estudios que realizaron y que se referían a los datos de la propia dirección, los que presentaron los transportistas para justificar el aumento y los que realizó una empresa externa contratada por la dependencia.
Aún así, Catarino Sarabia no se llenaba y pedía más: “el aumento autorizado es insuficiente lo que provocará que el transporte no salga del lastre en que se encuentra pues eso sólo alcanzará para pagar el diesel y no para mejorar las unidades.”
El “clarividente” acertó y, en efecto, el transporte hasta la fecha no sale del lastre, a pesar de que Rubial Astiazarán afirmó en aquel entonces “que estaban obligados a mejorar en un término de 90 días para que el 100% de la unidades cumplan con calificación arriba de 80 puntos en las revisiones que se realicen.”
Esta “presión” provocó que los camioneros amenazaran con parar sus unidades al considerar como injusta la medida y como una provocación de la Dirección.
El líder de la Unión de Usuarios, Francisco Bracamontes también le entró al ruedo y terció: “el alza en la tarifa de camiones al menos guarda cierto equilibrio en el poder adquisitivo de los trabajadores.”
Este organismo, junto con el Frente Amplio de Organizaciones Sociales(FAOS) haría llegar una iniciativa a la Secretaria de Gobierno para la creación de un consejo ciudadano del transporte, aunque esta ya había sido conformada meses antes por el propio organismo, sin lograr hasta ahora que los camioneros entren en cintura.
Así llegó el 5 de Enero de 2002 y el usuario se desayuno con una mala nueva: a partir de esa mañana la tarifa costaría $4.00. Para entonces la Dirección estaba en manos de Horacio Valenzuela y para no desentonar con sus antecesores también le entró a la demagogia y desde Ciudad obregón se comprometió: “a meter en cintura a los camioneros”, mientras que en Guaymas se anunciaba como gran cosa, la instalación del primer indicador de parada para camiones.
El dirigente de la Alianza de Concesionarios Independientes remataría la burla sumándose al viejo discurso: “Con este incremento estamos a dos pesos debajo de los que habíamos solicitado, tendremos que buscar otras formas de subsidio.” Y, sin rubor alguno propuso lo que para él era la solución: “un peso pondría el gobierno y el otro los concesionarios (…) sería un apoyo entre todos para que se mejore el servicio.”
 
Las barbaridades no pararon ahí: Pancho Búrquez, en su carácter de edil también quiso opinar y, experto en sandeces, no se midió: “Un estrategia sería contar con dos precios distintos, de cuatro pesos o mas para las unidades con menos de cinco años de antigüedad e inferior para los que estén en mal estado.”
Los partidos políticos también se pronunciaron. Todos reprobaron la medida. Algunos insistieron en municipalizar el servicio. Como siempre. Como ahora. Hasta que llegue la próxima tarifa: Como siempre. Como ahora.
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Publicado por primera vez, el 15 de Febrero de 2006


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