Protocolo de uso de la fuerza pública y colegios privados





Demian Duarte/


Dia de publicación: 2017-06-16


Cada vez se demuestra la importancia y oportunidad con la que se defina en Sonora la Ley para reglamentar el uso de la fuerza pública de parte de los integrantes de las distintas corporaciones policíacas de la entidad y que fue por iniciativa del diputado Luis Serrato Castell.

Y es que mire, la Ley ha probado su utilidad práctica ahora que apareció el fenómeno de los “macheteros”, que siguen retando a la autoridad, y que después de los 70 arrestos y los 4 que fueron ultimados por representar una amenaza para los agentes ministeriales, todavía ayer en Ciudad Obregón, uno más fue abaleado por intentar ponerse a tu por tu con agentes de la policía municipal de Cajeme.

No se diga el caso de los hampones que fueron abatidos en numero de 5 hace unos días en la colonia Palo Verde de Hermosillo y que pretendieron ganarle la mano con sus armas a los agentes de la Fiscalía General de Sonora, quienes afortunadamente estaban alerta, iban armados y están correctamente entrenados para enfrentar las situaciones de riesgo.

En todos los casos la nueva Ley que fue aprobada en el Congreso de Sonora, mostró su utilidad práctica, pues así los agentes pueden hacer uso de la legitima defensa y utilizar sus armas de cargo para repeler las agresiones.

Le traigo el tema a colación, porque ahora a nivel nacional la tendencia es la misma, desarrollar leyes y protocolos que normen el uso de la fuerza, en esta ocasión es la Policía Federal, que diseña un esquema que permita atender criterios como la protección de los derechos humanos, pero también el concepto de la legitima defensa en el uso de las armas y esquemas de cómo hacer las cosas en caso por ejemplo de que una manifestación se torne violenta y no termine en balacera generalizada.

“Se trata de dotar de un marco normativo que de confianza y certeza jurídica a todas y todos los compañeros que en la calle exponen su vida, su integridad física y que en muchas ocasiones no tenían un mecanismo para defender su actuación en circunstancias de riesgo”, informó el comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto.

Debo decir que en el caso de Sonora se logró legislar con anticipación a los hechos y hoy en día la Ley diseñada e impulsada por el diputado Luis Serrato Castell es una de las que sirven de modelo en todo el país para que estados e instancia federales diseñen sus propios protocolos y leyes.

No cabe duda que esta 61 legislatura sigue dando de que hablar y bien.

***

Por cierto, hablando de asuntos delicados en manos del Congreso, aparece el que creo será un gran debate en torno a la educación y es el estatus que tienen los colegios e instituciones privadas.

Mire, todo inicia por el hecho de que la Federación de Escuelas Privadas del Norte de Sonora, se sintió de alguna manera afectada en sus intereses por la vigencia del articulado de la Ley 5 de junio, que obliga a ese tipo de instituciones que tienen niños menores de 5 años y 11 meses y tan chicos como de 43 días a tomar una serie de medidas de seguridad, que incluyen contratar personal y construir infraestructura, además de disponer de instalaciones adecuadas para calefacción, preparación de alimentos y demás, pues se considera que la presencia de gas representa un peligro para los menores.

El punto es que los directivos de esa federación pretendieron pedir un trato especial, a la sazón de que pretendían ser considerados entidades no obligadas a tender lo que dice la Ley.

y mire, seguro habrá muchas escuelas de  este tipo, que ofrezcan sus servicios a partir del nivel de primaria, y eso de entrada los exime de ese tipo de responsabilidades, sin embargo hay otra que no, y que deben entrar en la norma, porque en México las leyes son para todos, no se aplican en exclusiva unas para los pobres, otras para los ricos, y más aún cuando se trata de la seguridad de los niños.

El punto es que tengo la impresión de que la mencionada federación abrió la caja de Pandora, pues argumentaron que sí no se les permite salir de los supuestos de esa Ley, entonces quienes terminan pagando el costos de las adaptaciones son los clientes, es decir, con alzas a las colegiaturas.

Y mire, creo que ya entrados en gastos los diputados podrán revisar a fondo como están las reglas de operación, como se fijan las colegiaturas, como está eso de las cuotas de inscripción y reinscripción y porque los padres de familia están obligados a comprar a la escuela en cuestión lápices y borradores que cuestan hasta 20 veces más ahí que en cualquier papelería.

En Sonora es muy escasa la reglamentación que hay a la operación de escuelas privadas y colegios, y quizás será muy oportuno revisar con lupa que es lo que están haciendo, pues muchas de ellas ni siquiera se toman la molestia de emitir comprobantes fiscales por algunos cobros que hacen, por ejemplo a las inscripciones o a los útiles carísimos que venden, lo que al final es una forma de evasión fiscal.

Es curioso porque quien haya tenido a sus hijos en este tipo de colegios privados, podrá apreciar que son muy estrictos y exigentes en muchos aspectos, por lo que me sorprende que ahora pretendan exigir que las autoridades sean laxas en la aplicación de las leyes.

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